El pleno debatirá sobre la ordenanza de convivencia ciudadana y conducta antisocial

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El articulado ha sido elaborado por la Policía Local y ha sido revisado por los servicios jurídicos del consistorio lorquino

Lorca, 26 jul (EFE).- El pleno del ayuntamiento de Lorca debatirá mañana lunes, para su aprobación inicial, el texto de la futura ordenanza municipal de "Convivencia ciudadana y prevención de conductas antisociales", cuyo articulado ha sido elaborado por la Policía Local y revisado por los servicios jurídicos del consistorio.

La ordenanza entrará en vigor tras un posterior periodo de exposición pública en la que los ciudadanos podrán presentar alegaciones y sugerencias al articulado, que regula "las normas básicas de convivencia y civismo" que rigen en la ciudad "sin criminalizar conductas", ha explicado la concejala de Seguridad Ciudadana, Belén Pérez.

El documento regula la respuesta municipal ante cuestiones como actos vandálicos, atentados contra el mobiliario urbano, el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, la emisión de ruidos en fiestas particulares, así como determinados comportamientos "coactivos" con el ciudadano amparados en prácticas como la mendicidad o en la actuación de los "gorrillas" aparcacoches.

La edil ha explicado que la ordenanza es una "nueva herramienta jurídica" de la que dispondrá la Policía Local, que le permitirá "actuar de oficio" ante situaciones en la que antes tenía limitada su intervención porque esos comportamientos o prácticas que pueden atentar contra la convivencia ciudadana no estaban tipificados en ninguna norma.

La nueva ordenanza no solo tipifica las conductas que pueden vulnerar la convivencia pacífica de los ciudadanos, sino que incluye un cuadro de sanciones que pasan desde el "apercibimiento" por parte de los agentes locales a multas económicas de hasta 120 euros.

Pérez ha asegurado que la ordenanza será "un texto vivo" que se irá modificando y completando a lo largo del tiempo y ha resaltado que durante su elaboración el articulado de la misma ha sido consensuado con diversos agentes sociales como la asociación de hosteleros, Hostelor, la Unión de Comerciantes o los institutos de Educación Secundaria, que, desde hace años reclamaban la norma.EFE

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