Europa pide un cambio de rumbo en los cuidados: más prevención, coordinación y atención en la comunidad en la Convención Europea de la Dependencia

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Expertos en salud, financiación e innovación en recursos y servicios reclaman en Madrid anticiparse a la pérdida de autonomía, integrar los sistemas sanitario y social y garantizar una financiación estable de los cuidados de larga duración

Europa pide un cambio de rumbo en los cuidados: más prevención, coordinación y atención en la comunidad en la Convención Europea de la Dependencia

En su segunda jornada, la Convención Europea de la Dependencia ha reunido en Madrid a expertos de distintos países en torno a un diagnóstico común: Europa debe dejar de actuar solo cuando la dependencia ya se ha producido y avanzar hacia un modelo capaz de prevenirla, retrasarla y acompañarla mejor.

Las mesas dedicadas a atención sanitaria, financiación e innovación en recursos materiales coincidieron en tres grandes prioridades: reforzar la prevención, mejorar la coordinación sociosanitaria y transformar el actual modelo de cuidados hacia soluciones más domiciliarias, comunitarias y centradas en la persona.

El futuro de los cuidados: más prevención y menos fragmentación

La mesa coincidió en la necesidad de avanzar hacia una atención más preventiva, integrada y cercana a la persona, reduciendo la fragmentación entre sanidad y servicios sociales. Las intervenciones pusieron el foco en la detección precoz, la continuidad asistencial, la atención domiciliaria y comunitaria y el refuerzo de los cuidados intermedios.

Stefania Ilinca, experta de la OMS Europa, propuso situar la promoción de la salud y la prevención en el centro de las políticas de envejecimiento, reforzando la Atención Primaria, la detección precoz del deterioro funcional, cognitivo y mental y la atención comunitaria a las personas con mayor riesgo.

Al mismo tiempo, defendió una mayor integración entre sanidad y cuidados de larga duración, con itinerarios centrados en la persona que conecten prevención, tratamiento, rehabilitación, cuidados de larga duración y atención paliativa. Por último, reclamó ampliar la atención domiciliaria y comunitaria, apoyarse en tecnologías adecuadas y mejorar la formación, las condiciones laborales y el apoyo a cuidadores profesionales e informales.

Desde Finlandia, Laura Pikkarainen, directora médica de servicios hospitalarios en Helsinki, defendió una integración real entre sanidad y servicios sociales basada en un único plan compartido, un coordinador claramente identificado y un seguimiento de las transiciones entre niveles asistenciales. También propuso medir conjuntamente la calidad y la equidad, teniendo en cuenta el acceso, las necesidades no cubiertas, la carga familiar y las diferencias territoriales, y advirtió de que la mejora de la continuidad asistencial debe evitar que las necesidades no cubiertas recaigan sobre las familias.

Por su parte, Francisco José Tarazona, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Tarazona defendió reforzar la hospitalización a domicilio, la rehabilitación y los cuidados intermedios como puente entre el hospital y el domicilio, con el objetivo de facilitar altas seguras, recuperar capacidad funcional y preservar la autonomía. También propuso armonizar en Europa las definiciones e indicadores de estos recursos, garantizar la interoperabilidad de los datos entre sanidad y servicios sociales y asegurar un acceso equitativo.

Financiar mejor y medir resultados

La mesa sobre financiación y fiscalidad situó el foco en revisar los sistemas de copago, reducir diferencias fiscales entre servicios equivalentes, orientar mejor los recursos hacia las necesidades de cada persona y valorar los cuidados por su impacto social, no solo por su coste sanitario.

Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED, defendió que las prestaciones públicas se ajusten a la intensidad de las necesidades y que el sistema avance hacia servicios profesionales, trazables y evaluados por resultados, reservando un carácter más excepcional a las prestaciones económicas por cuidados familiares. En materia fiscal, reclamó eliminar la diferencia existente entre servicios equivalentes que actualmente pueden tributar al 4% o al 10% de IVA, y propuso aplicar un tipo reducido único del 4% a todos los servicios de cuidados acreditados.

Desde Alemania, Pascal Tschörtner, director general de BPA (Asociación alemana de entidades de servicios sociales), propuso garantizar el acceso y la libre elección de la modalidad de cuidados, evitando que los copagos lo impidan; impulsar la calidad, la eficiencia y la innovación mediante una competencia justa entre proveedores; asegurar una financiación estable y reducir la burocracia.

Bram Wouterse, economista de la salud de Radboud University Medical Center, Wouterse planteó que la financiación de los cuidados de larga duración no se valore solo por cuánto cuesta el sistema sanitario, sino por su coste-beneficio para el conjunto de la sociedad. Entre sus propuestas, defendió ampliar los servicios sociales en el domicilio, ajustar el acceso en función de las necesidades y de la capacidad económica de cada persona y, especialmente, medir los resultados de los cuidados para saber qué modelos generan mayor bienestar y reducen otras cargas económicas y sociales.

De la residencia a la comunidad: innovación en recursos

La mesa puso el foco en transformar los recursos y servicios de cuidados para acercarlos a la vida cotidiana de las personas, con más apoyos en la comunidad, atención domiciliaria y nuevas fórmulas residenciales.

Aad Koster, vicepresidente de European Ageing Network, defendió una transición, no una simple mejora del modelo actual, desde cuidados prestados principalmente en instituciones hacia apoyos integrados en la comunidad. Propuso situar en el centro a la persona y a su red familiar y social, priorizar la calidad de vida, incorporar la prevención y los apoyos sociales a los servicios, adaptar el entorno a cada persona y convertir a las organizaciones de cuidados de larga duración en parte activa de las redes locales.

Teresa Martínez Rodríguez, coordinadora técnica de la Red CuidAs, Martínez defendió que la transformación de los cuidados no se limite a cambios en los espacios o en las metodologías, sino que se traduzca en mejoras reales en la calidad de vida. Entre sus propuestas, planteó desarrollar recursos comunitarios suficientes, coordinados, diversos y asequibles, avanzar hacia organizaciones más horizontales y equipos estables, reforzar la dotación y formación de los profesionales y evaluar los servicios tanto por sus procesos como por sus resultados en las personas. También reclamó una financiación sostenida que permita transformar el modelo y no simplemente ampliar lo ya existente.

Sánchez-Ostiz, presidente de CEAPS propuso reforzar los servicios orientados a la prevención, con más atención domiciliaria y rehabilitación funcional. Planteó establecer un mínimo europeo de atención en el domicilio y convertir la rehabilitación funcional en una prestación previa y exigible, además de incorporar una valoración clínica común y objetivos funcionales en los planes de atención.

Finalmente, Sebastiano Capurso, presidente de ANASTE, Capurso propuso impulsar en Europa nuevos modelos residenciales y de vivienda para las personas mayores, apoyar la transformación de las residencias hacia fórmulas más abiertas y promover experiencias como el cohousing y las dementia villages. También planteó reforzar el reconocimiento europeo de la cualificación de los profesionales y garantizar que la incorporación de tecnología vaya acompañada de tiempo suficiente de atención humana.

Una agenda común para Europa

Las jornadas dibujan una hoja de ruta clara: prevenir antes, integrar mejor sanidad y servicios sociales, reforzar la atención domiciliaria y comunitaria, profesionalizar el sector, financiarlo con reglas estables y medir resultados en autonomía, bienestar y calidad de vida.

El debate sobre los cuidados de larga duración deja así de centrarse únicamente en cuánto cuesta atender la dependencia y pasa a una cuestión más amplia: cómo conseguir que aparezca más tarde, dure menos y afecte menos a la autonomía de las personas y a sus familias. 

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