Interinos de la Junta en fraude de ley han pedido hoy desde Cádiz al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que suspenda cautelarmente la resolución de la Junta de Andalucía para convocar las oposiciones libres extraordinarias de los años 2017 y 2018 dirigidas a cubrir puestos de interinos, amparándose en la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El TSJA acaba de asumir la demanda presentada por la Asociación de Profesionales Valoradores de la Dependencia en Andalucía (AproVadA) y el abogado Manuel Martos el pasado mes de enero ante el Contencioso-Administrativo de Sevilla, el cual se ha inhibido en esta causa. Al elevarse la demanda al tribunal autonómico ha permitido reforzar ahora la petición aportando los últimos argumentos salidos del alto tribunal europeo.

Los interinos pretenden que la suspensión se mantenga, al menos, hasta que el Parlamento de Andalucía haya terminado de tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que está en marcha sobre este asunto. Se trata de la primera ley que se tramita procedente de una propuesta ciudadana. Su aprobación conllevaría convocar un proceso selectivo exclusivamente por concurso de méritos dirigido a estabilizar a los casi 30.000 puestos en fraude de ley existentes en la Junta entre funcionarios interinos y estatutarios temporales.

El presidente de AproVadA, David Núñez, que ha presentado el escrito, confía en que el proceso parlamentario culmine con la aprobación de la ILP “dando una solución justa a miles de personas que han ocupado puestos de estructura de forma provisional durante hasta 27 años. Trabajadores que lo han dado todo para mantener los servicios públicos esenciales y cuya labor sigue siendo decisiva para afrontar la pandemia provocada por el covid-19”.

Núñez ha explicado que “hay tiempo” para que se termine de tramitar la ley en sede parlamentaria y convocar el proceso selectivo específico. Y es que el debate en la Cámara andaluza debe abordarse en este último trimestre parlamentario y debido al covid-19 el Gobierno estatal ha ampliado en un año (hasta finales de 2021) el plazo para convocar procesos de estabilización de interinos en fraude de ley por abuso de la temporalidad.

En su defecto, los demandantes también plantean al TSJA un horizonte temporal alternativo para la suspensión de las oposiciones de estabilización convocadas por la Junta. En concreto  hasta que el Gobierno central haya modificado el actual  Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para dar una solución a este problema a nivel nacional. Una medida que ha anunciado en junio la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

El también presidente de la comisión promotora para la ILP David Núñez, ha recordado que el TJUE emitida el pasado 19 de marzo. considera que un proceso selectivo de libre concurrencia para resolver la situación no es adecuado. En este sentido, el alto tribunal afirma que las convocatorias generales: “no sancionan debidamente ni eliminan las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión”.

Asimismo, en 2016 la misma corte de justicia ya señaló que ante abusos en la contratación es indispensable poder aplicar alguna medida que presente garantías de protección de los trabajadores efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, según la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016.

El alto tribunal “no deja de reprender a España en cada sentencia por la situación de los interinos, que es verdaderamente vergonzosa. Existe una solución política y queremos que se le de una oportunidad”.

Núñez ha criticado la actitud de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, “que ha vuelto la espalda a los funcionarios interinos y estatutarios temporales”. “Creemos que la separación de poderes debe respetarse. El Legislativo, en este caso el Parlamento andaluz, debe poder hablar  sin que el Ejecutivo lo boicotee sacando las plazas de los interinos a oposición libre. Todo ello sin tener en cuenta que son personas que ya han entrado tras demostrar su capacidad  aprobando oposiciones sin plaza”, añade.

Iniciativa Legislativa

Desde AproVadA recuerdan que la vía del concurso de méritos está contemplada en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, como una medida extraordinaria y siempre que se apruebe mediante una ley. De ahí que pusieran en marcha el proceso para llevar ante el Parlamento Andaluz una proposición de Ley promovida desde la ciudadanía, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

La petición de los interinos andaluces fue admitida a trámite por el Parlamento Andaluz el 15 de mayo de 2018 y el 20 de septiembre la Junta Electoral abría el proceso para la recogida de un mínimo de 40.000 firmas imprescindibles para que el texto pudiera  entrar en la Cámara andaluza. Se presentaron un total de 51.630 firmas ante la Oficina del Censo Electoral el 13 de mayo de 2019. En julio, la ILP entraba en el Parlamento para  afrontar su primera votación, sobre si la ley debía tramitarse.

El 25 de septiembre se aprobaba en el Pleno su toma en consideración con los votos a favor de PSOE y Adelante Andalucía y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox. Se convertía así en la primera ILP que se tramite en el Parlamento, dado que las anteriores no superaron la barrera de la primera votación parlamentaria.