El TSJ de Murcia admite a trámite el recurso contencioso-administrativo contra la Confederación Hidrográfica del Segura por negar la existencia de un cauce donde se estaría construyendo la controvertida planta de biogás

El tejido empresarial alerta de riesgos y anuncia que exigirá responsabilidades “hasta las últimas consecuencias”, y no descarta llamar a declarar a los responsables de la CHS para que expliquen cómo han podido emitir esta resolución

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Polvorista ha anunciado hoy la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de su recurso contencioso-administrativo contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en relación con el expediente sobre el deslinde del dominio público hidráulico en la Rambla de la Ribera de La Polvorista.

Según el decreto judicial de fecha 27 de abril de 2026, el órgano judicial ha acordado admitir a trámite el recurso presentado contra la resolución de la CHS de 23 de marzo de 2026, iniciándose así el procedimiento ordinario y requiriendo al organismo de cuenca la remisión completa del expediente administrativo .

Un conflicto por la seguridad del polígono

Los empresarios sostienen que la decisión de la CHS -que negó la existencia de un cauce natural en la zona- es errónea y ha permitido que se esté levantando una planta de biogás en un emplazamiento que califican como potencialmente peligroso.

En este sentido, subrayan un hecho especialmente relevante, y es que el cauce cuya existencia niega la CHS sí figura reconocido por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el inventario oficial de cauces naturales, e incluso ha sido incorporado y utilizado en planes de emergencia de industrias del propio polígono, lo que, a su juicio, evidencia una clara incoherencia entre administraciones.

Pruebas técnicas ignoradas

La Asociación de Empresarios denuncia además que durante la tramitación del expediente se aportó abundante documentación técnica y probatoria, entre la que se incluyen informes periciales especializados, actas notariales, cartografía histórica y documentación técnica, y el propio estudio geotécnico de la planta de biogás, que reconoce la existencia del lecho del cauce en la zona.

Según sostienen, este conjunto de pruebas apuntaba de forma convergente a la existencia de una rambla o cauce natural, por lo que consideran especialmente grave que haya sido ignorado en la resolución administrativa impugnada..

Desde la Asociación advierten además de que esta resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura “sienta un grave precedente”, al negar la existencia de un cauce natural pese a la abundante documentación técnica aportada —informes periciales, actas notariales, cartografía histórica y estudios del propio proyecto—, apoyándose esencialmente en una mera interpretación visual de una fotografía aérea en blanco y negro. A juicio del colectivo empresarial, esta forma de proceder “se aparta de los criterios legales exigidos por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico”, que obliga a valorar de forma conjunta elementos técnicos, históricos, geomorfológicos e hidrológicos, y no permite resolver una cuestión de esta naturaleza con un análisis simplificado e insuficiente.

“Vamos a llegar hasta el final”

Desde la Asociación han mostrado su satisfacción por la admisión del recurso, al considerar que “abre la vía judicial para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades”.

El colectivo ha sido tajante al anunciar que llevará el asunto hasta sus últimas consecuencias: “Vamos a llegar hasta donde haga falta. Si es necesario, se llamará a declarar a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura para que expliquen cómo se ha podido ignorar no solo informes técnicos y pruebas periciales, sino incluso documentación oficial y estudios vinculados al propio proyecto”.

El expediente, bajo control judicial

El tribunal ha ordenado a la CHS remitir en un plazo de 20 días hábiles el expediente administrativo completo, foliado, autentificado e indexado, lo que permitirá analizar en profundidad todas las actuaciones realizadas por el organismo de cuenca.

Un caso que trasciende lo administrativo

Los empresarios consideran que este asunto va más allá de una cuestión técnica o administrativa, y lo sitúan en el ámbito de la seguridad y la responsabilidad pública.

Advierten de que no van a permitir que decisiones que afectan directamente a la integridad de trabajadores, empresas y al medio ambiente queden sin aclarar, y reiteran su compromiso de defender los intereses del polígono “con todos los medios legales a su alcance”.