Ayer entraron en vigor normas anticorrupción más armonizadas en toda la UE en virtud de la nueva Directiva sobre la lucha contra la corrupción. La Directiva introduce normas modernas para prevenir, detectar y sancionar mejor la corrupción en toda la UE, lo que contribuye a preservar las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos, al tiempo que se fomenta la competitividad en toda la Unión.
Las nuevas normas establecen un marco más coherente a escala de la UE mediante la armonización de la definición de los delitos de corrupción en todos los Estados miembros, como, por ejemplo, el soborno, la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el ejercicio ilícito de funciones públicas, la obstrucción a la justicia o el enriquecimiento ilícito relacionado con la corrupción. La Directiva también establece normas mínimas sobre las sanciones penales tanto para los particulares como para las empresas.
Para garantizar el cumplimiento de la justicia, las nuevas normas introducen períodos de prescripción mínimos, de modo que se disponga de tiempo suficiente para investigar y enjuiciar eficazmente los delitos de corrupción. Los Estados miembros también deben garantizar que las fuerzas del orden y los fiscales dispongan de herramientas de investigación adecuadas y reforzar las medidas preventivas, en particular a través de estrategias nacionales específicas de lucha contra la corrupción.
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, ha declarado: «La corrupción socava nuestras democracias y la seguridad de nuestras sociedades. Estas nuevas normas son una parte esencial de nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho. Junto con nuestra próxima Estrategia de la UE de Lucha contra la Corrupción, envían un mensaje claro: esta Comisión tomará medidas decisivas contra quienes traicionen la confianza de los ciudadanos».
Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, comenta: «La corrupción no está exenta de víctimas. Drena recursos públicos, distorsiona la competencia leal y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Con estas nuevas normas, estamos reforzando nuestra capacidad para prevenir la corrupción, perseguir a los responsables de manera más eficaz y garantizar un enfoque más coherente en toda la UE. Se trata de proteger la integridad de nuestras democracias y de garantizar que el poder público se ejerza siempre en aras del interés público».
La lucha contra la corrupción es una prioridad clave de la Comisión, como se subraya en las orientaciones políticas para 2024-2029, y un elemento central de los esfuerzos más amplios de la UE por proteger la democracia y defender el Estado de Derecho. La Directiva forma parte de un programa más amplio junto con la Estrategia de la UE de Lucha contra la Corrupción, para la cual se han lanzado una consulta pública y una convocatoria de datos hasta el 6 de julio.
