Se trata de casos en los que los responsables insisten en incumplir la ley y omiten sus obligaciones como propietarios. También se han emprendido declaraciones de ruina y órdenes de ejecución por motivos de seguridad.

Desde su puesta en marcha en junio de 2023, este departamento ha tramitado 190 expedientes por infringir la ordenanza del padrón y ha procedido a emitir 8.500 bajas.

Belén Pérez, concejal de Control del Padrón: "tenemos mucho trabajo por delante y estamos aplicando todos los recursos legales y administrativos de los que dispone el Ayuntamiento para atajar este tipo de situaciones. Lorca persigue y castiga estas ilegalidades".

El Órgano de Control del Padrón del Ayuntamiento de Lorca ha levantado en el último año un total de 90 expedientes como consecuencia de actuaciones llevadas a cabo por su equipo de funcionarios para obligar a los infractores a restablecer la legalidad urbanística infringida. Se trata de los datos exclusivamente referidos a la rama urbanística de este Órgano. Estamos hablando de expedientes que exigen a sus responsables la ejecución de las actuaciones necesarias para cumplir con la ley, y que están obligando a realizar o derribar determinadas construcciones, así como a conseguir la correspondiente licencia. En caso contrario, se está ordenando la demolición o cese definitivo del uso de estos inmuebles.

La concejal responsable de Control del Padrón, María Belén Pérez, ha informado que este departamento municipal ha intensificado su labor contra la infravivienda, emprendiendo nuevas intervenciones gracias a la colaboración ciudadana. El Ayuntamiento ha activado todos los recursos y herramientas legales a su alcance para hacer frente a estos procesos, incluyendo la imposición de órdenes de demolición, y el establecimiento de sanciones a las que haya lugar.

El objetivo es velar por la seguridad de todos los ciudadanos y acabar con estas incidencias con la mayor celeridad posible, por ello el Órgano de Control del Padrón también ha iniciado procedimientos de ejecución subsidiaria para atajar aquellos casos en los que los infractores tratan de esquivar su responsabilidad e insisten en incumplir con sus deberes, de tal forma que el Ayuntamiento ejecuta las obras y les pasa la factura a los propietarios responsables. El procedimiento de ejecución subsidiaria requiere de una compleja tramitación ya que una vez finalizado, para poder acceder a los inmuebles y ejecutar la demolición, el Ayuntamiento tiene que solicitar autorización judicial.

El procedimiento seguido por el Consistorio Municipal ante estas ilegalidades se inicia ordenando la paralización de las obras, posteriormente se tramita el procedimiento encaminado a restablecer la legalidad urbanística infringida que concluye con una orden dictada por el Ayuntamiento contra el infractor consistente en demoler lo construido de forma ilegal o el cese definitivo de un uso también ilegal en un plazo de 30 días. Esto supone revertir la situación alterada a su estado originario. Si el infractor persiste en su incumplimiento, se inicia un procedimiento sancionador. En el caso de que aun así el infractor insista, en su conducta el Ayuntamiento inicia un procedimiento de ejecución subsidiaria.

En cuanto a las órdenes de ejecución con motivación en el deber legal de conservación que tienen todos los propietarios de inmuebles de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato público. Se han tramitado 9, mientras que cuatro corresponden a declaraciones de ruina de aquellos inmuebles cuyos elementos estructurales se encuentran agotadas y suponen un peligro no solo para sus moradores sino para las personas en general.

Entre los ejemplos de infracciones detectadas desde el Órgano de Control del Padrón desde su puesta en marcha, es la existencia de construcciones como trasteros o antiguos transformadores eléctricos sin uso reconvertidos en infraviviendas. La tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos desde el Órgano de Control del Padrón ha provocado que los infractores hayan procedido a cumplir de forma voluntaria la orden dictada por el Ayuntamiento y se ha devuelto a estos elementos su uso original. En algunos casos se han cobrado a los titulares los gastos derivados de ese incumplimiento de la normativa como la elaboración de proyectos técnicos para el restablecimiento de la legalidad o la inscripción de la orden de demolición en el registro de la propiedad.

Hemos de indicar que hasta la fecha este Órgano ha tramitado 190 expedientes por infringir la ordenanza del padrón y ha procedido a emitir 8.500 bajas.

Canal directo de WhatsApp y refuerzo de personal.

Cabe recordar que todos los ciudadanos que quieran colaborar trasladando situaciones que consideren irregulares, pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través del número de WhatsApp 608 87 72 04. Este canal permite que los lorquinos puedan alertar directamente, de forma anónima y confidencial ante cualquier sospecha de irregularidades en relación al Padrón de habitantes, permitiendo a los servicios implicados intervenir más rápidamente.

Desde hace unos días este órgano cuenta con dos nuevos agentes censales, que se suman al director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y al arquitecto técnico que también han sido implementados dentro de la estructura de esta Unidad para impulsar su funcionamiento y acelerar su trabajo. Hemos de destacar el carácter transversal de la Unidad de Control del Padrón, que cuenta con la implicación de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Registro, Catastro, Delegación del Gobierno, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Servicios Sociales, Sanidad o, incluso, el estamento judicial.