En febrero de 1994, el Tribunal Constitucional emitió sentencia unánime sobre la validez de la Ley 3/1987 de Protección y armonización de usos del Mar Menor, tras un recurso del PP. En ella fijó que las competencias para protegerlo corresponden a la Comunidad Autónoma de Murcia.

Uno de los instrumentos de la Ley 3/1987 era el Plan de Saneamiento Integral del Mar Menor e incluía el control de todos los vertidos, incluidos los de origen agrario. Hablamos de 1987, cuando el Trasvase Tajo-Segura apenas contaba con 8 años de funcionamiento.

Desde el Gobierno Regional, alegan que las ramblas y acuíferos, el verdadero problema, no son de su competencia.

Rajoy elaboró el Plan Vertido Cero para el Mar Menor en 2013 que fue aprobado definitivamente en 2019 y que posteriormente Sánchez guardó en un cajón. Pero en estos últimos tres años, tampoco hemos visto al Gobierno de la Región exigir que se cumpla ese plan en los juzgados por la emergencia que ahora denuncian. A lo mejor han estado todos ocupados en otros asuntos más importantes como la elecciones, los pactos para mantenerse en el poder, las mociones de censura, etc, etc..., lo primero es lo primero.

Pero ahora todos comparten en sus perfiles el "S.O.S. Mar Menor", mientras siguen tirándose los peces muertos a la cabeza sin ser capaces de sentarse a salvarlo.

Carrillo.

Acción Totana.