El Ayuntamiento muestra su apoyo a la Cámara de Comercio de Lorca

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"frente a la alteración normativa impuesta por Zapatero que pone en serio peligro su sostenibilidad económica"

El Ayuntamiento muestra su apoyo a la Cámara de Comercio de Lorca

El "tijeretazo" impuesto por Zapatero contra el ente cameral supondrá una pérdida que puede alcanzar hasta el 40% de los ingresos totales anuales de la Cámara de Comercio de Lorca.

La Portavoz Municipal Adjunta del Ayuntamiento de Lorca, Mª Belén Pérez, ha informado de que el Consistorio Municipal, a través de la Junta de Gobierno Local, ha reclamado al Gobierno Central que arbitre soluciones alternativas ante la reducción de ingresos que van suponer las decisiones impuestas por Zapatero hace unos días y que suponen un serio perjuicio contra la Cámara de Comercio de Lorca. Belén Pérez ha señalado que desde el Ayuntamiento se subraya el apoyo total del Consistorio hacia el ente cameral, el colectivo empresarial y los empleados de la citada Cámara de Comercio de nuestra ciudad ante unas alteraciones normativas por parte del Gobierno de Zapatero que ponen en serio peligro la sostenibilidad económica de esta histórica y emblemática institución.

La Portavoz Municipal Adjunta ha indicado que desde la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento se solicita al Gobierno de la Nación la búsqueda de soluciones para que la Cámara de Comercio pueda contar con recursos económicos suficientes para desempeñar las funciones público-administrativas establecidas por la Ley, y que son esenciales para la mejora de la competitividad de las empresas. En esta misma línea también se ha solicitado al Gobierno de la Nación que clarifique el contenido de la disposición transitoria primera del Real Decreto-Ley 13/2.010, y que amplíe a dos años del periodo transitorio establecido para la supresión del recurso cameral permanente que permita realizar la transición entre modelos sin riesgos para las empresas ni vacíos normativos.

Belén Pérez ha señalado que también se ha reclamado al Gobierno de Zapatero el mantenimiento del censo público de todas las empresas para el cumplimiento de las funciones público-administrativas que establece la Ley que regula las Cámaras. Cabe recordar que las Cámaras de Comercio son organismos imprescindibles para el sector económico-empresarial de cualquier municipio. Gracias a la Cámara de Comercio, los empresarios, emprendedores, trabajadores, pymes, autónomos y cualquier actor que participe del sector tiene a su disposición los mecanismos necesarios para mejorar sus servicios y competitividad.

Una institución centenaria, dinámica y beneficiosa para el sector

Cuestiones tan importantes para el sector económico-empresarial como la internacionalización de las empresas españolas, las actividades de formación, los servicios de apoyo a la creación y consolidación de empresas, las acciones de impulso de la innovación y nuevas tecnologías, el acceso a la financiación a través de entidades financieras, los efectos redistributivos a favor de las empresas de menor dimensión, etc., son algunos de los múltiples servicios que la Cámara de Comercio pone a disposición de todos los partícipes del mundo empresarial.

Belén Pérez ha manifestado que "por el ámbito geográfico en el que nos encontramos, tenemos que destacar el ejemplo de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca , que durante más de un siglo ha sido el vehículo desde el que el empresariado local ha crecido y se ha consolidado, formando un tejido económico muy importante. A pesar de la importancia de estos organismos, y más en tiempos de crisis por su destacado carácter formador y auxiliador de las empresas que peor lo están pasando, el Gobierno de España propone ahora, mediante el Real Decreto-Ley 13/2.010, la asfixia de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación en la realización de sus funciones".

Este Real Decreto-Ley recoge, entre otras cuestiones, la afiliación voluntaria, la eliminación de la obligatoriedad de pago del recurso cameral permanente, así como la supresión del deber de las administraciones tributarias de facilitar a estas entidades los datos necesarios para la confección del censo público que establece la Ley. Estas medidas suponen en la práctica poner en peligro la prestación de servicios esenciales para las empresas españolas, especialmente las pymes y los autónomos.

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