La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha descrito las dos claves de la modernización: las transformaciones, digital, ecológica, social e institucional, orientadas hacia una mayor cohesión territorial; y el desarrollo del proceso teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento acumulado, de una forma reflexiva.

"Modernizar la Administración Pública será la tarea de nuestro tiempo porque es la que dará auténtico sentido a todas las innovaciones y, especialmente, a la acción política de todos los gobiernos -del Estado, autonómicos y locales- para llevar a cabo las acciones del Plan de Transformación", ha señalado Darias.

España Puede

La ministra de Política Territorial y Función Pública, que ha inaugurado por videoconferencia la V Jornada Anual de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) y que se ha celebrado bajo el título 'Teletrabajo, Innovación e Inteligencia Artificial en la Administración pública en la era posCovid', ha explicado que el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de Recuperación de la UE y está dotado con 672.500 millones -360.000 millones de euros para préstamos y 312.500 millones en transferencias no reembolsables-.

La respuesta del Gobierno de España para hacer frente con fondos europeos a la crisis sanitaria, social y económica, ha indicado Darias, se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocido como 'Plan España Puede'; un plan mediante el que, según los indicadores, España recibirá aproximadamente 60.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y un volumen máximo de 80.000 millones en préstamos.

Los planes que presente nuestro país -ha apuntado Darias- deben constituir un conjunto de reformas y proyectos de inversión pública que, además de abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, contribuyan a las transiciones verde y digital y potencien la creación de empleo. Este Plan, del que colgarán los planes que elaboren gobiernos autonómicos y locales, se estructura en torno a diez políticas palanca, "la cuarta es la Administración pública del siglo XXI".

Darias ha indicado que FEDECA puede desempeñar una importante labor en el proceso de modernización: "Un proceso que debe conducirnos hacia una Administración pública del siglo XXI, que debe estar en consonancia con los valores que son consustanciales a la Administración, pero adaptada a los cambios derivados de los nuevos recursos e instrumentos de gestión".

Digitalización y teletrabajo

La ministra ha subrayado que debemos tener en cuenta el impacto que la revolución digital o tecnológica tendrá sobre el sector público, que ha puesto ya a prueba a las administraciones durante la pandemia en lo que se refiere a la informatización y la digitalización de procedimientos. "Lo que parece haber quedado claro es que la Administración necesitará cada vez más empleadas y empleados públicos con fuertes conocimientos de tecnología y digitalización y con elevada capacidad de adaptación y de aprendizaje continuo".

Darias ha recordado los antecedentes del teletrabajo: los programas piloto de teletrabajo en los ministerios en 2006; la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ya derogada, que incluía una habilitación para regular el teletrabajo en la AGE, el acuerdo del Gobierno con los sindicatos de 2009 con previsiones vinculadas a la "Modernización y nuevas tecnologías", el II Plan 2015 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres AGE, con medidas sobre trabajo en red y nuevas tecnologías para favorecer la conciliación o la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de 2018.

Sin embargo, cuando la implantación del teletrabajo se ha visto acelerada ha sido con la crisis sanitaria, ha continuado Darias, lo que obligó a configurarlo como preferente. La nueva normativa ha llegado con la aprobación del Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el SNS para hacer frente a la crisis sanitaria; una "norma fruto de la cogobernanza que preside la gestión de los asuntos públicos, la consolidación de una Administración multinivel y el éxito del diálogo social", ha añadido.

La regulación básica, ha detallado la ministra de Política Territorial y Función Pública, se gestó en la Conferencia Sectorial de Administración Pública el 11 de junio, con representantes de todas las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde "se acordó impulsar la reforma del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, para impulsar el teletrabajo".

El encargo lo recibió la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que están representadas las tres administraciones, para que elaborase en dos meses la propuesta de reforma, que también fue negociada con los agentes sociales, informada favorablemente por la Conferencia Sectorial y ratificada por la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Cogobernanza, diálogo consenso

Fruto de la cogobernanza, el consenso y el diálogo, tal y como ha puesto de manifiesto la ministra Darias, el teletrabajo fue aprobado por el Gobierno como norma de regulación estatal básica, aplicable tanto al personal funcionario como al personal laboral de todas las administraciones públicas, para que sea desarrollada en virtud de sus competencias.

"Se trata de una norma pionera que introduce la regulación integral del teletrabajo, entendido como modalidad de prestación de servicios en la que el contenido del puesto de trabajo puede desarrollarse, cuando las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración mediante el uso de tecnologías de la información", ha especificado la ministra.

Darias ha pormenorizado elementos clave de esta regulación como servir con objetividad a los intereses generales; carácter voluntario y reversible; el personal que preste este servicio tendrá los mismos deberes y derechos; la Administración debe proporcionar y mantener los medios tecnológicos para la actividad; el desempeño se realizará en los términos de las normas de cada Administración pública, siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito.

Además, ha añadido, esta modalidad de trabajo no se considera ordinaria ni absoluta; no se conceptualiza como derecho subjetivo; son necesarias competencias digitales necesarias para la prestación del servicio; la prestación debe ser expresamente autorizada; y no podrá suponer incumplimiento de jornada y horario.

La nueva regulación supone también, ha continuado, beneficios para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y la corresponsabilidad, se mantienen el derecho a la intimidad y a la desconexión digital, supone un avance en la transición del modelo económico actual hacia una economía verde basada en aplicación de las nuevas tecnologías y conlleva un aumento de la productividad, al disponer las empleadas y empleados públicos de mejor gestión del tiempo y reducir desplazamientos.

La Administración como tractor de los cambios tecnológicos

La ministra ha resaltado que la transformación económica y social precisa de "una Administración pública que actué como tractor de los cambios tecnológicos". Es necesaria una modernización de las administraciones basada en la digitalización.

Desde la perspectiva del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dos son los ejes de su participación en la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De una parte, la modernización exige un esfuerzo de capacitación y formación de las empleadas y empleados públicos. De otra, ha explicado Darias, el Ministerio será un actor fundamental en la modernización de todas las administraciones públicas, en la medida en que habrá transferencias de capital a comunidades autónomas y entidades locales para sufragar los proyectos que presenten de conformidad con el Programa Integral de cooperación para la Administración del Siglo XXI.

Ley de Función Pública

Por último, la ministra ha anunciado en esta Jornada que el Ministerio trabaja en el borrador del anteproyecto de Ley de Función de Pública que "contará con una parte importante dedicada a la profesionalización del personal directivo, un reconocimiento al trabajo, al desempeño y que va a suponer un hito en la reforma de la Administración".

La ministra se ha referido también a otro debate abierto, "Repensar la Selección" en el empleo público, proceso de reflexión que, durante 5 ó 6 meses, contará con expertos y representantes de quienes participan en la selección del personal para mejorar el sistema, modernizarlo y adecuarlo a los tiempos actuales.

"Yo reivindico el valor de lo público -ha defendido Darias- y la pandemia ha puesto de manifiesto la relevancia de lo público. Las empleadas y empleados públicos han sido elementos vertebradores para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social".

Por último, Darias ha invitado a los integrantes de FEDECA a participar con sus reflexiones, aportaciones e "incluso con sus críticas" en la transformación de nuestra Administración: "Estamos ante un gran reto para transformar nuestra economía y nuestra sociedad, y para transformar nuestro país necesitamos una Administración fuerte, moderna, ágil y las empleadas y empleados públicos tienen un papel fundamental en esta transformación", ha finalizado.