Las organizaciones ecologistas y de defensa del Mar Menor reciben con satisfacción la constitución de la Comisión Interadministrativa, a pesar del retraso en aplicar la Ley 3/2020 de protección del ecosistema.

También exigen la puesta en marcha inmediata de los organismos de tutoría del Mar Menor previstos en la Ley 19/2022 que le otorga personalidad jurídica a la laguna.

La firma del protocolo de constitución de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, que implica a los gobiernos de España, de la Región de Murcia y de los Ayuntamientos, que han llevado a cabo hoy la Vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera junto al Presidente de la región Murciana, Fernando López Miras, y los alcaldes de los municipios de la cuenca vertiente, ha sido bien recibida por las organizaciones ecologistas y de defensa de la laguna.

Esta comisión debería servir, a partir de ahora, para coordinar las acciones interinstitucionales para la protección y recuperación del Mar Menor, y es requisito indispensable en cumplimiento de las obligaciones normativas de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, que el gobierno regional de López Miras venía infringiendo sistemáticamente, al igual que otras medidas que establece dicha norma, necesarias y urgentes.

Se trata de un mecanismo imprescindible para poner en marcha con éxito las soluciones orientadas a reducir los impactos que siguen dañando el ecosistema marmenorense, y permitir así su recuperación. Las organizaciones esperan y demandan que este paso sea el inicio del cumplimiento del resto de obligaciones legales que vienen siendo ignoradas sistemáticamente.

La puesta en marcha de esta Comisión ha sido una reivindicación recurrente desde hace más de 3 años de las organizaciones sociales, y así se incluyó también en el “Decálogo por el Mar Menor” [1] que elaboraron como compromiso para las candidaturas a las elecciones autonómicas y nacionales de 2023. Entre las propuestas también se ponía el foco en el cumplimiento de la normativa vigente, tanto regional como nacional y europea, en materia de abonado y fertilizantes, vertidos procedentes de la agricultura intensiva y de las granjas porcinas, desnitrificación de la tierra y de las aguas de la cuenca, y recuperación y renaturalización de la laguna y su cuenca, etc. Obligaciones legales que deben ponerse en marcha sin más dilación, y cuyo respeto y ejecución deben dejar de ser vulnerados, y asumirse las posibles responsabilidades administrativas y penales que su trasgresión conlleva.

En este sentido, las organizaciones anuncian que tendrán por fin ocasión de realizar sus propuestas y reivindicaciones en esta materia, en la reunión que tendrá lugar en los próximos días con el Consejero de Medio Ambiente, y que pretenden abordar desde una perspectiva colaborativa con la administración regional.

Por otro lado, las organizaciones han querido aprovechar la visita de la Ministra Rivera, para llamar la atención sobre el retraso en la aprobación y puesta en marcha por el Consejo de Ministros del reglamento de desarrollo de la Ley 19/2022 que otorga Personalidad Jurídica al Mar Menor, en vigor desde hace más de un año, y que fue resultado de una Iniciativa Legislativa Popular.

Dicho reglamento es necesario para la constitución de los organismos institucional, ciudadano y científico de Tutoría del Mar Menor, por lo que demandan al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros la diligencia debida para que, cumpliendo con sus obligaciones, consultiva y ejecutiva respectivamente, faciliten la constitución de los organismos: Comisión de Representantes, Comisión de Seguimiento de los defensores y defensoras del Mar Menor, y Comité Científico.

Como reflexión final, desde las organizaciones han manifestado que la experiencia ha mostrado que las instituciones por sí solas no garantizan la protección y recuperación del Mar Menor. Consideran que, si sólo se constituyen mecanismos de coordinación interadministrativa, pero no los de participación y decisión en los que esté presente la sociedad civil, no hay garantías suficientes. Y por ello solicitan que ambos procesos sean paralelos en el tiempo, y convergentes en su propósito y acción.

Para terminar, las organizaciones ecologistas y de defensa del Mar Menor se muestran dispuestas a colaborar en la protección y recuperación de la laguna salada, como lo han estado desde el principio, y se consideran capaces de asumir sus responsabilidades en este sentido.