"Llegamos tarde no solo por la escasez de recursos y las condiciones en las que trabajan los servicios sociales de los municipios, sino porque la prevención no se prioriza", afirma Pepa Horno, coordinadora de la investigación.

Según el informe, es necesario un itinerario de protección coordinado y bien definido, y contar con procesos de sistematización de la información para todo el territorio nacional.

La experiencia de Aldeas demuestra que el trabajo preventivo con las familias contribuye a evitar la separación de padres e hijos: Solo 7 de los 3.778 niños y niñas en riesgo atendidos por la organización en 2019 necesitaron una medida de protección.

Aldeas Infantiles SOS presenta hoy el informe Llegar a tiempo. Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo en España, una investigación realizada por Espirales Consultoría de Infancia que aborda la situación de la infancia vulnerable en nuestro país y el itinerario de un niño desde que es declarado en riesgo. El informe analiza una muestra representativa a nivel estatal de 150 municipios de todas las Comunidades Autónomas e identifica los recursos públicos disponibles para la intervención con niños y niñas en situación de riesgo dirigidos a preservar la unidad familiar y evitar la pérdida del cuidado parental.

La atención que reciben los niños en riesgo en España varía dependiendo del municipio en el que se encuentren. Esta es una de las conclusiones del informe presentado hoy por Aldeas Infantiles SOS. La Ley 26/2015 de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que contempla y regula la figura de la Declaración Administrativa de Riesgo, se aplica de manera desigual según el territorio, y algunas Comunidades Autónomas no han adaptado su normativa.

Además, el propio concepto de riesgo también difiere de un lugar a otro, no hay criterios técnicos uniformes en los distintos municipios a la hora de identificar una situación de riesgo e intervenir, y existen pocos instrumentos de valoración estandarizados. En consecuencia, el informe concluye que una misma situación puede ser considerada "de riesgo", "de vulnerabilidad" o "sin riesgo alguno" en función no solo de la Comunidad Autónoma, ni del servicio, sino de cada profesional dentro de un mismo equipo municipal.

La coordinadora de la investigación y consultora de Espirales Consultoría de Infancia, Pepa Horno, señala que no se interviene a tiempo con niños, niñas y adolescentes en riesgo: "Llegamos tarde no solo por la escasez de recursos y las condiciones en las que trabajan los servicios sociales de los municipios, sino porque la prevención no se prioriza ni se entiende como intervención en una situación de riesgo. Además, el sistema parece mantener una mirada evaluadora más que reparadora en la que se da prioridad a la vulnerabilidad económica y la intervención en la adolescencia en vez de en la primera infancia".

Tampoco existen datos oficiales sobre la infancia en riesgo en España ni sobre los presupuestos dedicados a atenderla. "La falta de transparencia y accesibilidad a los datos y la variabilidad en el enfoque técnico de la intervención y en el marco normativo es enorme. Solo la tercera parte de los 150 municipios pudo decir cuántos niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo tenía en su territorio y únicamente 19 pudieron dar el dato de cuántos de los niños con los que habían intervenido habían acabado siendo tutelados", explica F. Javier Romeo, coordinador técnico de la investigación y consultor de Espirales Consultoría de Infancia. "Y esta es una realidad tanto en municipios pequeños como grandes, rurales y urbanos y de todas las CC.AA. Asimismo, en los recursos identificados en los municipios se puede ver que a menudo se sigue igualando riesgo a exclusión y pobreza", continúa.

El presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig, pone el acento en el carácter inconexo de las intervenciones. "No existe una continuidad en la intervención con niños y niñas en situación de riesgo, y las estructuras de trabajo en red que la hacen posible son minoritarias. Esto, unido a la poca sistematización de los datos, hace que sea muy difícil seguir el itinerario de un niño por los diferentes recursos y niveles del sistema de protección".

Llegar a tiempo es posible

Aldeas Infantiles SOS plantea en este informe una serie de recomendaciones para garantizar una intervención de calidad que ponga el acento en la prevención y el fortalecimiento familiar y que contribuya de forma efectiva a que las situaciones de riesgo no acaben desembocando en la separación de un niño de su familia.

La experiencia de la organización de atención directa a la infancia demuestra que el trabajo preventivo con las familias contribuye a evitar la separación de padres e hijos. En 2019, Aldeas atendió en sus Programas de Prevención a 3.778 niños y niñas en situación de riesgo derivados por los Servicios Sociales. De ellos, solo 7 (el 0,18%) pasaron a estar tutelados por la Administración al haber sufrido un empeoramiento de su situación.

Entre dichas recomendaciones, la organización destaca la importancia de contar con procesos de sistematización de la información para todo el territorio nacional, de modo que sea posible seguir el itinerario de un niño, niña o adolescente por los distintos niveles del sistema de protección, incluso cuando cambie de residencia. Esto permitiría, además, elaborar estadísticas fehacientes sobre la situación de la infancia en riesgo en España, de modo que esta pueda ser abordada a través de políticas y de la acción directa.

También es fundamental que las distintas administraciones y áreas implicadas trabajen de forma coordinada, estableciendo como prioridad de actuación el interés superior del niño, niña o adolescente. Para ello se hace necesario un itinerario de protección coordinado y bien definido, desde la prevención, la situación de riesgo y el desamparo.

Y, por último, el estudio también aborda la necesidad de acabar con esa mirada evaluadora y poco recuperadora del sistema en relación a las familias con las que se interviene. Culpabilizarlas no es la respuesta. Es necesario acompañar, prevenir, visibilizar los distintos tipos de riesgo, trabajar en red y asumir la responsabilidad comunitaria compartida. Solo así estaremos en condiciones de llegar a tiempo de evitar el desamparo.

En la presentación del informe también participan Gabriel González-Bueno, director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, y Joaquín Corcobado, jefe del área de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Dirección General de Igualdad y Política Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

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