PSOE: "Después de dos años y con el plazo cumplido, la residencia para personas mayores de Cañada de las Eras sigue sin construir"

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El PSOE de Molina ha denunciado en rueda de prensa que, después de dos años y con el plazo cumplido, la residencia para personas mayores de Cañada de las Eras sigue sin construir.

El Secretario General y Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Gomariz, ha recordado que en 2008 el Pleno cedió suelo público y concedió la construcción y explotación de una residencia para personas mayores dependientes a una empresa privada (una Unidad Temporal de Empresas formada por Ferrovial y Murcia Sociosanitaria Bass)

El Grupo Municipal Socialista ya manifestó que esta residencia debía de ser de titularidad, construcción y gestión pública, ya que en Molina no hay ninguna residencia pública para personas mayores. Tan sólo algunas plazas concertadas en residencias privadas.

Para el PSOE es lamentable que hoy, dos años después, ni siquiera se hayan iniciado las obras, cuando se aseguró que la residencia estaría en funcionamiento en un plazo de 48 meses. Además, desde el PP nadie ha salido a dar explicaciones.

Para Gomariz este es un ejemplo más del poco interés con el que el PP está gestionando la Ley de Promoción de la Autonomía Personal (Ley de Dependencia) en Murcia. De hecho, la población de personas que en Molina ha solicitado ser reconocida como dependiente es de 2.859 y la mayoría de estas solicitudes corresponden a personas mayores dependientes, personas que ya podrían estar beneficiándose de una plaza residencial pública.

También ha recordado que el PP ha desaprovechado ya dos oportunidades para haber construido una residencia pública con los más de 17 millones de euros que el Gobierno de España ha enviado a Molina a través del Plan E.

El PSOE exige que se resuelva esta concesión porque “estamos ante un claro perjuicio y daño al interés general y ante un incumplimiento”. Para ello van a solicitar en el próximo pleno ordinario que se inicien los trámites de inmediato para que sea la Comunidad Autónoma la que construya y gestione una residencia pública.

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