No se lleva a cabo una evaluación sistemática del impacto de los dictámenes en la legislación
Con frecuencia, los dictámenes se elaboran con la ayuda de expertos, pero el proceso de selección de estos no es transparente.
Con frecuencia, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones tienen dificultades para emitir sus dictámenes a tiempo de influir en la toma de decisiones de la UE, según un informe especial publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal). Ambos organismos se establecieron para servir de puente entre los responsables políticos y los miembros de la sociedad y otras partes interesadas. Sin embargo, no evalúan sistemáticamente cómo se reflejan sus dictámenes en la legislación final de la UE, y carecen de criterios transparentes para seleccionar a los expertos que proporcionan conocimientos especializados.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de las Regiones (CdR) son los órganos consultivos de la Unión Europea creados por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El CESE se compone de representantes de los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil. El CdR es el portavoz oficial de los representantes electos de los entes locales y regionales. EL CESE y el CdR pueden proporcionar asesoramiento por iniciativa propia, y deben ser consultados cuando la Comisión Europea formula propuestas legislativas dirigidas al Parlamento Europeo y al Consejo («consultas obligatorias») en determinados ámbitos, aunque los dictámenes derivados de su trabajo no son vinculantes.
«En virtud de su función consultiva, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones están concebidos para contribuir a la participación democrática y a la legitimidad de la formulación de políticas», señala Katarína Kaszasová, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría. «Sin embargo, su contribución debería ser más oportuna, y deberían evaluar el impacto de su trabajo de manera sistemática».
Los auditores examinaron el proceso completo de producción de los dictámenes —desde la planificación estratégica hasta la medición del impacto— entre 2019 y 2024. Constataron que ambos comités cuentan con normas y orientaciones claros que garantizan un nivel coherente de calidad y normalización. La principal contribución a los dictámenes procede de los miembros de los comités, que pueden recibir el apoyo de expertos.. Los expertos no reciben remuneración por su trabajo, pero tienen derecho al reembolso de los gastos de viaje y a dietas de viaje y de reunión calculadas a tanto alzado. Ambos comités recurren con frecuencia a expertos, pero ninguno cuenta con criterios transparentes para seleccionarlos. Esto puede favorecer los sesgos, obstaculiza la transparencia y suponer un riesgo para la reputación de los Comités. Deberían establecerse y publicarse los criterios de selección de los expertos. Debería existir un registro central de expertos (por el momento solo el CESE lo tiene) en el que conste el trabajo que hayan realizado anteriormente para los comités y sus ámbitos de especialización.
El momento en que se publica un dictamen es crucial de cara a la influencia que puede tener en la elaboración de políticas. Sin embargo, los dictámenes no siempre llegan a tiempo a los legisladores de la UE para influir en la toma de decisiones de la UE. Durante el período 2019-2024, el CESE emitió sus dictámenes sobre consultas obligatorias antes de la votación de la comisión competente del Parlamento Europeo en el 84 % de los casos, mientras que el CdR solo cumplió estos plazos en el 74 % de los casos. Ninguno de los dos comités dispone de una herramienta automatizada para hacer un seguimiento coherente y sistemático del cumplimiento de los plazos, proporcionar información sobre la inminencia de los plazos institucionales y políticos o emitir alertas automáticas cuando los dictámenes vayan a presentarse tarde. Por último, aunque los comités supervisan la difusión, se centran principalmente en la visibilidad y el volumen más que en el impacto. Los auditores recomiendan introducir indicadores cualitativos y basados en los resultados, como, por ejemplo, el grado en que los dictámenes se reflejan en la legislación final.
