El TSJ condena al gobierno de Mateos por "actuaciones arbitrarias fuera del procedimiento legal", confirmando su sectarismo en el seno de la Policía Local

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• La Sala 1 del TSJ ratifica la condena impuesta por el juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Murcia y obliga al alcalde del PSOE a readmitir a un policía local al que intentaron dejar sin plaza. Llegaron incluso a realizar "revisiones no previstas en las bases de la convocatoria", lo que supone una "vulneración del procedimiento previsto".

• Si no les interesa que una persona esté en la plantilla de la Policía Local, la persiguen y marginan, aunque cumpla perfectamente con su trabajo. Les han pillado haciendo trampas. Este agente está protegido por colaborar con la Agencia Antifraude.

El TSJ ha condenado al Ayuntamiento a la readmisión de un agente de la Policía Local al que el gobierno de Diego J Mateos intentó dejar fuera de la plantilla de Lorca, y le obliga, además, a pagar las costas del juicio. El juez señala literalmente que "lo que no cabe en modo alguno es otorgar a un aspirante una ventaja en un procedimiento de concurrencia competitiva, como el que nos ocupa, con una flagrante vulneración del principio de igualdad. Los principios de mérito y capacidad deben respetarse, pero siempre en condiciones de igualdad para todos los aspirantes de un proceso selectivo, lo que aquí no sucedió".

La concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, María Belén Pérez, ha exigido al alcalde de los socialistas, Diego José Mateos, explicaciones claras y precisas sobre qué es lo que ha ocurrido en el caso judicial que ha condenado al Ayuntamiento a readmitir a un agente de la Policía Local que se vio obligado a recurrir al Juzgado para denunciar la comisión por parte del actual gobierno del Sr Mateos de una flagrante serie de irregularidades en el concurso convocado para la provisión de ocho plazas de agente de Policía Local.

El Sr Mateos está obligado moral y políticamente a ofrecer una explicación a todos los lorquinos porque jamás se había visto en este Ayuntamiento que un agente de policía protegido por la Agencia Antifraude, tuviera que recurrir a los tribunales de justicia para defenderse de las graves irregularidades de un procedimiento que no tenía otra intención que dejarlo fuera de la plantilla de la Policía Local.

La Policía Local no está para satisfacer egos personales y ejecutar cazas de brujas, sino para saber gestionarla y ofrecer a los lorquinos la seguridad que merecen. La seguridad ciudadana se les ha ido completamente de las manos y confirma una auténtica persecución y una cacería en el seno de la plantilla de la Policía Local.

El punto segundo del acuerdo de gobierno PSOE-Ciudadanos en el ayuntamiento de Lorca señala textualmente que "aumentaremos el control y la fiscalización sobre la transparencia en los procesos de selección de personal en el ámbito municipal". De esto, nunca más se supo.

Se trata de un escándalo derivado la decisión adoptada por la Junta de Gobierno Local el pasado 10 de julio de 2020. Estamos hablando de un asunto que el propio agente afectado considera que fue fraudulento y que concluyó con su exclusión de la plantilla de la Policía Local de Lorca.

El señor Mateos tiene que explicar qué es lo que está pasando en el seno de la plantilla de la Policía Local, porque aquí lo único que están viendo los lorquinos es que este señor se cargó la presencia permanente de la Policía Local en las pedanías y no ha ofrecido ninguna alternativa al respecto.

El alcalde del PSOE tiene que aclarar por qué el agente afectado presento hasta dos reclamaciones que no fueron atendidas lo que constituyó, una vulneración del procedimiento previsto en las bases de la convocatoria. Este agente tendrá que ser readmitido y nombrado Agente de la Policía Local de Lorca.

Esta condena se suma a la que ha recibido hace apenas unos días el ayuntamiento por un convenio urbanístico del PSOE, no ya de los denominados "Convenios Trampa", sino de los que estaban incluidos en el Plan General. Un caso por el que los lorquinos tendremos que pagar 741.000€, y ante el que el Sr Mateos permanece mudo.

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