A tenor de las noticias aparecidas hoy en la prensa escrita referidas al exalcalde de Partido Popular en relación con el caso de telefonía por el que se abrieron diligencias por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, el PSOE respeta, como no podía ser de otra manera, las decisiones judiciales, de las que hasta ahora solo ha tenido conocimiento, al igual que el Gobierno Municipal a través del medio de comunicación que ha anunciado el archivo de la causa. Al respecto hay que destacar que la resolución no es firme, por lo que contra la misma cabe recurso y se está analizando con el letrado que ejerció la acusación, Ángel Parra, perteneciente a un servicio jurídico externo al ayuntamiento, la posibilidad de interponer recurso contra el citado auto.
Este auto es resultado de la aplicación de teoría del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, recurrida ante el Tribunal Supremo, que impide ampliar los plazos de instrucción en un procedimiento penal y que, por otro lado, se contrapone con lo que la Audiencia Provincial considera en este sentido. Como es conocido, muchos políticos investigados, pertenecientes al PP, se han "beneficiado" de esta interpretación por parte del TSJ en el "caso pasarelas" contra el ex Presidente Pedro Antonio Sánchez. No obstante hay que recordar, que la interpretación de la citada norma por el TSJ de Murcia, está recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que una eventual resolución en contra de la interpretación dada por el Tribunal murciano podría dar lugar a la reapertura de numerosos casos de corrupción que se han visto abocados al archivo por no dar tiempo a practicar todas las pruebas necesarias, como el caso que implica a Eduardo Contreras, la exconcejala de TIC y el funcionario que ejercía la jefatura del servicio. Los plazos tan cortos de instrucción de los procedimientos penales que se introdujeron en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, una vez más han impedido que se pueda investigar a fondo un caso de corrupción.
Al margen de lo anterior, y de que el acortamiento de los plazos de instrucción sin dotar de medios suficientes a la justicia, solo favorece la corrupción en las instituciones, tenemos que recordar que los nuevos contratos de telefonía firmados con el actual gobierno redujeron la factura a la mitad, con un ahorro de medio millón de euros y con más servicios. Se pasó de un contrato de 849.653 € a 4 años, a otro de 181.414 € a 2 años, con tarifa plana e ilimitada. Además se eliminó el CPD con la empresa de telefonía por servicio Cloud de 1 millón € (4 años), para gestionarlo con medios propios y con CRISOL: Las cifras son elocuentes y hablan por sí mismas.
Recordamos que el Consistorio molinense y por extensión todo el pueblo de Molina de Segura se ha visto perjudicado por numerosos casos de presunta corrupción imputados o procesados, lo que ha supuesto pérdidas millonarias para todos los molinenses. Desde el PSOE agradecemos la responsabilidad con la que ha obrado el Gobierno Municipal de Molina de Segura denunciado unos hechos que pueden incurrir en delitos de corrupción, no hacerlo los hubiera convertido en cómplices.
