Es una medida que nadie comparte, ni la Unión Europea, ni los sindicatos policiales ni la inmensa mayoría de los españoles. Premia a las mafias que trafican son seres humanos y ha detonado un efecto llamada descomunal.

Es muy evidente que el objetivo de este proceso es adulterar el censo de votantes de cara a las próximas elecciones, y que a la regularización le va a seguir la concesión de la nacionalidad y el voto, como ya ha anunciado la izquierda.

El PP lorquino denuncia que el PSOE "está regalando la ciudadanía española al primero que pasa por la puerta ¿es que ser español, haber nacido aquí y tener padres y abuelos que han contribuido a levantar España no vale de nada?"

El Partido Popular de Lorca ha informado esta mañana que presentará una moción en el pleno que se celebrará el próximo lunes proponiendo que el Ayuntamiento de Lorca rechace el proceso extraordinario de regularización de extranjeros aprobado de forma unilateral por el Gobierno de España, exigiendo su retirada inmediata.

La secretaria general del PP lorquino, Rosa María Medina, ha anticipado que en dicha sesión plenaria, se reclamará que el Ayuntamiento de Lorca exija al Gobierno de España que la política migratoria sea debatida y acordada en las Cortes Generales, habida cuenta de que este proceso, por primera vez en la historia, se ha promovido a espaldas del parlamento, tanto del congreso como del senado.

Medina Mínguez ha manifestado que desde el PP vamos a solicitar que el Ayuntamiento de Lorca rechace las regularizaciones masivas y automáticas y reclamaremos su cambio por un modelo de carácter excepcional, individualizado, condicionado y verificable, vinculado al empleo real, a la integración efectiva y a la seguridad jurídica. En esta misma línea, desde el Ayuntamiento de Lorca exigiremos una política migratoria de Estado que refuerce el control de fronteras; ejecute las expulsiones, devoluciones y retornos de quienes no cumplen los requisitos legales; combata las mafias de tráfico de personas y alinee la política migratoria nacional con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El PSOE local promovió activamente entre 2019 y 2023 la nacionalización de extranjeros en Lorca, con una Concejalía de Inmigración que expedía informes de arraigo: pasaron de 224 en 2019 a 688 en 2022, y se le otorgó acceso directo al registro del Ayuntamiento y al padrón municipal, ventajas que no tenía ninguna otra concejalía. En cuanto recuperamos el Ayuntamiento en 2023, desmontamos ese chiringuito y nos cargamos el sistema socialista que estaba expandiendo el modelo de ciudad dormitorio. Ahora se sacan de la manga esta barbaridad para seguir con su ejercicio de cambio social, pero se lo vamos a impedir con todos los mecanismos y recursos que podamos".

Desde el PP lorquino han recordado que detrás de esta nacionalización están los mismos de siempre, los socialistas de Casalduero, que son más sanchistas que Pedro Sánchez. Es su gobierno, es su decisión y su responsabilidad. Hace unos años todos escuchamos en los medios de comunicación lo que fueron capaces de hacer en determinadas reuniones engañando a inmigrantes, cuyos audios trascendieron a la opinión pública, prometiendo prebendas a cambio de votos.

Es un disparate porque castiga y penaliza a las personas que sí han entrado de forma legal en España, con un contrato de trabajo, y que han desarrollado su proyecto de vida aquí de acuerdo a la ley y respetando nuestra sociedad. Están regalando la ciudadanía española al primero que pasa por la puerta ¿es que ser español, haber nacido aquí y tener padres y abuelos que han contribuido a levantar España no vale de nada? Es una medida que premia a las mafias que trafican con seres humanos, a los patrones de las pateras y los cayucos y a quienes han entrado ilegalmente en nuestro país. Rechazamos esta barbaridad porque no responde en absoluto a criterio alguno de humanidad, sino al miserable interés político del sanchismo.

Desde el PP lorquino han expuesto que el PSOE ha optado por impulsar una regularización masiva mediante Acuerdo unilateral aprobado por el Consejo de Ministros, eludiendo deliberadamente el debate parlamentario y el necesario control de las Cortes Generales, pese a tratarse de una decisión de enorme impacto social, económico, jurídico y territorial.

Dicho Acuerdo se adopta al margen de las Cortes Generales, después de que el propio Gobierno comprobara que no disponía de la mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la Iniciativa Legislativa Popular de regularización, una vez presentadas las enmiendas por los distintos grupos parlamentarios.

El Acuerdo introduce vías extraordinarias de regularización para inmigrantes en situación irregular que hayan solicitado asilo o que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025, facilitando su acceso a la residencia por arraigo y extendiendo estos efectos a familiares ascendientes y descendientes, al mismo tiempo que suspende y archiva procedimientos de retorno en curso.

Este planteamiento es frontalmente contrario al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que rechaza las amnistías migratorias colectivas y apuesta por procedimientos individualizados, vinculación al empleo, control efectivo de fronteras, retornos reales y lucha contra las mafias de tráfico de personas. De hecho, la Comisión Europea ha mostrado sus serias reservas a la decisión por "no estar en línea con el espíritu de la Unión Europea en materia de inmigración".

Además, esta se pretende realizar sin memoria económica, sin planificación de impacto en servicios públicos y sin refuerzo previo de fronteras ni de los sistemas de retorno, cuando España apenas ejecuta el 17% de las órdenes de expulsión dictadas. Es decir, se regulariza sin controlar entradas y sin hacer cumplir las salidas.

Esta medida constituye un incentivo directo a las redes mafiosas de tráfico de personas que se lucran del llamado "efecto llamada", al trasladar la expectativa real de regularización legal con independencia de cómo se haya accedido al país.

Las consecuencias de decisiones irresponsables como estas serán inmediatas: más llegadas irregulares, más mafias lucrándose, más presión sobre los servicios públicos y, sobre todo, más tragedias humanas, hombres, mujeres y menores, intentando alcanzar nuestras costas y muchos de ellos, perdiendo la vida en el intento.