El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil: "Este Gobierno es el Gobierno del campo y solicitamos al Ejecutivo Nacional un plan de choque en respuesta a la crisis del sector agrario"

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El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil:

El Ayuntamiento respalda al sector primario y sus agricultores y ganaderos con una moción "en defensa del campo español"

El documento incluye 15 medidas de aplicación inmediata entre las que se encuentran la promoción de un Pacto Nacional del Agua, la revisión del Plan de Seguros Agrarios combinados o la exigencia al Gobierno de no crear nuevos impuestos, ni aplicar cargas adicionales

El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, ha querido reiterar su máximo apoyo al sector primario en Lorca, a sus agricultores y ganaderos, reivindicando su importancia en el desarrollo de nuestra localidad y Comunidad Autónoma, tanto desde el punto de vista productivo, económico y social, como medioambiental.

Lo ha hecho momentos antes de la celebración del Pleno Ordinario de este mes de febrero, mientras daba cuenta de la moción presentada por el Partido Popular "en defensa del campo español", una propuesta, finalmente aprobada en el Pleno, que incluye un plan de choque, con 15 medidas de aplicación inmediata, cuyo objetivo no es otro que el de dar respuesta a la crisis del sector agrario.

"Siempre hemos defendido a los agricultores y ganaderos porque aquí comemos de esto, y tendríamos un problema si algún día fallase el principal motor socioeconómico de Lorca. El campo español está atravesando una situación de dificultad marcada por el incremento de los costes de producción; asfixiantes exigencias burocráticas y regulatorias, que son inasumibles; la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), con más exigencias ambientales que recaen sobre los agricultores y ganaderos; y la falta de agua. El Gobierno de España, además, no ha adaptado el sistema de seguros agrarios; ha adelantado plazos por encima de lo exigido por la UE; ha establecido el impuesto al plástico y ha amenazado con un nuevo impuesto a la producción y distribución. Todo ello pone en riesgo la sostenibilidad de las explotaciones, cuando defender y asegurar alimentos a precios razonables debe ser la prioridad", ha apuntado el alcalde Gil Jódar.

Las peticiones del campo español, ha sumado el primer edil, "son las mismas que las que hemos venido haciendo en distintos foros al Gobierno de España. Sin embargo, el Ejecutivo socialista ha sido el mayor defensor de esas políticas ambientales y 'sobreregulaciones', sin atender al componente económico y social, obviando el impacto que tienen en el medio rural. No queremos parches, ayudas puntuales que se quedan en nada porque el problema es de base. Por eso llevamos al pleno esta moción, que incluye 15 medidas que buscan dar respuesta a la crisis del sector".

Concretamente, el documento recoge las siguientes demandas:

Reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural.

Reforzar la imagen de España como un país atractivo por la calidad de sus productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía.

Garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar nuestra dependencia de terceros países.

Exigir un informe previo de impacto en la economía rural aparejado a cualquier norma que se apruebe.

Exigir la flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), a efectos de reducir los trámites y revisar los eco regímenes.

Promover un Pacto Nacional del Agua que asegure la disponibilidad de agua para cultivos e industrias, como garantía de seguridad alimentaria. Para ello, es necesario comprometer una inversión en infraestructuras para hacer frente a sequías, altas temperaturas y control de inundaciones, así como modernizar regadíos.

Exigir la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica.

Revisar el Plan de Seguros Agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados.

Reformar el PERTE agroalimentario, a fin de ajustarlo a las características del tejido agroindustrial español.

Creación de un equipo de expertos para revisar las políticas de sanidad animal, que, además, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades.

Revisar todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad, y que no son exigencia de Europa.

Exigir al Gobierno el compromiso de no crear nuevos impuestos, ni aplicar cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria.

Suspender el impuesto al plástico, que lleva recaudado más de lo previsto.

Rebajar el IVA de los productos esenciales, incluyendo carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos o sus derivados.

Exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes por los daños causados en Francia a los productos españoles.

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