Los ministros destacan la digitalización de los trámites de acceso a la Justicia, la limitación de la suspensión de algunos derechos básicos de los ciudadanos y la búsqueda de métodos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y el arbitraje 'on line'.

Los coordinadores nacionales de los 22 países que forman parte de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) han compartido por videoconferencia las buenas prácticas en el acceso a la Justicia, los servicios a la población y los Derechos Humanos durante la COVID-19. En diferentes sesiones telemáticas celebradas esta semana, los equipos técnicos de cada país han expuesto los resultados de políticas públicas en el sector de la Justicia dirigidas a garantizar que los derechos de los ciudadanos no se vieran socavados durante la crisis sanitaria.

Durante estos encuentros virtuales se han identificado y valorado medidas que han permitido mantener el cumplimiento de estos derechos, como el empleo de medios digitales para el acceso y ejercicio de la Justicia, la tramitación procesal internacional por vía telemática y el establecimiento de límites (temporales y otros) a la suspensión de algunos derechos básicos (movilidad, reunión, etc…).

El objetivo es, una vez analizadas estas prácticas positivas, elaborar un plan que pueda servir de guía en el sector Justicia y que marque los estándares básicos a aplicar en futuras crisis. Desde este punto de vista, el diálogo multilateral y la puesta en común han resultado muy útiles.

En este sentido, Sonia Nuez, representante del Ministerio de Justicia español, ha destacado "el compromiso de los representantes de los diferentes Ministerios de Justicia de Iberoamérica en identificar alternativas de acceso a la justicia en tiempos de pandemia y la conveniencia de seguir una línea de trabajo con otros mecanismos de resolución de controversias, como pueden ser la mediación on line, el arbitraje, la conciliación y la negociación asistida por vía telemática".

La COMJIB tiene por objeto el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica. Su fin último es la construcción de un espacio jurídico iberoamericano, a través de la armonización legislativa, pero de forma orientativa y no vinculante, a diferencia de como ocurre en la Unión Europea. Durante los últimos años, se ha avanzado en la construcción de este espacio jurídico iberoamericano, a través de la cooperación tecnológica en el ámbito de la administración de Justicia que permite la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica (Iber-Red).