El Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que reflejan el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas para gestionar esta emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias de la crisis.

En concreto, el Ministerio de Hacienda difunde hoy el dato de déficit del Estado hasta septiembre, que se sitúa en el 5,09% del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social del mes de agosto, que se sitúa en el 7,07% del PIB, excluyendo la ayuda financiera.

Al igual que en los meses previos, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y la batería de medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

Déficit del Estado (septiembre)

En los nueve primeros meses del año, el déficit del Estado se sitúa en 56.291 millones de euros lo que equivale al 5,09% del PIB. Se trata de una cifra más moderada que el mes anterior. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 3,56%.

Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 12,3%, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 18,5%, hasta 188.672 millones. Ese comportamiento se explica, fundamentalmente, por el aumento de programas sanitarios y por las mayores transferencias a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

Además, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros se sitúan en 132.381 millones, lo que supone una disminución del 12,3% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de septiembre están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Así, los recursos impositivos -representan el 82,4% del total- se sitúan en 109.120 millones, lo que implica una disminución del 14%. Retroceden la mayor parte de las figuras tributarias. Por un lado, se produce un descenso del 12,7% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 14,3%, hasta los 50.252 millones. Este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y por la minoración de ingresos de medidas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la COVID-19. En cualquier caso, el IVA sigue moderando su caída respecto a la registrada en meses anteriores.

También respecto a los impuestos sobre la producción y las importaciones, hay que recordar que en 2020 se ha recuperado el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya que en 2019 se suspendió la presentación e ingreso del cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2019. Por tanto, la recaudación hasta septiembre por este impuesto asciende a 747 millones, frente a unos ingresos de 317 millones en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero crecen un 21,9%.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 16,1%, siendo también la reducción de la recaudación más moderada respecto a la experimentada en meses anteriores. El Impuesto sobre Sociedades baja un 2,6%. Por su parte, el IRPF desciende un 21,7% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 56,1% y las cotizaciones sociales un 1,0%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 31,2% así como los intereses, que disminuyen un 17,5%. Destaca el buen comportamiento de los dividendos del Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando en parte el descenso registrado en los dividendos de ENAIRE y de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en 2020.

Empleos no financieros del Estado

Hasta septiembre los empleos no financieros han ascendido a 188.672 millones, cifra superior en un 18,5% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las CCAA y a la Seguridad Social.

Las transferencias a las CCAA aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior. El objetivo de estas medidas es garantizar a las CCAA los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad.

A lo anterior hay que sumar la parte correspondiente a los dos primeros tramos del Fondo COVID por importe de 8.000 millones (sobre un total de 16.000 millones). Este fondo no reembolsable -las CCAA no lo tienen que devolver- se distribuye teniendo en cuenta los costes derivados de la pandemia en el sistema sanitario, educativo, así como para compensar la caída de los ingresos fiscales autonómicos.

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las CCAA han recibido, entre otros, 300 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por el COVID-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.

Los consumos intermedios se incrementan en un 16,7%, crecimiento en el que inciden los 851 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,9% debido a la subida salarial del 2% así como a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 6,7%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%, mientras que la cooperación internacional corriente se incrementa en un 19,3%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 51%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7). También esta rúbrica incluye un gasto relacionado con la pandemia de 98 millones por la compra de respiradores mecánicos.

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 9,9% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 898 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 39,9%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

Déficit conjunto de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social (agosto)

Hasta agosto de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 78.127 millones, lo que equivale al 7,07% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 78.104 millones de euros, también el 7,07% del PIB.

Administración Central

La Administración Central ha registrado un déficit del 5,52% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 23 millones hasta agosto.

El déficit del Estado en agosto equivale al 5,45% del PIB, lo que supone 60.248 millones.

Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 743 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,07% del PIB, lo que implica un descenso del 33,8% respecto a 2019.

Comunidades Autónomas

La Administración regional ha registrado un superávit 2.097 millones, lo que supone el 0,19% del PIB, frente al déficit del 0,25% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CCAA y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.

En concreto, la obtención de este resultado obedece al adelanto de la financiación procedente del Estado: se han transferido 5.976 millones correspondientes al Tramo I del Fondo COVID-19, 325 millones del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales, 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia; se ha adelantado la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, lo que supone 447 millones; incremento de recursos provenientes de la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación, y además con la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, se transfirió el importe derivado de dicha actualización entre marzo y abril.

Además, los ingresos se han incrementado un 8,3%. En este sentido, cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos en un 8,7%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 20% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 11,9%, por los mayores recursos recibidos del Estado.

Como ya se ha advertido en los meses previos, hay que tener en cuenta que tanto en 2019 como en 2020 ha habido prórroga de los Presupuestos Generales, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 24%, destacando el descenso del 22,4% del ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 3,8%, los consumos intermedios crecen un 9,6%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 4,9% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID hasta agosto. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 2,0%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia.

Las subvenciones se elevan un 13,9% y las prestaciones sociales un 6,6%. Entre los gastos que descienden nos encontramos con las transferencias entre AAPP, que caen en un 4,7%, así como los intereses y la inversión, que disminuyen en un 15,8% y en un 3,3%, respectivamente.

Todas las CCAA (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta agosto de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla la Mancha y Murcia, el resto, es decir un total de 13 CCAA, logran situarse en superávit.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza los 4.851 millones en gasto en sanidad, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,74% del PIB. El comportamiento de este subsector responde, fundamentalmente, a los impactos ocasionados por la crisis derivada de la COVID-19, especialmente sobre las prestaciones sociales. Los recursos se han incrementado un 13,5%, por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 24%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 22.085 millones, lo que representa el 2% del PIB, y supone un 78,5% de todo el incremento de gasto registrado.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 6.428 millones, un 0,58% del PIB, frente al déficit del 0,63% del PIB registrado hace un año, lo que representa un descenso del 17,7%. Esta favorable evolución se debe a la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 82.914 millones, con un incremento del 0,6% respecto a los de finales de agosto de 2019. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 106.514 millones, un 9,1% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la COVID-19.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 12.689 millones hasta agosto. Las cotizaciones sociales descienden un 2,9%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta agosto en 13.633 millones.

La evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de agosto cercano a los 11.000 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la cobertura frente a la COVID-19 suponen el 59,7% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 2.420 millones, un 51,6% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la COVID-19 y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra un resultado negativo de 116 millones.