El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) muestra su preocupación y considera desafortunado que el Ayuntamiento de Cartagena intente desviar sus responsabilidades en materia urbanística hacia la Administración del Estado, ya que son las administraciones autonómica y local las que tienen las competencias exclusivas y, por tanto, podrían actuar para evitar la transformación urbanística del poco espacio que queda libre en la parte de La Manga y el litoral sur del Mar Menor.

Mientras estas administraciones tienen herramientas más que suficientes para mejorar la ordenación del territorio en suelos urbanos y urbanizables y evitar así que se siga construyendo en áreas altamente presionadas, el Gobierno central ha declarado de interés general del Estado la creación de un cinturón verde de casi un millar de hectáreas para, precisamente, quitar presiones a la laguna, donde prevé invertir 67,6 millones de euros.

Construcciones como la que ha comenzado este miércoles en la Cala del Pino o nuevas edificaciones en otras partes de La Manga del Mar Menor evidencian la falta de voluntad del Gobierno regional y de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier por revertir la depredación del urbanismo en el entorno de la laguna. De hecho, la exclusión temporal introducida en la Ley 3/2020 de recuperación del Mar Menor, que solo se plantea para nuevos desarrollos urbanísticos, en la práctica se está evidenciando totalmente ineficaz.

El Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca vertiente del Mar Menor, que tiene que aprobar la Administración regional antes de agosto de 2023, debe introducir los mecanismos para liberar el territorio de una mayor ocupación, introduciendo los mecanismos de compensación y, en su caso, las indemnizaciones que fueran necesarias. Sin embargo, después de tres años no se ha llegado ni tan siquiera a una aprobación inicial.

El consistorio de Cartagena, no obstante, tiene también plenas facultades jurídicas y administrativas para evitar esta situación, como es, en primer lugar, comprar el terreno y no emplazar al MITECO a que lo adquiera, o bien haber formulado soluciones a través de su planificación urbanística para redistribuir aprovechamientos en otras zonas del municipio. En cambio, la dilación en la intervención provoca que el posible coste de estas operaciones aumente.

También podía haber acudido a la comunidad autónoma para que expropiara este terreno, tal y como se ha hecho en otros donde no existían este tipo de amenazas. Es el caso del Carmolí, un espacio protegido no susceptible de ser urbanizado.

Hay otros ejemplos de adquisiciones hechas por la Administración regional fuera del ámbito del Mar Menor, como Cabo Cope, que no tenía ningún tipo de amenaza pero que ejerció el tanteo y retracto para impedir que fuera comprado por una asociación naturalista.

El MITECO no entiende que el Ayuntamiento no esté resolviendo y poniendo en valor el ejercicio de sus competencias urbanísticas para solucionar el daño ambiental que se está provocando con su actitud pasiva, tanto en el caso de la Cala del Pino, como en el Vivero o como en el aún más flagrante de Bahía Bella.

El Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM) contempla una inversión del Gobierno central de 67,6 millones para crear el cinturón verde, para contribuir a la reducción de las entradas de nutrientes y escorrentía a la laguna con tres tipos de infraestructuras: humedales seminaturales, filtros verdes y áreas de renaturalización. La selección de las parcelas donde se va a actuar, que cubrirá una superficie de casi 1.000 hectáreas, responde exclusivamente a criterios técnicos para garantizar su funcionalidad amortiguando impactos que llegan a la laguna procedente de su cuenca vertiente. Las zonas que el Ayuntamiento pretende que adquiera el ministerio no cumple las características técnicas necesarias.

Las actuaciones que se están diseñando han supuesto un trabajo técnico muy intenso de localización de emplazamientos que estén en zonas hidrológicas activas o que puedan abarcar grandes superficies que generen conectividad ambiental con espacios libres protegidos, cuyo coste por unidad tenga la menor incidencia posible en el coste total de las actuaciones.

Además del cinturón verde, son muchas las actuaciones previstas para eliminar impactos como la Sierra Minera, para lo que está prevista una inversión inicial de 40 M€, o los 22,4 millones de euros para retirar las instalaciones inacabadas de Puerto Mayor y recuperar la caleta del Estacio, en La Manga, lo que generará un beneficio ambiental y social sobre esa parte del litoral de la Región de Murcia.

El MITECO vuelve a lamentar que, en un contexto electoral, el Ayuntamiento de Cartagena quiera eludir sus competencias desviándolas a una administración que ha mostrado su implicación y su colaboración con el consistorio, siendo el municipio donde más se está invirtiendo de todos los que conforman la cuenca vertiente del Mar Menor, con 15,8 M€ contratados y 10,5 M€ ejecutados, entre los que se encuentran los 4 M€ transferidos a las arcas municipales para reforzar la red municipal de saneamiento y para mejorar la gestión ante inundaciones.