Sosa recrimina a los gobernantes lorquinos su perfil conservador en materia de ingresos públicos y sus políticas fiscales regresivas que castigan a quienes menos tienen y premian a los poderosos

Pedro Sosa Martínez, Portavoz Municipal de IU, ha explicado esta mañana una de las principales propuestas que su Grupo defenderá en el Pleno municipal del próximo lunes, una moción que se centra en Lorca como municipio de gran extensión (el segundo de España) y en la necesidad de "encontrarse" con otros municipios españoles que presentan esta misma singularidad de la amplitud de su territorio. Ese encuentro pondría las bases para hacer un frente común que reivindique ante las administraciones regional, estatal y hasta europea, las dificultades y el mayor gasto público que tienen que afrontar los grandes municipios para hacer frente a los servicios públicos y a las competencias que les son propias. No es lo mismo un municipio con una población muy concentrada en un espacio territorial pequeño, explica Sosa, que otro como Lorca que tiene que llevar servicios públicos a poblaciones que distan muchos kilómetros del centro.

El concejal de IU ha empezado reflexionado sobre la política de ingresos del Ayuntamiento lorquino. Desde la transición política española y la llegada de la democracia a los ayuntamientos, afirma Sosa, el municipio de Lorca y quienes lo han gobernado a lo largo de este tiempo ha sido un municipio tradicionalmente muy conservador, poco dado a adentrarse en políticas públicas municipales novedosas, reacio a adoptar en su territorio las experiencias políticas más innovadoras en los ámbitos propios del municipalismo y de sus competencias, y muy receloso a la hora de apostar por la cooperación y el establecimiento de relaciones políticas con otros municipios españoles con los que compartimos similitudes, o proximidad, o problemas comunes...

Para muestra un botón, resulta significativo que el ayuntamiento de Lorca, gobernado por unos o gobernado por otros, sea tan reacio a apostar por medidas de ahorro económico que, a priori, parecen tan efectivas y tan atractivas como las arbitradas y publicitadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en torno a la Central de Contratación. Lo hemos intentado por activa y por pasiva, y no hay manera. Y ello pese a que estamos convencidos de que las arcas del Ayuntamiento de Lorca hoy contarían con bastantes millones de euros más sí, desde el primer momento, nuestro Ayuntamiento hubiese atendido la iniciativa del Grupo Municipal de IU para sumarse, como ya hacen la mayoría de municipios de la CARM, a esa Central de la FEMP para la contratación y el pago de servicios tan costosos económicamente como el que tiene que ver el suministro de energía.

Otro tanto sucede con las más novedosas experiencias, acciones, decisiones y políticas públicas relacionadas con la fiscalidad municipal. Lo hemos intentado por todos los frentes: mociones, enmiendas a las ordenanzas fiscales, acuerdos políticos. Y nada. No hay manera. Y lo único cierto es que el Ayuntamiento de Lorca lleva décadas haciendo cargar sobre las espaldas de la inmensa mayoría de sus ciudadanos el peso de la fiscalidad municipal, sin atreverse a revisar en lo más mínimo la estructura y el contenido de una imposición local -añeja, "viejuna" e injusta- al objeto de dotarla de una mayor y muy necesaria justicia tributaria. Y aquí, de nuevo, sucede otro tanto. Da igual quien gobierne. No nos salimos un ápice de un esquema tributario que otros municipios llevan años superado con la implementación efectiva de impuestos y tasas a través de la aprobación de ordenanzas fiscales que, al dirigir su mirada a quienes mayor capacidad económica tienen (grandes corporaciones, grandes fortunas, empresas eléctricas, de telecomunicaciones, multinacionales del reparto, grandes cadenas de comercialización, etc.), pueden con ello aliviar la carga tributaria local al conjunto de la ciudadanía.

Y como no hay dos sin tres, Sosa propondrá una nueva iniciativa, que también ha formado parte históricamente del programa político que IU oferta a la ciudadanía de Lorca, y que en un tiempo (a mediados de la década de los noventa del pasado siglo) también formó parte de las reivindicaciones de este Ayuntamiento de Lorca y de los gobiernos del momento. Nos referimos a la necesidad de poner en valor una de las singularidades más marcadas del municipio de Lorca: su amplio territorio, su gran extensión.

Vivimos en un momento donde todos los días se entrecruzan experiencias políticas municipales, se coordinan actuaciones para aprovechar "economías de escala" en ese ámbito del municipalismo, se conforman grupos de presión municipalistas, con objetivos más o menos defendibles, que, bien lo sabemos, inciden en presupuestos públicos, en el reparto de subvenciones, o incluso en el tenor de las leyes. Desde los "municipios turísticos", que incluso tienen artículo propio en la ley básica de las haciendas locales, a los "municipios despoblados" de la denominada "España vaciada" de cuyo grupo también formamos parte, pasando por otras muchas categorías nucleadas en torno a las más dispares circunstancias.

Llegados a este punto, parece claro que la pretensión de esta moción es la de impulsar, poniendo al municipio de Lorca como pionero de esta iniciativa, el establecimiento de relaciones con los veinte o treinta municipios de mayor extensión de España, con el objetivo de poner en común experiencias de gestión municipal condicionadas por esa circunstancia (amplitud del territorio) y su incidencia en la provisión de servicios locales a los ciudadanos: transporte, seguridad ciudadana, limpieza, abastecimientos, tráfico, vía pública, servicios sociales.

Un segundo objetivo de esta iniciativa pasaría por reivindicar ante las administraciones estatal y autonómicas esa condición y su incidencia en el mayor esfuerzo económico que deben hacer los municipios de gran extensión para la prestación de los diversos servicios públicos que les son propios. En definitiva, se trataría de reivindicar el establecimiento de nuevos criterios de reparto de recursos públicos -europeos, estatales y regionales- más allá de los que tradicionalmente se han volcado a las normas tributarias y presupuestarias, relacionados con población de derecho y esfuerzo fiscal de sus ciudadanos.

El acuerdo de IU, textualmente dice: "La Concejalía de Hacienda elaborará una estrategia encaminada a establecer relaciones de cooperación con los veinte o treinta municipios de mayor extensión de España, con el objetivo de poner en común experiencias de gestión municipal condicionadas por amplitud del territorio y su incidencia en la provisión de servicios locales, así como de reivindicar ante las administraciones estatal y autonómicas esa condición y su incidencia en el mayor esfuerzo económico que deben hacer los municipios de gran extensión para la prestación de los diversos públicos que les son propios".