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Los riesgos de la crisis del COVID-19 acentúan las diferencias económicas entre los países de la UE

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Los riesgos de la crisis del COVID-19 acentúan las diferencias económicas entre los países de la UE

Según el Tribunal de Cuentas Europeo, las primeras medidas adoptadas por la UE y sus Estados miembros para contrarrestar el impacto económico del COVID-19 han ayudado a salvar empresas y puestos de trabajo. Sin embargo, los auditores también perciben el riesgo de que el impacto desigual sobre los Estados miembros y la diferente capacidad de estos para sustentar sus economías pueda dar lugar a un incremento de las diferencias económicas entre ellos. También perciben la respuesta financiera de la UE a la crisis propuesta actualmente como una oportunidad para promover las prioridades de la UE y reflejar mejoras a largo plazo para reforzar la coordinación económica entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, los auditores señalan los riesgos y retos relacionados con la ejecución y coordinación de estas medidas.

En respuesta a la perturbación económica provocada por la pandemia de COVID-19, los Estados miembros adoptaron una amplia gama de medidas fiscales para sustentar sus economías. En julio, el valor de las 1 250 medidas ascendía a alrededor de 3,5 billones de euros, es decir, el 27 % del producto interior bruto (PIB) de la Europa de los Veintisiete. Los regímenes de mantenimiento del empleo y los aportes de liquidez representaron la mayor parte de las medidas que han logrado hasta la fecha mitigar en gran medida los despidos. Sin embargo, estas medidas presupuestarias nacionales aumentarán considerablemente el déficit público de los países y los niveles de deuda pública. Además, su importancia y contenido reflejan la riqueza relativa de los Estados miembros, pero no la medida en que les ha afectado la crisis. Los auditores advierten también sobre los riesgos de las divergencias económicas y de las distorsiones de las condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros.

«Las medidas de respuesta de los Estados miembros a la crisis han salvado empresas y puestos de trabajo, pero conducen inevitablemente al incremento del déficit público, lo cual, creemos que implica el riesgo de que se restrinja la convergencia económica en los próximos años», afirma Ildikó Gáll-Pelcz, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargada de este análisis. «La gobernanza de la UE se enfrentará al reto de volver a las actuales normas presupuestarias o diseñar otras nuevas sin obstaculizar las recuperaciones posteriores a la pandemia ni la sostenibilidad de la deuda».

La UE reaccionó estableciendo rápidamente una coordinación económica flexible que permitió a los Estados miembros amortiguar la emergente crisis económica mediante estímulos fiscales, ayudas estatales temporales y supresión de los límites presupuestarios (la «cláusula de salvaguardia»). Asimismo, la UE movilizó los fondos disponibles y creó nuevas redes de seguridad para empresas, Gobiernos y empleados. Sin embargo, no se habían realizado grandes pagos hasta el final de agosto de 2020.

Además, en julio de 2020, el Consejo Europeo aprobó el programa del Instrumento Europeo de Recuperación por un importe de 750 000 millones de euros para proporcionar apoyo para volver a una recuperación sostenible y resiliente. Si se suma dicho importe al presupuesto de la UE para los próximos siete años, el apoyo financiero de la UE ascenderá a 1,8 billones de euros. No obstante, los auditores advierten de que no está garantizado que estas medidas impulsen el crecimiento sostenible y aumenten la convergencia entre los Estados miembros. La eficacia del apoyo dependerá de forma crucial de la manera en que aborde el impacto real de la crisis y aumente la capacidad de los Estados miembros de sustentar sus propias economías y aplicar nuevas medidas de forma adecuada.

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