Desde su creación en 2013, la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (la Agencia) ha logrado muchos de los beneficios esperados, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Por lo general, los procedimientos estaban bien organizados, pero se encontraron insuficiencias en la selección de los proyectos. Los auditores también han señalado riesgos para la ejecución oportuna del programa e insuficiencias en la información sobre el rendimiento. Además, la Agencia podría lograr más sinergias en su gestión de programas si adaptara y armonizara los procedimientos de los tres sectores que abarca.

La Agencia se creó en 2013 con el objetivo de aplicar programas que apoyaran proyectos de infraestructuras, investigación e innovación en los ámbitos del transporte, la energía y las telecomunicaciones en nombre de la Comisión Europea. Se le encomendó la gestión de proyectos por un valor total de 33 600 millones de euros en el actual período 2014‑2020. Esto supone el mayor presupuesto gestionado por una agencia ejecutiva de la UE, y más del 80 % del mismo corresponde al Mecanismo «Conectar Europa» (MCE).

«La Comisión debería reforzar el marco jurídico que regula la gestión por la Agencia de los programas delegados de gasto de la UE», afirma Oskar Herics, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de este informe. «Es fundamental garantizar una mayor transparencia en el uso de los fondos de la UE y contribuir plenamente al objetivo global de avanzar en el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte».

Los auditores constataron que, en general, la Agencia había cumplido las tareas delegadas definidas en su mandato y logrado muchos de los beneficios que se esperaban cuando fue creada, en 2013, pero todavía no ha aprovechado plenamente la ventaja de agrupar ámbitos políticos íntimamente relacionados en una única estructura común. Concretamente, señalan los auditores, podría lograr sinergias y eficiencia adicionales si adaptara y armonizara más los procedimientos de los tres sectores que abarca. La Agencia también tiene otras limitaciones derivadas del marco jurídico, como la falta de flexibilidad en la asignación de personal, que le impide adaptarse a las fluctuaciones de los recursos humanos entre tareas.

Los auditores detectaron insuficiencias en los procedimientos para la selección de los proyectos del MCE, que en otros aspectos están bien organizados. Como consecuencia, se producen incoherencias en la evaluación de los proyectos, especialmente en los criterios de selección empleados y en la puntuación de las evaluaciones. Además, los auditores no encontraron una relación sistemática entre las recomendaciones de los expertos externos y la lista final de proyectos seleccionados de la Comisión, ni una documentación clara de las razones de la divergencia con la evaluación. Así ocurrió, por ejemplo, en los 14 proyectos del MCE (Sector del transporte), por valor de 700 millones de euros, que los expertos externos habían recomendado que no se financiaran.

Los auditores también advierten del riesgo de que el programa del MCE no se ejecute por completo. Sin una planificación plurianual de las convocatorias, algunos proyectos se presentaban demasiado pronto y, por tanto, estaban inmaduros cuando eran seleccionados. Esto explica, en parte, por qué los proyectos no estaban suficientemente ejecutados y sufrían retrasos. La auditoría del Tribunal reveló que solo alrededor del 23 % de los fondos inicialmente asignados se habían materializado en pagos en enero de 2019, es decir, en el quinto año del período vigente. En opinión de los auditores, ahora que el período 2014‑2020 se acerca a su fin, existe el riesgo de que se acumulen los retrasos, las liberaciones y las reversiones de pagos y de que no haya tiempo suficiente para reorientar los fondos a otros proyectos, y lo consideran aún más probable porque las medidas correctoras aplicadas por la Agencia a los proyectos no parecen afrontar plenamente estos riesgos.

Por último, los auditores señalan insuficiencias en el marco de rendimiento del MCE. Actualmente, el seguimiento de los proyectos se orienta sobre todo a las realizaciones y no evalúa resultados tales como el ahorro de tiempo o el aumento del volumen de tráfico. Por consiguiente, no existe una información clara sobre si los proyectos cofinanciados por la UE contribuyen realmente a los objetivos del programa y repercuten en el desarrollo económico y de qué manera.

Sobre la base de sus constataciones, los auditores formulan una serie de recomendaciones para ayudar a la Comisión Europea y a la Agencia a: mejorar el potencial de sinergia entre los tres sectores abarcados por la Agencia; reforzar el marco jurídico para permitir una gestión más flexible de los programas delegados; garantizar mayor coherencia y transparencia de los procedimientos de selección de proyectos; establecer mejores condiciones para la ejecución oportuna del programa; reconfigurar el marco de rendimiento para supervisar mejor los resultados de los proyectos.

La Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (la Agencia), creada en 2013, es la sucesora de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte, que había gestionado el programa de la RTE-T del período 2007‑2013. Se ha confiado a la Agencia el 93 % del presupuesto total del Mecanismo «Conectar Europa» y el 7 % del presupuesto de Horizonte 2020. En total, el presupuesto gestionado por la Agencia asciende a más de 33 000 millones de euros. Los dos programas cofinancian casi 2 000 proyectos de la cartera de la Agencia. Entre 2014 y 2018, la Agencia organizó 59 convocatorias de propuestas y la evaluación de 2 272 propuestas de proyectos subvencionables.

El informe especial n.º 19/2019 «Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes: Aporta beneficios, pero es necesario subsanar las deficiencias del Mecanismo «Conectar Europa”» puede consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE. En 2020, el Tribunal también tiene prevista la publicación de un informe especial sobre las infraestructuras emblemáticas de transporte transfronterizo.

El Tribunal de Cuentas Europeo presenta sus informes especiales al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, así como a otras partes interesadas, como Parlamentos nacionales, interlocutores del sector y representantes de la sociedad civil. La gran mayoría de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en sus informes son llevadas a la práctica.