El programa de cooperación territorial europea (Interreg) es un instrumento histórico de la política de cohesión de la UE destinado a fomentar el crecimiento económico en las regiones fronterizas. Según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal), los programas de cooperación financiados a través de Interreg disponían de estrategias claras para abordar los retos transfronterizos existentes. Sin embargo, los programas de Interreg presentaban varias insuficiencias en su ejecución y supervisión que limitaban la posibilidad de aprovechar la capacidad de las regiones adyacentes en su ámbito de actuación.
Las regiones fronterizas suelen tener peores resultados económicos que otras regiones del mismo Estado miembro. La UE ha implementado programas para reducir las diferencias de riqueza y desarrollo entre sus regiones. Uno de estos programas es Interreg, que tiene por objeto ayudar a las regiones fronterizas a desarrollar su potencial económico fomentando al mismo tiempo la solidaridad entre ciudadanos de distintas naciones. El presupuesto total de Interreg para el período de programación 2014‑2020 ascendía a 10 100 millones de euros. Más de 6 000 millones de euros se emplearon para financiar proyectos asociados con las fronteras interiores: alrededor de 24 000 proyectos se financiaron a través de 53 programas de cooperación que cubrían el 59 % de la superficie terrestre de la UE y el 48 % de su población.
«Aunque la UE proporciona financiación específica para el crecimiento económico de las zonas fronterizas, aún no se ha liberado todo su potencial», afirmó Ladislav Balko, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Para la ejecución del período de programación 2021‑2027, recomendamos que los programas de cooperación se orienten mejor y que los proyectos objeto de financiación se clasifiquen en función de sus méritos».
La mayoría de los programas de cooperación examinados por los auditores habían analizado las necesidades de las regiones implicadas; se observó una clara relación entre los objetivos propuestos, las aportaciones y las actividades programadas y los resultados e impactos previstos. Sin embargo, los programas de cooperación no pueden abordar todos los retos transfronterizos debido a su limitado presupuesto, y las autoridades de los programas no los priorizaron con el fin de centrarse en los que eran más acuciantes para las regiones adyacentes. Asimismo, algunos de estos retos, como por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la asistencia sanitaria transfronteriza, deben abordarse entre Estados miembros a nivel nacional de acuerdo con las normas.
Otro problema detectado por los auditores es la falta de demarcación clara entre los programas que pueden optar a la financiación de Interreg y los que podrían financiarse a través de otros programas generales de la política de cohesión (por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional), lo que conduce a una situación en la que varias fuentes podrían financiar el mismo tipo de operaciones. Los auditores también hallaron proyectos cuyo carácter transfronterizo era cuestionable, puesto que la «cooperación» requerida entre socios se limitaba a presentar una propuesta de proyecto común para garantizar la financiación. De acuerdo con los auditores, la necesidad de aumentar el valor añadido de las intervenciones de la UE es especialmente importante, ya que el presupuesto de Interreg será menor para el período 2021‑2027. Destacan la necesidad de clasificar los proyectos en función de sus méritos para garantizar que solo se tengan en cuenta las mejores propuestas de financiación, y evitar solapamientos con otros fondos (por ejemplo, exigiendo que los proyectos cofinanciados sean complementarios).
Por último, los auditores valoran positivamente que muy pocos proyectos transfronterizos se suspendieran o cancelaran como consecuencia de la pandemia de COVID-19, principalmente porque ya se había contratado un elevado número de proyectos a través de Interreg. Sin embargo, el efecto de la crisis era visible y las autoridades de los programas se esforzaron por apoyar la ejecución de los proyectos contratados. Las autoridades también hicieron uso de las medidas de flexibilidad y simplificación ofrecidas por la UE para mitigar las consecuencias de la pandemia, especialmente en relación con la posibilidad de ampliar el plazo para finalizar proyectos o presentar documentos clave.
