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El PSOE ve "absolutamente inapropiado" que el delegado del Gobierno vaya a Fortuna a respaldar al alcalde del PP condenado por la Justicia

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El responsable de Justicia y Libertades Públicas del PSRM criticó que Bascuñana visitara el martes el municipio y cuestionara la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia al mostrarse convencido de que el Supremo dará la razón al alcalde

El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz Andreo, afirmó que es "absolutamente inapropiado" que un Delegado del Gobierno, con la representación institucional que ostenta, se dedique a apoyar a alcaldes condenados y a poner en cuestión sentencias judiciales.

Muñoz Andreo recordó que Matías Carrillo, alcalde del PP en Fortuna, está condenado por la Audiencia Provincial de Murcia desde junio de 2011 a 12 años de inhabilitación para cargo público por comprar votos con el dinero del Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2003, aunque la ejecución de la sentencia está en suspenso por la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo.

"Valcárcel no puede seguir mirando para otro lado ante la vergüenza de tener a un alcalde condenado por comprar la libertad y la dignidad de una persona necesitada a cambio de un puesto de trabajo, una ayuda para pañales o un vale de comida, exigiéndole a cambio su voto", añadió Muñoz Andreo, quien subrayó que "esos votos, para colmo, fueron comprados con el dinero de los impuestos del resto de ciudadanos".

También destacó "los incomprensibles y reiterados cambios de criterio de Valcárcel a la hora de exigir responsabilidades políticas a sus alcaldes envueltos en escándalos judiciales". Y recordó que en 2006 el presidente regional afirmaba que "si el fiscal acusa a cualquier alcalde del PP y lo eleva al juez, automáticamente dejaría de ser alcalde". En 2008 ya no bastaba con la acusación del Fiscal ni con la imputación: "En el PP, el que la hace la paga, pero hay que demostrar que la ha hecho para que la pague". "Con el caso de Fortuna, Valcárcel sube aún más el listón al pretender esperar a la sentencia del Supremo", criticó.

Según José Miguel Muñoz Andreo, "si el PP considera que se deben agotar todos los recursos posibles para que un alcalde condenado dimita, está negando la idea misma de responsabilidad política al dejarla completamente equiparada a la responsabilidad jurídico-penal, algo que se contradice con los compromisos y códigos éticos de los que hace ostentación el Partido Popular".

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