Un matrimonio de Molina de Segura (Murcia) ha logrado la cancelación de una deuda de 30.084 euros gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, obteniendo la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que les permite quedar liberados de sus obligaciones económicas.

Su situación de insolvencia se originó en 2014. Debido a la grave inseguridad vivida en Venezuela, decidieron emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Al llegar a su nuevo destino, intentaron encontrar empleo en sus respectivas áreas de estudio sin éxito. Durante los primeros meses fueron agotando sus ahorros, lo que les obligó a aceptar trabajos temporales y mal remunerados que no les proporcionaron estabilidad.

A lo largo de este tiempo, varias entidades financieras les ofrecieron tarjetas de crédito y préstamos personales que usaron para cubrir gastos básicos como alimentación, alquiler o combustible. Sin embargo, las deudas se acumularon y se vieron atrapados en un círculo del que no pudieron salir. Intentaron unificar sus deudas mediante nuevos créditos, pero las solicitudes fueron rechazadas debido a su alta carga financiera, lo que agravó aún más su situación.

La crisis se intensificó durante la pandemia, cuando uno de los miembros de la pareja fue incluido en un ERTE, mientras que el otro se encontraba desempleado. Este contexto les colocó en una posición económica muy precaria, afectando gravemente su capacidad para cumplir con los pagos y cubrir sus necesidades básicas.

Como en su caso, muchas personas atraviesan circunstancias similares y solo mediante el mecanismo de segunda oportunidad consiguen recuperar su estabilidad económica y emocional.

Quienes se acogen a esta ley pueden comenzar de nuevo, dejando de figurar en listados de morosidad como ASNEF y poniendo fin a las continuas llamadas de bancos y financieras. Además, recuperan la posibilidad de acceder a nuevos créditos, emprender proyectos o registrar bienes a su nombre.

Aprobada en 2015, la Ley de Segunda Oportunidad ha ido ganando visibilidad gracias a los testimonios de quienes han conseguido liberarse de sus deudas. De este modo, cada vez más personas recurren a este procedimiento para cancelar obligaciones que les resultan imposibles de asumir.

Esta normativa permite tanto a particulares como a autónomos quedar exonerados de sus deudas siempre que cumplan ciertos requisitos: no haberse acogido al proceso en los últimos cinco años, no haber sido condenados por delitos socioeconómicos en la última década, encontrarse en una situación de insolvencia actual o inminente y, sobre todo, actuar de buena fe aportando toda la documentación necesaria que acredite su incapacidad de pago.