El PSOE advierte que acudirá a los tribunales para anular el convenio ilegal del centro de vóley playa tras el silencio y el oscurantismo del PP

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Mateos pregunta que estará ocurriendo para que transcurridos más de 3 meses desde la solicitud de nulidad y de regularización de la instalación deportiva pública el Ayuntamiento no se haya pronunciado al respecto

El PSOE advierte que acudirá a los tribunales para anular el convenio ilegal del centro de vóley playa tras el silencio y el oscurantismo del PP

El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca ha advertido al equipo de gobierno del Partido Popular que acudirá hasta los tribunales para anular el convenio ilegal del centro de vóley playa, una vez el ejecutivo municipal ha optado por el silencio y el oscurantismo a sabiendas de que se trata de una ocupación y explotación ilegal de instalaciones municipales de dominio público, tal y como denunciaron los socialistas el pasado mes de enero.

Mateos ha recordado que el pasado 19 de enero presentaron ante el registro del Ayuntamiento la solicitud de nulidad del convenio administrativo por el que se cede de forma "totalmente gratuita" y por un periodo "mínimo de 25 años" una instalación municipal, el Centro Internacional de Voley Playa, a una entidad privada, la Federación de Voleibol, sin que se realizara concurso público alguno y con unas cláusulas "leoninas" a favor de ésta, con las que el Ayuntamiento de Lorca "pierde toda capacidad de decisión sobre un bien de dominio público".

Para colmo, reitera el Portavoz del PSOE, con este convenio el Ayuntamiento de Lorca asume todos y cada uno de los gastos de mantenimiento del centro (electricidad, agua, jardinería) y además otorga una subvención de 110.000 euros al centro para su funcionamiento.

Ante esta auténtica barbaridad jurídica y económica, Mateos ha añadido que su grupo pidió explicaciones al equipo de gobierno, exigiendo la emisión de informes jurídicos así como de intervención que avalaran este "auténtico convenio trampa". Sin embargo, denuncia que transcurridos 3 meses el equipo de gobierno no se ha pronunciado.

Diego José Mateos ha reiterado su intención no es, ni mucho menos, poner en peligro los eventos que allí se celebran. Asegura que no pueden consentir "que se ningunee a este grupo municipal, que, por lealtad institucional, ha esperado tres meses para que se le conteste su petición" y que por lo tanto, aseguran que tendrán que pedir "amparo a la justicia" ya que "el Ayuntamiento de Lorca no contesta a nuestras peticiones y es consentidor a sabiendas de una ocupación y explotación ilegal de instalaciones municipales de dominio público".

Mateos avisa al equipo de gobierno del PP que si en el plazo de una semana, no se procede a regularizar el convenio ilegalmente suscrito por el Alcalde de Lorca y aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha 25/07/2014, por el que se hace entrega gratuita, sin expediente administrativo, sin informes, sin control alguno, asumiendo todos los gastos y renunciando a cualquier ingreso o canon, el PSOE acudirá a los tribunales para solicitar su nulidad de pleno derecho, que se restituya la posesión de las instalaciones y que se exijan las responsabilidades políticas y administrativas que procedan por la dejadez de funciones de aquellos que desde el pasado día 19 de enero son conocedores de la situación irregular de estas instalaciones.

En este sentido, Mateos no descarta ninguna de las vías judiciales "necesarias para poner fin a esta lamentable situación". Asegura que por supuesto la contencioso administrativa, para solicitar la "nulidad radical y absoluta del convenio y la restitución de la posesión de las instalaciones". Tampoco descarta la vía penal, añade, por si se estuviera incurriendo en delitos de prevaricación por omisiónal permitir, por inactividad ya sabiendas, una ocupación y explotación de bienes municipales sin título habilitante, oel delito de malversación de fondos públicos, por la realización de pagos sin amparo en ningún acto administrativo que los autorice al carecer el convenio de los requisitos esenciales para que produzca efectos.

Por lo tanto, insiste Mateos en que le darán al equipo de gobierno "una última oportunidad, una semana más", para que anule dicho convenio o lo rectifique y regularice, ya que los bienes públicos tienen que ser usados y explotados conforme a la normativa aplicable, en defensa de los intereses públicos, y no los de los particulares. "Una Administración Pública debe dar ejemplo de cumplimiento de la normativa para poder exigir a sus ciudadanos el cumplimiento de sus deberes", sentencia.

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