Estas medidas tratan de atajar el problema de la vivienda con un enfoque integral para incrementar la oferta en alquiler, proteger al arrendatario, aliviar sus gastos de arrendamiento o dar una mayor seguridad jurídica al arrendador.

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha celebrado el claro respaldo del Tribunal Constitucional al "corazón" del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, promovido por el Gobierno y respaldado por el Congreso de los Diputados para fomentar la vivienda en alquiler asequible.

Según ha explicado el secretario de Estado en una comparecencia ante los medios de comunicación, las medidas referidas tratan de atajar el problema de la vivienda con un enfoque integral, en el que se busca incrementar la oferta de vivienda en alquiler, proteger al arrendatario con el aumento de los plazos de los contratos, limitar el incremento de las rentas de alquiler al IPC, aliviar sus gastos de arrendamiento o dar una mayor seguridad jurídica al arrendador. Todas ellas, según afirmó, son medidas que han sido refrendadas por el Alto Tribunal.

Saura ha asegurado que el eje central del Real Decreto-Ley, que ha quedado respaldado por esta sentencia, comprende las medidas que han sido implementadas "desde el primer minuto" y que acometen de manera inmediata la urgencia social de la vivienda.

Por otro lado, también negó que el fallo del Tribunal Constitucional vaya a entorpecer otras medidas estructurales y de mediano plazo que son la verdadera solución al problema de vivienda, como el Plan 20.000 para el fomento de vivienda de alquiler social o asequible. En este sentido, el secretario de Estado, ha enumerado una serie de actuaciones:

• El Plan Estatal de Vivienda. Según señaló Pedro Saura, entre 2018 y 2019, este Gobierno ha firmado 120 acuerdos para la construcción de 3.260 viviendas de alquiler asequible. Añadió que en estas actuaciones este Ministerio ha aportado 55 millones de euros, que han servido, junto con las aportaciones de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para atraer el capital privado, lo que ha implicado una inversión total de 330 millones de euros.
• Se está trabajando, asimismo, según aseguró el secretario de Estado, con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), para que a través de la cesión de derechos de superficie y bajo esquemas de asociación pública privada, se fomente la construcción de vivienda para alquiler social y asequible para 5.000 viviendas adicionales.
• Saura, por último, señaló que actualmente se está movilizando suelo público perteneciente a la Administración General del Estado, a otras administraciones y a los organismos de ellas dependientes para promover vivienda social o asequible.