Con la nueva Ley de Dependencia, y la asunción por el Estado del 50% de su coste, habría que ampliar las plazas públicas de residentes en Lorca, mejorar la calidad asistencial, y suprimir la infamia que implica que nuestra región de Murcia sea de las pocas autonomías de España que "roba" las pagas extraordinarias a los mayores de las residencias

Ayer martes, además de la victoria de España y su pase a la final del mundial de fútbol, también fue un gran día para los dependientes lorquinos, murcianos y españoles, al aprobarse en el Congreso la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, incorporando en la propia ley (y blindándola) la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión. Así ha comenzado Pedro Sosa hoy su rueda de prensa, en la que ha expuesto el contenido de una de las mociones que defenderá en el próximo Pleno. Según Sosa la calidad de un pueblo, de una sociedad, de una democracia… también se mide por cómo trata esa democracia a los más necesitados y a los indefensos y, entre ellos, por cómo se trata a los ancianos y a los dependientes.

Pocos colectivos sociales hay tan vulnerables como el de las personas mayores, y, pese a ello, algunos de los más importantes recortes en el "estado del bienestar" que se han producido en las últimas décadas han tenido como perjudicados más directos a este colectivo: insuficiente financiación de los derechos de los dependientes, copago farmacéutico, drástica reducción de los servicios de atención a domicilio y otras prestaciones sociales. Todo ello, sentencia Sosa, contraviene las disposiciones de la Constitución Española que en su artículo 50 expresa que los poderes públicos garantizarán, además de la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad con pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la promoción de su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Por eso, afirma del edil de IU, hay que saludar muy positivamente el texto impulsado por el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, por lo que supone de refundación en positivo del modelo de cuidados en España, ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad.

La reforma tiene varios prismas muy positivos, abunda el edil. Contempla un cambio de cultura, dejando de basarlo todo en el modelo de las macrorresidencias y el enfoque asistencialista, para priorizar e impulsar apoyos personalizados. La reforma amplía el catálogo de servicios y de prestaciones para las personas en situación de dependencia, prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona, y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación. También se elimina el régimen de incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones y se amplía el concepto de cuidadores, garantizando que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda ocuparse del cuidado de otra persona en situación de dependencia. Además se reducen a la mitad los plazos para reconocer prestaciones por dependencia, que pasan de 6 a 3 meses.

Sosa ha señalado que la reforma no contaba inicialmente con el apoyo del PP, pero ayer en la convalidación del Decreto en el Congreso hubo un cambio de posición del PP que aplaudimos y saludamos. Esperemos que ese cambio llegue también al Pleno de Lorca. De VOX no esperamos nada, en el Congreso siguen votando no a que el Estado ayude a los dependientes, a las personas más vulnerables de la sociedad. Imaginamos que en el Pleno de Lorca, siguiendo esa línea inquebrantable de desprecio por los necesitados y de insolidaridad, seguirán votando que NO.

En su moción Sosa alude dos importantes informes sobre la materia. De un lado al último informe del Imserso (correspondiente al mes de junio), recién publicado, donde se vuelve a situar a la Región de Murcia como la comunidad autónoma con mayor tiempo de demora para la resolución de las solicitudes de grado de dependencia y en la concesión de la prestación correspondiente: 551 días. Y ha recordado que la Asamblea Regional -con el voto en contra del PP- aprobó una moción para instar al Gobierno regional a presentar un plan de choque urgente que redujera el tiempo medio de espera para la resolución de los expedientes de Dependencia hasta los 180 días, plazo máximo que establece la ley para la resolución de cualquier procedimiento administrativo. Entonces, el argumento del PP fue que no era posible sin que el Estado financiara el 50% del gasto. Ahora ya lo tienen y, sentencia Sosa, no hay excusas.

También ha hecho alusión el edil de izquierdas al último informe de la Asociación Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, publicado la semana pasada, donde se constata que la Región de Murcia está a la cabeza de personas desatendidas. La desatención de dependientes a la espera de valoración o esperando alguna ayuda alcanza al 18,6% en nuestra región, cuando la media española está en el 10,3%. Los murcianos son los españoles que más tienen que esperar a que se dicte una resolución, nada menos que 551 días, cuando la media en España es de 314.

Sosa Sostiene que la nueva y generosa implicación presupuestaria del Estado en una materia que no le compete, debería ser un punto de inflexión para el Gobierno de la CARM y también para la posición del PP en Lorca. Ya no debe haber excusas para revisar cuestiones básicas que vamos a llevar al Pleno además de las que vienen contempladas en la Ley.

La primera de ellas es que hay que devolver a los residentes de las residencias las pagas extraordinarias que el gobierno regional (a través del injusto sistema de precios públicos) LES ROBA. Vamos a volver a poner de relieve una demanda histórica de IU denunciando el "agravio comparativo" que sufren los residentes de la tercera edad de la región de Murcia respecto a los del resto de la mayoría de las autonomías españolas. Las personas mayores que viven en una residencia fuera de la región disfrutan de sus pagas extras; aquí, por el contrario, nuestros mayores deben pagar 14 (y no 12) precios públicos al año, ya que cuando llegan los meses de junio y diciembre (coincidentes con las extras) pagan por su plaza el doble de lo que pagan en el resto de meses. Para Sosa, se debería terminar con esta palmaria vulneración del artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los españoles con independencia de donde residan. Sosa recuerda en su moción que en la mayoría de las CCAA la participación en la financiación del servicio por parte de la persona beneficiaria es del 75% de sus ingresos líquidos anuales, excluyendo pagas extraordinarias.

Y, de otro lado, queremos una revisión de las plazas públicas que se ofertan en Lorca. Nuestro pueblo está muy por debajo de los estándares que fijan las organizaciones internacionales. En Lorca tenemos no más de 350 plazas (entre públicas y privadas concertadas) menos de la mitad de esas 5 por cada 100 mayores de 65 años que exigen los organismos internacionales. Hay que recordar que, con datos de 2025, en Lorca residen 15.148 personas mayores de 65 años y que ello implicaría contar con 757 plazas.