Según un nuevo informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo, la rentabilidad no es un factor determinante de la asignación de financiación a medidas de eficiencia energética en edificios residenciales. Aunque la Comisión Europea ha mejorado sus orientaciones, los proyectos financiados por la UE todavía no se centran en lograr el mayor potencial de ahorro de energía por cada euro invertido. Los auditores señalan que la contribución global de la financiación de la UE a los objetivos de eficiencia energética de la Unión no es clara.

Ante el reto de atenuar los efectos del cambio climático, los dirigentes de la UE se han comprometido a ahorrar el 20 % del consumo de energía previsto de los Estados miembros de la UE antes del final de 2020, y el 32,5 % de aquí a 2030. Los edificios consumen la mayor parte de la energía y tienen el mayor potencial de ahorro energético, por lo que su papel es decisivo para cumplir los objetivos de ahorro de energía de la UE. En el período 2014‑2020, la UE asignó aproximadamente 14 000 millones de euros a la mejora de la eficiencia energética de los edificios, de los cuales, 4 600 millones de euros estaban destinados a edificios residenciales. Además, los Estados miembros presupuestaron 5 400 millones de euros de cofinanciación nacional para la mejora de todo tipo de edificios, de los cuales, 2 000 millones de euros se asignaron a edificios residenciales.

«La mejora de la eficiencia energética de los edificios es esencial para cumplir el compromiso de la UE de reducir el consumo de energía», señala Joao Figueiredo, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Esto significa que los fondos de la UE deben priorizar los proyectos que generan ahorro de energía y otros beneficios de manera rentable».

Los auditores critican a las autoridades nacionales por no orientar los fondos de la UE a los proyectos que tengan mayor probabilidad de ahorrar energía. Al establecer los programas financiados por la UE, no siempre evalúan el consumo de energía inicial, el potencial ahorro de energía y las necesidades de inversión. Por otra parte, las autoridades nacionales no incentivan las renovaciones profundas, por ejemplo, asignándoles mayores porcentajes de ayuda. Por el contrario, observan los auditores, la mayoría proporcionan subvenciones del 100 %, con independencia del ahorro de energía esperado. En consecuencia, algunos proyectos utilizaron financiación de la UE para efectuar mejoras simples (como la instalación de iluminación LED) que podría haberse efectuado sin ayuda de la UE.

Las autoridades nacionales con frecuencia exigen auditorías energéticas y certificados de rendimiento para evaluar las inversiones, pero no los utilizan para seleccionar proyectos. En la mayoría de los casos, conceden subvenciones a los proyectos por orden de llegada de las solicitudes, sin comparar los costes y beneficios relativos, lo que aumenta el riesgo de que se financien proyectos que superen su potencial de ahorro de energía, en particular cuando no se aplica un límite máximo al coste por unidad de energía ahorrada. Además, concluyen los auditores, puesto que no se mide la rentabilidad de las inversiones, no es posible saber cuánta energía se habrá ahorrado invirtiendo 6 600 millones de euros de gasto público en edificios residenciales.

Con respecto a la próxima generación de programas, los auditores formulan las siguientes recomendaciones para aumentar la rentabilidad del gasto de la UE en este ámbito:  

• planificar y orientar las inversiones;
• aplicar procedimientos de selección de proyectos;
• supervisar los progresos hacia los objetivos de eficiencia energética de la UE.