El Ministerio de Hacienda ha logrado en el primer año de legislatura cumplir una parte significativa de los compromisos del Gobierno que competen a su departamento. Ese es el balance que recoge el informe 'Cumpliendo', un documento presentado ayer por el presidente del Gobierno que evalúa el grado de cumplimiento de las promesas realizadas por el Ejecutivo en lo que supone un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas inédito en España.

El trabajo realizado por el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha permitido durante 2020 logros fundamentales como la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales después de dos años de prórrogas presupuestarias que permitirán la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia.

También ha sido clave avanzar hacia un sistema tributario más justo y redistributivo adaptado a la fiscalidad del siglo XXI o la suspensión de las reglas fiscales que ha permitido a Comunidades Autónomas y Entidades

Locales el margen presupuestario necesario para prestar servicios públicos de calidad a los ciudadanos en un contexto de emergencia sanitaria.

Asimismo, hay otras iniciativas de gran calado que el Ministerio de Hacienda ya ha puesto en marcha y están en un estado muy avanzado como la Ley de lucha contra el fraude fiscal que pretende combatir la economía sumergida, así como las prácticas más complejas de elusión fiscal de las multinacionales. También está previsto que durante 2021 se ponga en marcha un grupo de trabajo para una reforma en profundidad del sistema fiscal con el objetivo de hacerlo más progresivo para que aporte más, quién más tiene.

Principales hitos de 2020

El principal compromiso adquirido por el Ministerio de Hacienda que se ha cumplido durante este año es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Un hito que ha permitido poner fin a la doble prórroga presupuestaria y permite que España el 1 de enero comience con unos nuevos Presupuestos en vigor, tal y como marca la ley y no ocurría desde 2016.

Se trata de unos Presupuestos de país que deben ser el motor de la recuperación tras la crisis provocada por la COVID-19 y que muestran la voluntad y capacidad de diálogo del Gobierno. De hecho, los Presupuestos se aprobaron con el mayor apoyo político en democracia, ya que obtuvo el respaldo de 14 formaciones distintas.

Los Presupuestos tienen como objetivo fortalecer y blindar el Estado del bienestar mediante el mayor gasto social de la historia con 239.765 millones de euros. Esto se traduce en las mayores partidas para la sanidad, pensiones, dependencia, becas al estudio o lucha contra la pobreza infantil. Es decir, potenciar servicios públicos esenciales, que se han demostrado más necesarios que nunca durante la emergencia sanitaria, para no dejar a nadie atrás.

Además, las cuentas públicas impulsan el crecimiento económico para hacerlo más sostenible, equilibrado e inclusivo. También fomentan una mayor competitividad del tejido productivo mediante una apuesta decidida por la I+D+i.

Asimismo, los Presupuestos de 2021 son el instrumento para vehicular los

27.000 millones que España recibirá procedentes de los fondos europeos

de recuperación y que van a permitir avanzar en la modernización y transformación del modelo productivo mediante la transformación energética, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad.

Asimismo, durante 2020 el Ministerio de Hacienda también ha modernizado el sistema tributario para adaptarlo a la fiscalidad del siglo XXI, es decir, a las nuevas áreas de negocio que no estaban bien reflejadas en la tributación. En concreto, ha aprobado el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que afectará a compañías con una facturación mundial de 750 millones y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España.

También se ha aprobado el Impuesto sobre Transacciones Financieras, que grava las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. Es decir, no afecta a las pymes.

Otro de los grandes hitos de 2020 es la suspensión de las reglas fiscales para este ejercicio y para 2021. La medida, en línea con la adoptada por la Comisión Europea, permite a las Comunidades Autónomas y la Entidades Locales contar con más margen para hacer frente a la pandemia.

Medidas previstas para 2021

Entre las medidas previstas para 2021 se encuentra culminar la tramitación de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Una normativa que, entre otras iniciativas, incluye la prohibición del uso del software de doble uso, un mayor control de las criptomonedas, la ampliación de la lista de morosos de la Agencia Tributaria o la prohibición por ley de las amnistías fiscales.

También se avanzará en la reforma en profundidad del sistema fiscal con la formación de un grupo de trabajo que deberá analizar esta materia con el objetivo de conseguir un sistema tributario más progresivo y redistributivo siguiendo la estrategia de que es necesaria una mayor justifica fiscal para una mayor justicia social.

Además, el Gobierno tiene el compromiso de avanzar hacia una reforma del sistema de financiación autonómica que blinde el Estado de bienestar y nutra a las autonomías de recursos suficientes para atender sus necesidades de gasto.