No están claros los resultados a largo plazo de las medidas de fomento del empleo juvenil financiadas por la UE.

Sigue siendo especialmente difícil llegar a las personas jóvenes que no buscan activamente trabajo.

Según un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal), los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar la integración de las personas jóvenes en el mercado laboral siguen sin estar suficientemente centrados en los resultados. El empleo es, ante todo, una responsabilidad de los Estados miembros que el presupuesto de la UE apoya o complementa. Si bien el desempleo juvenil ha disminuido considerablemente en los últimos diez años, las medidas financiadas por la UE siguen sin centrarse en ayudar a las personas jóvenes a conservar sus puestos de trabajo a largo plazo.

El empleo juvenil es desde hace tiempo uno de los principales retos del mercado laboral para los Estados miembros de la UE. Si bien las personas jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años presentan una tasa de desempleo que ha disminuido del 20 % en 2013 a menos del 12 % en los últimos años, siguen teniendo el doble de probabilidades de quedar desempleadas que el resto de la población activa. En 2025, se registraron en la UE unos 4,7 millones de personas jóvenes desempleadas, lo que representa el 11,6 % de la población activa joven de entre 15 y 29 años.

«La UE debe demostrar que su apoyo al empleo juvenil garantiza resultados duraderos», afirma Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, el Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría. «Sin objetivos claros y pruebas más sólidas de resultados a largo plazo, es difícil saber si los fondos públicos influyen realmente en la vida de las personas jóvenes».

Aunque los Estados miembros son los principales responsables de las políticas de empleo juvenil, la UE facilita coordinación y apoyo. Proporciona orientación estratégica, especialmente a través del ciclo anual de coordinación de políticas económicas, fiscales y sociales del Semestre Europeo y los programas nacionales de reforma, que se han sustituido por planes fiscales y estructurales a medio plazo. Desde la creación del paquete de empleo juvenil en 2012, se han obtenido importantes recursos de la UE para apoyar el acceso al empleo de las personas jóvenes.

Desde 2014, la UE ha destinado alrededor de 25 000 millones de euros de la política de cohesión específicamente a apoyar el empleo juvenil, en particular a través del Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), REACT-UE y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). En conjunto, Italia y España han recibido prácticamente la mitad de la financiación, esto es, casi el 47,5 % del total. Entre las medidas financiadas por la UE figuran incentivos a la contratación, formación y orientación profesional para personas jóvenes, y medidas encaminadas a facilitar la conservación de sus puestos de trabajo tras ser empleadas.

Un objetivo clave de las medidas es la integración sostenible en el mercado laboral. Para ello, es preciso garantizar que las personas jóvenes encuentren trabajo y, además, lo conserven una vez terminada la ayuda. En este sentido, la conservación del empleo pasados los doce o dieciocho meses podría constituir un indicador de éxito. Sin embargo, los indicadores de resultado a largo plazo disponibles solo informan sobre la situación laboral de los beneficiarios después de los seis meses. En consecuencia, los auditores concluyeron que la Comisión solo dispone de información incompleta sobre los resultados a largo plazo del apoyo financiero de la UE al empleo juvenil.

Los auditores también constataron que los programas operativos examinados no definían claramente cuándo podría considerarse que una persona joven se ha integrado de manera satisfactoria en el mercado laboral. Esto reduce la claridad de los objetivos y aumenta el riesgo de que los fondos de la UE se asignen sin establecer objetivos suficientemente específicos o mensurables. Por consiguiente, los auditores advierten de que los incentivos a la contratación podrían no estar bien diseñados, lo que conllevaría el riesgo de que los fondos se utilicen de manera ineficiente e ineficaz.

Los incentivos a la contratación examinados en el marco de la auditoría no estaban suficientemente orientados a quienes más los necesitaban, lo que aumentaba el riesgo de que los fondos públicos subvencionaran puestos de trabajo que habrían sido creados de todas maneras. Los auditores también constataron que los incentivos no estaban vinculados a actividades de formación obligatoria en el puesto de trabajo. Este tipo de formación es importante porque no solo mejora la empleabilidad a largo plazo de las personas jóvenes, sino que también ayuda a cubrir las necesidades del mercado laboral, especialmente en sectores con escasez de personal cualificado.

Además, la auditoría destacó la situación específica de las personas jóvenes que se encuentran fuera del mercado laboral, es decir, las que ni trabajan ni buscan activamente trabajo (conocidas como personas jóvenes «inactivas»). Estas suelen enfrentarse a dificultades sociales, educativas o sanitarias que superan el ámbito de las meras políticas del mercado de trabajo. Los auditores observan que, si bien el marco de la UE exige acciones de difusión específicas, las personas jóvenes inactivas siguen siendo el colectivo más inaccesible.

Información de referencia

La Garantía Juvenil, introducida en 2013 y aplicada por los Estados miembros desde 2014, constituye el núcleo de la política de empleo juvenil de la UE. En 2020, la Comisión Europea reforzó este marco mediante el paquete de apoyo al empleo juvenil, que ampliaba su alcance a las personas jóvenes de entre 15 y 29 años para adaptarse a los itinerarios educativos más largos, a las necesidades cambiantes del mercado laboral y a las repercusiones de la pandemia de COVID-19.

La auditoría se basa en trabajos anteriores del Tribunal sobre el apoyo del FSE, la IEJ y REACT-UE, y comprende el período 2014-2020 del FSE/IEJ, incluidas las medidas de REACT-UE, y la planificación del FSE+. Se centra en tres Estados miembros (Alemania, España e Italia) y abarca únicamente la financiación de la política de cohesión. El apoyo proporcionado mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se examinó con anterioridad en este informe.

El Informe Especial 15/2026 «Apoyo de la política de cohesión al empleo juvenil – Aunque la UE trabaja en ello, aún queda mucho por hacer para garantizar el empleo duradero de las personas jóvenes» puede consultarse en el sitio web del Tribunal, junto con un resumen de una página con los principales datos y conclusiones.