El marco de «mejora de la legislación» es el conjunto de principios y herramientas que utiliza la Comisión para desarrollar sus políticas y preparar sus propuestas legislativas. Ha sido una característica clave del proceso legislativo de la UE durante casi 20 años y es uno de los sistemas más avanzados internacionalmente, según un nuevo análisis del Tribunal de Cuentas Europeo. No obstante, podría hacerse más para consultar a los ciudadanos y otras partes interesadas, mejorar la base empírica para la adopción de decisiones, y promover, supervisar y hacer cumplir la ejecución y la aplicación del Derecho de la UE.

El corpus legislativo de la UE está en continuo desarrollo en el proceso de adopción, modificación, derogación o expiración de la legislación. La Comisión realiza propuestas legislativas y desempeña un papel clave en el seguimiento de su aplicación y la evaluación de sus resultados.

Los objetivos del enfoque de mejora de la legislación son garantizar que el proceso decisorio sea abierto y transparente; que los ciudadanos y las partes interesadas puedan participar en el proceso de elaboración de políticas y leyes; que las acciones de la UE se basan en datos contrastados y en la comprensión de los impactos; y que se mantengan al mínimo las cargas reglamentarias para las empresas, ciudadanos o administraciones públicas. La Comisión lleva casi 20 años aplicado los principios de mejora de la legislación; según un estudio reciente de la OCDE, ha implantado uno de los sistemas más avanzados del mundo de mejora de la legislación.

En palabras de Pietro Russo, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del análisis, «La mejora de la legislación consiste en garantizar que la legislación de la UE tiene solidez y base empírica, y es oportuna, transparente y responsable. El objetivo de nuestro análisis es contribuir al debate público sobre cómo mejorar el trabajo de la UE. La necesidad de políticas con base empírica cada vez es mayor, por lo que la mejora de la legislación debe seguir ocupando un lugar central en el proceso legislativo de la UE en beneficio de nuestros ciudadanos y nuestras empresas».

En su análisis, los auditores recuerdan que la mejora de la legislación ha sido desde 2015 una de las prioridades de la Comisión. También señalan que la Comisión ha hecho recientemente un balance de la calidad del funcionamiento de las herramientas y procesos de mejora de la legislación. Asimismo, identifican una serie de retos que plantea la mejora de la legislación en el proceso legislativo de la UE:

• garantizar que las políticas e iniciativas legislativas de la UE son objeto de suficientes datos y evidencias pertinentes y de buena calidad que respalden las consultas y evaluaciones de impacto antes de la adopción de decisiones (por ejemplo, cuantificando los costes y los beneficios de las distintas opciones), así como la supervisión durante la aplicación de una política y la evaluación de sus efectos después de dicha aplicación;
• seguir simplificando la legislación de la UE (por ejemplo, eliminando normas o procedimientos innecesarios y ofreciendo claridad a los beneficiarios y las administraciones públicas como objetivo principal, en particular a través de documentos explicativos) y supervisando su ejecución y aplicación en los Estados miembros (por ejemplo, utilizando el presupuesto de la UE para ayudar a garantizar que se aplica la legislación de la UE, y desarrollando un marco global de vigilancia con prioridades de ejecución y bases de referencia para gestionar los casos de infracción);
• mejorar la transparencia del proceso legislativo para los ciudadanos y otras partes interesadas, por ejemplo organizando actividades de consulta más visibles y accesibles.

Además, puesto que lograr los objetivos de la mejora de la legislación también depende de la cooperación eficaz entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, los auditores insisten en que es fundamental que los colegisladores respeten los compromisos asumidos en el acuerdo interinstitucional de 2016 para promover un proceso legislativo transparente y con base empírica. Asimismo, en este sentido, los auditores consideraron que podría hacerse más para seguir mejorando la evaluación de las modificaciones realizadas por los colegisladores y aumentar la transparencia en ciertos aspectos del procedimiento legislativo (por ejemplo, las reuniones de «diálogo tripartito» y los grupos de presión).