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Posicionamiento de Fundación Ingenio sobre el Decreto Ley 2/2019 de protección integral del Mar Menor

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Posicionamiento de Fundación Ingenio sobre el Decreto Ley 2/2019 de protección integral del Mar Menor

Desde Fundación Ingenio, organización impulsada por 10.000 agricultores del Campo de Cartagena para poner en valor la agricultura responsable, queremos reiterar nuestro apoyo a cualquier medida que permita la protección del Mar Menor y garantice la sostenibilidad de la zona, ya que este objetivo es común. Siempre que esté sustentada en bases técnicas y científicas objetivas y no tendenciosas.

No obstante, creemos que las medidas propuestas en el Decreto 2/2019 presentan aspectos lesivos respecto a la continuidad de la actividad agrícola de una manera óptima. Consideramos, además, que como parte directamente afectada debemos establecer un diálogo fluido con las autoridades, no sólo por el impacto que la nueva regulación va a tener en el sector, sino también por la experiencia y conocimiento profundo de las cuestiones técnicas que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo una adecuada regulación. Por ello, hemos querido participar en el actual proceso de tramitación parlamentaria, presentando enmiendas concretas (ver documento adjunto) vía participación ciudadana.

En este sentido, una de las medidas clave incluidas en esta ley, hace referencia a la limitación de la actividad agrícola a menos de 500 metros del límite interior de la ribera del Mar Menor, prohibiendo en estas zonas la aplicación de todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde. En la práctica, esta prohibición es una limitación que impide el desarrollo de la actividad agrícola profesional en esta zona. Y, lo que es peor, algunos partidos políticos están proponiendo el aumento de dicha distancia a 1.500 metros de forma arbitraria, sin un aval técnico o científico que lo justifique. En este sentido pedimos responsabilidad, profesionalidad y objetividad.

La delicada situación ambiental del Mar Menor hace necesaria que las medidas implantadas se caractericen por una efectividad contrastada y cuantificable, evitando la generalización de medidas arbitrarias y subjetivas, especialmente si afectan a la viabilidad económica.

El Decreto-Ley se supone que se plantea para evitar la contaminación por nutrientes de origen agrario. Sin embargo, en la franja costera (indistintamente de su anchura) la actividad agraria no es la principal, ya que la ocupación está dominada por la urbanización residencial, las actividades náuticas, de ocio y turismo, los servicios, y los espacios naturales y humedales ribereños. Por ello, consideramos que su extensión no es determinante para la consecución de los objetivos ambientales de la norma. Por el contrario, deben considerarse para su definición otros criterios más propios de la ordenación del territorio y de las actividades en la zona.

Otra medida que no cuenta con una justificación técnica y que además plantea más problemas que soluciones es, entre otras, la priorización de sistemas de cultivos de secano frente a otras opciones. Estos presentan peor comportamiento desde el punto de vista de arrastres de nutrientes y sedimentos y residuos, además de conllevar un enorme impacto socioeconómico.

Por otro lado, cabe apuntar que la grave crisis ambiental del Mar Menor está provocada por diversas actividades, públicas y privadas, desarrolladas en su cuenca vertiente. En este contexto, resulta paradójico que la práctica totalidad del texto legislativo se focalice en la responsabilidad de la agricultura (70% del articulado y el preámbulo), teniendo en cuenta que diversos estudios e informes científicos (entre otros, el del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor) han avalado la evidencia de la multifactorialidad de las causas.

Además, queremos poner en valor la relevancia de la actividad agraria en la región, que representa el 24,3% del PIB total de Murcia. No obstante, merece la pena incidir aún más si cabe en que indirectamente su actividad influye en aproximadamente el 50% del PIB de la comunidad. Por tanto, este tipo de normativas que imposibilitan el óptimo desarrollo de nuestra actividad puede tener consecuencias, no solo para la agricultura, sino para todos aquellos sectores secundarios (construcción, materiales de embalaje, transporte, restauración, hostelería, pesca, turismo, servicios, etc.) que la transversalidad de nuestra actividad sitúa en nuestro ámbito de influencia.

Dicha relevancia del sector ha quedado patente al albor de la reciente crisis provocada por la Covid 19. Durante este período ha habido picos de demanda sin precedentes superiores al 135%. Precisamente, esta situación de emergencia ha demostrado la solvencia, la dedicación de sus profesionales y las garantías que ofrece el sector, asegurando en todo momento el abastecimiento a los hogares españoles. Es por ello que la agricultura debe seguir siendo motor socioeconómico de la región y garante de la Marca España fuera de nuestras fronteras, donde nos hemos logrado una excelente reputación como "la huerta de Europa".

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