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Comunicado de la concejala de Seguridad Ciudadana y Policía Local del ayuntamiento de Molina de Segura

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Comunicado de la concejala de Seguridad Ciudadana y Policía Local del ayuntamiento de Molina de Segura

En respuesta la nota remitida por representantes de sindicatos del Ayuntamiento de Molina de Segura a tenor de la resolución para la recuperación de horas no prestadas por agentes de la Policía Local de la localidad durante el Estado de Alarma, la Concejala de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Julia Fernández Castro, tiene a bien realizar las siguientes aclaraciones que ponen de manifiesto la falta de veracidad de las informaciones vertidas en la mencionada nota:

Una vez iniciado el Estado de Alarma, son los propios representantes sindicales los que realizan la propuesta del cambio del horario, y por tanto, de cuadrante para dar mayor seguridad de distancia social en los relevos, con el visto bueno de los delegados de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de prevenir el contagio de la COVID19.

Cuando llega esta propuesta al Equipo de Gobierno la ve plenamente garantista hacia su seguridad laboral y acepta el mencionado cambio de horario propuesto por los representantes sindicales de Policía Local, pero con la condición de que el déficit que se generaría en el cómputo anual de horas sería recuperado una vez finalizado el Estado de Alarma.

La negociación se llevó a cabo en todo momento entre los representantes sindicales de Policía Local y Jefatura del Servicio y se desarrolló en la última semana del mes de marzo.

Cuando los representantes sindicales conocieron la decisión del Equipo de Gobierno de aceptar esta rotación en los turnos propuesta por ellos mismos, que era del todo positiva para salvaguardar la seguridad y salud de los agentes y sus familias, pero recuperables, anunciaron su decisión de no aceptar este cambio de cuadrantes y seguir como estaban, momento en el que su salud y todos los argumentos utilizados para solicitar el cambio del cuadrante parecen desaparecer.

Fue entonces cuando se tomó la decisión de implantar la propuesta sugerida por los sindicatos, pero con la condición de negociar la recuperación, una vez finalizado el Estado de Alarma. El tiempo que los agentes estuvieron trabajando 2 días en turnos de 12 horas y descansando 6 días seguidos, ha causado un déficit horario de promedio 120/140 horas por agente, y ha supuesto a las arcas municipales unos 700.000 euros pagados y cobrados por los agentes que no han realizado.

Todos empleados públicos han recuperado las horas que dejaron de trabajar en el estado de alarma y la no recuperación de estas horas por parte de Policía Local supondría un agravio comparativo hacia ellos.

En el mes de septiembre se convocó una Mesa General de Negociación para negociar la recuperación del déficit horario y de forma unilateral la parte sindical negó en todo momento negociar nada alegando que no tenían nada que recuperar.

Existen dos informes, uno de la Asesoría Jurídica y otro del Jefe de Recursos Humanos, donde se recogen la obligación de la recuperación de este déficit horario, que son perfectamente conocidos por los representantes sindicales y por el resto de grupos políticos de la Corporación, ya que son enviados previamente a la convocatoria de la Mesa General.

Una vez realizado el informe jurídico del Jefe de Recursos Humanos, se realiza la Resolución desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana para la recuperación de este déficit horario, que se pondrá en marcha este mes de octubre y que tiene hasta el día 31 de marzo para su recuperación, básicamente, cubriendo los servicios de mercados y entradas y salidas de los colegios, en horario de mañanas.

Tal y como se puede constatar, la Concejala de Policía Local afirma que "todas las decisiones se tomaron para garantizar la seguridad de los agentes y a propuesta de los mismos, pero con la condición de recuperar las horas no prestadas, que ascienden a 700.000 euros de las arcas municipales. Se les pide lo mismo que a cualquier trabajador municipal; lo contrario sería un agravio comparativo. Y es una decisión que, además, cuenta con el respaldo de dos informes jurídicos".

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