El Gobierno de España, a través de Casa 47, exige la devolución de 2.368.209 euros en un único pago antes del 31 de diciembre y ha votado en contra de la adjudicación de más de 241.000 metros cuadrados de suelo industrial para la implantación de nuevas empresas

Fulgencio Gil: "Lo que está ocurriendo es un auténtico disparate. Tenemos la sensación de que el Gobierno de España se está ensañando con Lorca. Cada vez que esperamos una inversión, una infraestructura o una decisión favorable para nuestro municipio, nos encontramos con un nuevo obstáculo. No entendemos esta falta de sensibilidad hacia una ciudad que lo único que reclama es poder seguir creciendo y generando oportunidades"

El Pleno municipal ha aprobado una moción de urgencia, promovida por el Grupo Municipal Popular, a la que se ha sumado el Grupo Municipal VOX, para exigir al Gobierno de España que rectifique sus últimas decisiones respecto a Saprelorca, que suponen un duro golpe al tejido empresarial lorquino y amenazan el desarrollo industrial, la llegada de nuevas inversiones y la creación de empleo en el municipio. La iniciativa se ha aprobado por 24 votos a favor y una abstención del Grupo municipal Izquierda Unida.

Así lo ha anunciado el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, quien ha advertido de las graves consecuencias que puede acarrear para el futuro económico del municipio la postura adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de Casa 47 (antiguo SEPES), entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que posee el 35,47 % del capital social de Saprelorca.

La iniciativa surge tras las decisiones conocidas en el último Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el pasado 19 de octubre, en el que Casa 47 votó en contra de la adjudicación de 241.231 metros cuadrados de suelo industrial correspondientes a la ampliación del polígono y comunicó su negativa a convertir en capital un préstamo participativo de 2.368.209,07 euros, exigiendo su devolución íntegra en un único pago antes del próximo 31 de diciembre.

"¿Hasta dónde piensa llegar el Gobierno de Pedro Sánchez con su castigo a Lorca? Estamos hablando de una sociedad que lleva más de cuatro décadas siendo fundamental para el crecimiento industrial de nuestro municipio y que ahora se encuentra con que uno de sus propios socios, el Gobierno de España, le exige desembolsar casi 2,4 millones de euros de una sola vez. Es una decisión que carece de sentido y que amenaza la estabilidad de una entidad clave para nuestra economía", ha denunciado Fulgencio Gil.

El primer edil ha insistido en que "cada nueva decisión del Gobierno central supone otro obstáculo para Lorca. En vez de colaborar para que nuestro municipio avance, se empeñan en complicar el futuro de todo el municipio. Es difícil encontrar una explicación razonable a esta forma de actuar, que responde más a intereses políticos que a las verdaderas necesidades de los lorquinos".

En este sentido, Gil Jódar ha destacado que la moción pretende defender los intereses económicos del municipio y reclamar al Gobierno central que abandone una postura que considera contraria a los propios objetivos de Saprelorca, una sociedad constituida en 1982 precisamente para facilitar la disponibilidad de suelo industrial, favorecer la implantación de empresas y generar nuevas oportunidades laborales.

"Resulta absolutamente contradictorio que una administración que participa en una sociedad creada para impulsar el desarrollo industrial sea precisamente la que intente frenar su crecimiento. Por un lado, votan en contra de que nuevas empresas puedan instalarse en nuestro polígono y, por otro, reclaman una cantidad millonaria que puede comprometer su capacidad de actuación. ¿De verdad creen que así se ayuda a generar riqueza y empleo? Lo que están haciendo es perjudicar directamente los intereses de Lorca", ha señalado el alcalde.

"Estamos llegando a un punto en el que contamos los días por castigos e injusticias, y esta es probablemente una de las decisiones más graves que hemos conocido. esto es hacerle daño a Lorca, así de claro ¿A cuántos castigos más vamos a asistir en los próximos días?", ha añadido.

Fulgencio Gil ha recordado, además, que esta situación se produce en un momento especialmente importante para la expansión industrial de Lorca. De hecho, en el último Consejo de Administración se aprobó, pese al voto contrario de Casa 47, la adjudicación de más de 241.000 metros cuadrados de suelo industrial a las empresas Ángel Linares Montalbán, S.A. y Enjoy Natural Food, S.L.

Actualmente, Saprelorca dispone de más de 1,8 millones de metros cuadrados urbanizados y unas 350 parcelas industriales, mientras que el Ayuntamiento continúa avanzando en la tramitación de más de 77 hectáreas de nuevo suelo industrial para responder a la demanda empresarial.

"Lo que está ocurriendo es un auténtico disparate. Tenemos la sensación de que el Gobierno de España se está ensañando con Lorca. Cada vez que esperamos una inversión, una infraestructura o una decisión favorable para nuestro municipio, nos encontramos con un nuevo obstáculo. No entendemos esta falta de sensibilidad hacia una ciudad que lo único que reclama es poder seguir creciendo y generando oportunidades", ha añadido.

Una moción para exigir explicaciones y defender el futuro industrial de Lorca

La moción conjunta que se elevará al Pleno contempla, entre sus principales acuerdos, reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la ampliación del Polígono Industrial de Saprelorca y con todas aquellas actuaciones urbanísticas, financieras y económicas necesarias para incrementar la disponibilidad de suelo industrial, atraer nuevas empresas y fortalecer el tejido productivo local.

Asimismo, se instará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a que manifieste expresamente su compromiso con el desarrollo industrial de Lorca y con la continuidad de Saprelorca, promoviendo la cooperación entre administraciones y evitando decisiones que puedan perjudicar la actividad empresarial y la creación de puestos de trabajo.

La propuesta exige también al Gobierno central que reconsidere su negativa a la ampliación del polígono y a la capitalización del préstamo participativo, además de reclamar una explicación expresa, detallada y motivada de las razones técnicas, económicas y estratégicas que justifican estas decisiones.

Cabe recordar que tanto la ampliación del polígono como la capitalización del préstamo cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Lorca, el Gobierno de la Región de Murcia, la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR) y la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, que consideran ambas actuaciones estratégicas para el desarrollo económico del municipio.

"Lorca no puede seguir pagando las consecuencias de las decisiones del Gobierno de Sánchez"

El alcalde ha lamentado que esta decisión se sume a otras actuaciones del Ejecutivo central que perjudican los intereses del municipio, como la subasta de los terrenos del antiguo acuartelamiento de Carraclaca, la puesta a la venta de solares públicos en Apolonia, los retrasos ferroviarios o la falta de ejecución de infraestructuras prioritarias de defensa frente a inundaciones.

"¿Qué le pasa al gobierno de Pedro Sánchez con nuestro municipio? No construye ni una sola vivienda de las 900 que prometió, subasta 700.000 m² de suelo público en Carraclaca, saca a la venta dos solares de suelo público en Apolonia y ahora encima boicotea hasta el desarrollo del polígono industrial .¿Cuál será el siguiente perjuicio para Lorca?", ha denunciado Fulgencio Gil.

El primer edil ha concluido insistiendo en la necesidad de que el Gobierno de España reconsidere su postura y actúe con responsabilidad institucional, recordando que lo que está en juego no es únicamente la situación financiera de Saprelorca, sino el futuro de las empresas, las inversiones y el empleo en Lorca.

"Lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España es algo tan sencillo como que deje de poner piedras en el camino de Lorca y empiece a colaborar con quienes estamos trabajando para que este municipio progrese. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se adoptan decisiones que pueden perjudicar a nuestras empresas y comprometer miles de oportunidades laborales", ha concluido.