La Comisión Europea ha informado a varios fabricantes de productos químicos para la construcción activos en Francia, Alemania y España, así como a tres asociaciones profesionales nacionales, su opinión preliminar de que han infringido las normas de defensa de la competencia de la UE al coludir para aumentar los precios de productos químicos utilizados en la producción de cemento, hormigón y mortero.

Se trata, en concreto, del suministro de aditivos químicos para la producción de cemento y de mezclas químicas para hormigón y mortero. Los aditivos químicos se utilizan principalmente para mejorar la eficiencia de fabricación y el rendimiento del cemento. Las mezclas químicas se añaden para mejorar el rendimiento, la durabilidad y la facilidad de utilización del hormigón y el mortero. El cemento, el hormigón y el mortero son materiales esenciales utilizados en la construcción. Sus precios tienen un impacto directo en los costes de construcción. El envío de un pliego de cargos no prejuzga el resultado de la investigación.

Investigación de la Comisión

La Comisión tiene dudas preliminares de que, entre 2021 y 2022, los fabricantes coordinaron sus futuros aumentos de los precios de los aditivos y mezclas químicos, en respuesta al aumento de los costes de las materias primas provocado, en particular, por la pandemia de COVID-19 y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La supuesta coordinación por parte de estos fabricantes tuvo lugar en el marco de la preparación de comunicados de prensa en el seno de asociaciones profesionales nacionales destinados a justificar los incrementos de precios.

La Comisión encontró tres presuntas infracciones separadas en Francia, Alemania y España, y ha enviado pliegos de cargos a los siguientes fabricantes y asociaciones profesionales:

Francia: Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM y la asociación profesional SYNAD.

Alemania: Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika y la asociación profesional Deutsche Bauchemie.

España: Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika y la asociación profesional ANFAH.

Si se confirma la opinión preliminar de la Comisión, esta conducta infringiría las normas de competencia que prohíben los cárteles (artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE).

El artículo 101 del TFUE prohíbe los acuerdos y otras prácticas comerciales restrictivas que puedan afectar al comercio e impedir o restringir la competencia en el mercado único. La aplicación de dicho artículo se define en el Reglamento 1/2003. Los destinatarios de los tres pliegos de cargos tienen ahora la posibilidad de responder a las objeciones planteadas por la Comisión.

Antecedentes

El 17 de octubre de 2023, la Comisión llevó a cabo registros en los locales de empresas activas en el sector de los productos químicos para la construcción en varios Estados miembros. En las investigaciones de la Comisión sobre supuestas infracciones de las normas de defensa de la competencia de la UE, uno de los trámites formales es el pliego de cargos, mediante el cual la Comisión informa por escrito a las partes interesadas de los cargos que se les imputan. Las partes pueden examinar los documentos que componen el expediente de investigación de la Comisión, responder por escrito y solicitar una audiencia para presentar sus observaciones sobre el asunto ante los representantes de la Comisión y de las autoridades nacionales de competencia.

Si la Comisión concluye, después de que las partes hayan ejercido su derecho de defensa, de que existen pruebas suficientes de una infracción, puede adoptar una decisión por la que se prohíba la conducta y se imponga una multa de hasta el 10 % del volumen de negocios mundial anual de una empresa. La Comisión también puede imponer a la empresa cualquier medida correctora que sea proporcionada para poner fin efectivamente a la infracción.

No hay plazo legal para que la Comisión complete las investigaciones antimonopolio sobre un comportamiento contrario a la competencia. La duración de una investigación de este tipo depende de una serie de factores, tales como la complejidad del asunto, el grado en que las empresas afectadas cooperen con la Comisión y el ejercicio de los derechos de defensa.