La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Lorca y secretaria general del PP lorquino, Rosa Mª Medina, ha solicitado la retirada de las placas de piedra artificial alusivas a una organización sindical y a otra política que permanecen en la fachada del edificio en construcción que acogerá el futuro Palacio de Justicia de la ciudad.
"La permanencia de estos símbolos marcadamente ideológicos en una infraestructura que acoge la impartición de la justicia constituiría una polémica innecesaria que todos nos podemos ahorrar. Está claro que este no es su sitio, y eso es algo en lo que todos estaremos de acuerdo. Lo que resulta de igual modo evidente es que si estas placas de piedra artificial en vez de contener el logotipo de UGT y del PSOE, y el lema "Casa del Pueblo", mostraran, por ejemplo, el de Alianza Popular, ya los habrían suprimido sin consulta alguna y estarían entre los residuos de una escombrera.
Consideramos que lo más lógico es que, habida cuenta de la situación y la evolución de las obras, las placas sean retiradas de la fachada a la mayor brevedad posible, y siempre antes de que este edificio comience a prestar servicio como palacio de justicia. Cabe indicar que ambas placas ya han sido restauradas con el dinero de los impuestos de todos los españoles y sin consulta alguna a nadie, dentro de las obras de construcción del palacio de justicia, a pesar de que carecen de cualquier tipo de grado de protección histórica o cultural, lo que constata su irrelevancia como elementos patrimoniales. Una decisión cuando menos "peculiar" por parte del Ministerio de Justicia, que ha elegido destinar recursos públicos para rehabilitar tres placas de piedra artificial aun sabiendo que ese no es el sitio en el que deben permanecer y que se trata de piezas que pueden confundirse por escudos heráldicos históricos, cuando en realidad se trata de placas de piedra artificial añadidas en el entorno de los años 80.
Desde el Grupo Popular subrayamos lo marcado por nuestra Constitución: el poder político y el judicial deben caminar por sendas bien diferenciadas y las administraciones públicas, por tanto, tienen que velar para garantizar este marco. De esa forma evitaremos una contaminación política del ámbito judicial, respetando la separación de poderes garantizada por nuestra Constitución, y que algunos se están empeñando en destruir por espurios intereses ajenos al verdadero interés de los ciudadanos. Es evidente que el compromiso con el respeto a la democracia obliga a todas las administraciones, y a todos sus representantes, a preservar la separación de poderes y evitar caer en "tentaciones" guiadas únicamente por una ideología política.
De acuerdo con las fuentes históricas consultadas, estas lapidas de piedra artificial tampoco están protegidas por la ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, al carecer de la antigüedad establecida, por lo que, al carecer de cualquier figura de protección podrían haber sido retirados.
