Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo de 7.690,87 millones de euros a 31 de agosto de 2020. Esta cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 108.059,47 millones de euros, que presentan un incremento del 11,48%, y unas obligaciones reconocidas de 115.750,34 millones, que crecen en un 11,34% interanual.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 92,25% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 7,75% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 88,48% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 11,52% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 106.016,63 millones de euros, con un incremento del 11,69% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento 11,36%, hasta 115.635,16 millones de euros.

Ingresos no financieros

En lo que va de año, las cotizaciones sociales han ascendido a 78.928,87 millones de euros, lo que supone 3.307,76 millones menos (-4,02%) respecto al mismo periodo del 2019. Este comportamiento viene motivado por el descenso en la cotización de ocupados de un 6,75% (5.236,84 millones de euros menos), mientras que la cotización de desempleados se eleva un 41,93% (1.929,08 millones de euros más).

El descenso en la cotización de ocupados tiene su origen en las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor y para los autónomos perceptores de la prestación extraordinaria.

A ello se une la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia y las devoluciones de las cuotas de los autónomos beneficiarios de la prestación por COVID-19.

Las transferencias corrientes ascienden a 28.334,75 millones, lo que representa un incremento del 110,57% interanual. La partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 25.896,40 millones (un 139,49% más). Este incremento se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 millones que el Estado ha concedido a la Seguridad Social para equilibrar el impacto en las cuentas del COVID-19.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 105.829,58 millones, un 8,58% más respecto a 2019. Esta cifra representa un 91,43% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida (98.200,60 millones) corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, que ha crecido un 9,16%.

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 3,01% hasta los 84.545,39 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (0,22%), en la elevación de la pensión media (2,07%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 del 0,90%.

Las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 1.936,84 millones, lo que representa un incremento interanual del 14,65%, donde se aprecia el efecto del aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.

El gasto total en incapacidad temporal (IT) se ha visto incrementado un 25,55%, hasta los 7.442,83 millones de euros. Si bien, el gasto en IT por contingencias profesionales ha crecido un 63,77%, hasta 1.115,60 millones, debido al efecto de los procesos provocados por la COVID-19. Destacan los gastos que derivan de la situación de cese de actividad de los trabajadores autónomos que hasta 31 de agosto se cifran en 3.926,12 millones de euros frente a los 9,65 millones de un año antes. El incremento más significativo proviene de la nueva prestación extraordinaria para autónomos, que llega a 3.680,69 millones de euros.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 7.628,98 millones de euros, un 1,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 6.084,37 millones y a subsidios y otras prestaciones 1.544,61 millones, de los cuales 1.497,44 millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital.

El incremento en las prestaciones familiares de un 11,17% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior viene motivado por la mejora en la cuantía de las mismas. La prestación por hijo a cargo ha pasado de un importe de 291 euros a 341, o 588 euros en los casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores a la escala que precisa aquellas familias que se sitúan en la pobreza más severa.

Los gastos de gestión, por su parte, marcan un retroceso del 1,29% interanual. En concreto, los gastos de personal han aumentado un 4,57%, mientras que los gastos corrientes de bienes y servicios disminuyen el 11,07% y los gastos dedicados a inversiones merman el 0,99%.

El aumento de los gastos de personal se debe principalmente al cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.