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ANSE y WWF piden responsabilidad al Gobierno de la Región de Murcia a la hora de cumplir la normativa para la recuperación del Mar Menor

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ANSE y WWF piden responsabilidad al Gobierno de la Región de Murcia a la hora de cumplir la normativa para la recuperación del Mar Menor

Tras el anuncio del Gobierno de la Región de Murcia de la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ANSE y WWF lamentan la decisión y solicitan, de nuevo, responsabilidad tanto a la Comunidad autónoma como al Estado para que colaboren en el cumplimiento de la normativa ambiental y en la recuperación del Mar Menor.

Las organizaciones recuerdan que el pasado 16 de julio se acordó la declaración en riesgo de no alcanzar el buen estado químico de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena por parte de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura.

WWF y ANSE advierten  que posicionarse a favor de quienes incumplen la normativa ambiental terminará perjudicando, precisamente, a las empresas agrícolas que van adaptando su forma de cultivar a la normativa y reduciendo su huella ecológica, y pone en riesgo la recepción de ayudas para la recuperación del Mar Menor por parte de la Unión Europea, y la restauración efectiva y duradera de la mayor laguna litoral española.

Las organizaciones recuerdan que numerosos informes científicos y, de las propias administraciones, consideran que el problema de eutrofización del Mar Menor tiene su origen, principalmente, en la llegada de nutrientes de la agricultura intensiva cuyo control debe ser una prioridad, y que no se ha ejercido por la Comunidad autónoma desde que se reconociera dicha contaminación en 2001, a partir de una queja de ANSE ante la Unión Europea.

ANSE y WWF España mostraron su satisfacción por la decisión de la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en declarar el acuífero del Campo de Cartagena como "masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado químico", tal y como requiere la Directiva Marco del Agua. Esta decisión se tomó ante la falta de cumplimiento de las medidas necesarias para hacer frente a la contaminación difusa que exige la legislación europea en la Directiva de Nitratos. 

Ambas organizaciones consideran que, aunque esta declaración es necesaria según el marco legal vigente, es solo el primer paso para iniciar la recuperación integral del Mar Menor, que debe continuar con la adopción y aplicación urgente de medidas adecuadas para evitar, en origen, que la contaminación por nitratos siga aumentando y que esta contaminación llegue a la laguna costera.

Las organizaciones califican de irresponsable la actitud de la Comunidad autónoma, ya que la recuperación real y efectiva del Mar Menor pasa, necesariamente, por la recuperación de la calidad del agua del acuífero del Campo de Cartagena y por una transformación profunda de la agricultura intensiva de regadío que se desarrolla sobre el mismo y que condiciona los flujos hídricos y de nutrientes. En este sentido, es imprescindible la colaboración entre las instituciones del Estado y la Comunidad autónoma, responsables de garantizar que se cumplan las obligaciones dictadas por la normativa ambiental.

Además, la declaración de esta masa de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado químico es imprescindible para responder a las autoridades comunitarias en el marco del Dictamen motivado por el incumplimiento de la Directiva 91/676/CEE.

En este sentido, las organizaciones han venido solicitando, como primer paso, una reducción significativa de la agricultura intensiva en la cuenca de la laguna centrada en los regadíos que carecen de derechos de riego y que fue puesto de manifiesto en el informe presentado en 2018.

Tanto WWF como ANSE lamentan que, a pesar de las advertencias realizadas desde sectores científicos y organizaciones ambientales durante décadas, y  del problema de la eutrofia que sufre esta laguna desde el 2016 que la convirtió en una “sopa verde”, apenas se hayan adoptado medidas, tales como el levantamiento de los regadíos ilegales o el control eficaz del uso de nutrientes en campo.

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