El Foro-Tertulia La Luz ha celebrado un nuevo encuentro de su octava temporada, dedicado a analizar la situación de la Justicia en España. La tertulia ha contado con la participación de Antonio Salas Carceller, exmagistrado del Tribunal Supremo, y Joaquín Ángel de Domingo, magistrado emérito del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. Un evento al que han asistido una amplia representación social, empresarial y política de la Región de Murcia, entre ellos el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño.

Ambos juristas han coincidido en ofrecer un diagnóstico preocupante sobre el estado actual de la Administración de Justicia española, advirtiendo de las dificultades que atraviesa el sistema judicial, las presiones que reciben sus integrantes y el deterioro del respeto institucional hacia uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Salas Carceller ha sido especialmente crítico con el contexto político e institucional actual. A su juicio, España atraviesa una grave crisis institucional que afecta también al ámbito jurídico. "Existe una crisis institucional muy grave", ha afirmado, lamentando que el desprecio por el derecho y la utilización interesada de las normas se hayan normalizado en determinados ámbitos de la vida pública.

En este sentido, ha reivindicado el papel de los tribunales como última garantía de los derechos de los ciudadanos frente a cualquier abuso de poder, subrayando la importancia de preservar su independencia y de garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.

Preocupación por la politización

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la relación entre la Justicia y el poder político, así como las consecuencias de los enfrentamientos institucionales y las críticas dirigidas a los órganos judiciales.

Salas ha diferenciado entre la labor de los jueces y tribunales ordinarios, cuya actuación no considera generalmente politizada, y la composición de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, cuyos sistemas de designación están vinculados a acuerdos políticos.

Según ha explicado, esta circunstancia condiciona la percepción pública de dichas instituciones y alimenta el debate sobre su independencia. También ha mostrado su preocupación por el papel del Tribunal Constitucional y por lo que considera una progresiva ampliación de sus competencias sobre cuestiones que corresponden a la jurisdicción ordinaria.

El exmagistrado del Supremo ha denunciado además la dureza de determinadas acusaciones públicas contra integrantes de los tribunales, especialmente cuando proceden de representantes políticos. En su opinión, se han traspasado límites en el respeto institucional hacia la Justicia, con descalificaciones que considera impropias de quienes desempeñan responsabilidades públicas.

Una justicia lenta

Por su parte, Joaquín Ángel de Domingo ha sido igualmente contundente al valorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. "La justicia en España la veo mal, así de sencillo", ha manifestado el magistrado emérito del TSJ de Murcia, quien ha señalado la lentitud de los procedimientos como uno de los problemas más importantes del sistema.

De Domingo ha reconocido que la Justicia española cuenta con un sistema de garantías procesales muy sólido, pero ha advertido de que este aspecto positivo convive con unos tiempos de respuesta que generan frustración entre los ciudadanos. En su opinión, la falta de medios personales y materiales continúa siendo uno de los grandes problemas pendientes, por lo que ha insistido en la necesidad de dotar adecuadamente a los órganos judiciales para mejorar su funcionamiento.

Garantía del Estado de Derecho

Al igual que Salas, De Domingo ha expresado su inquietud por el clima de enfrentamiento que rodea a la Justicia española y por las presiones que pueden afectar a quienes ejercen la función jurisdiccional. El magistrado emérito ha defendido el derecho a criticar las resoluciones judiciales, pero ha insistido en que esas críticas deben desarrollarse dentro del respeto a los tribunales y a su independencia. También ha rechazado que la llamada guerra judicial o lawfare pueda utilizarse para cuestionar de manera generalizada la actuación de los jueces.

Ambos participantes han coincidido en destacar la necesidad de proteger la independencia del poder judicial, reforzar el respeto entre instituciones y recuperar la confianza de la ciudadanía en la Justicia.