La Vicepresidencia Tercera del Gobierno ha desplegado a lo largo del año un amplio paquete de iniciativas para ir dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, al acuerdo de Gobierno y a las medidas anunciadas por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en sus comparecencias en el Congreso y el Senado tras tomar posesión de su cargo.
Además del avance en el cumplimiento de esos compromisos, la prioridad desde marzo ha sido la puesta en marcha de la respuesta sanitaria, económica y social a la pandemia del Covid-19, tejiendo una red de seguridad que ha movilizado más del 20% del PIB para proteger a trabajadores, autónomos, empresas y los colectivos más vulnerables.
Este balance forma parte del informe Cumpliendo, presentado este martes por el presidente del Gobierno para hacer rendición de cuentas del primer año de actividad del Ejecutivo.
Durante el presente año, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ha impulsado la aprobación de once Reales DecretosLey para dar respuesta a la pandemia y constituir y desarrollar la citada red de seguridad. Además, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se ha coordinado la política económica, avanzando en la hoja de ruta de reformas estructurales puesta en marcha desde la llegada al gobierno para un crecimiento más sostenible e inclusivo mediante la modernización del tejido productivo, el impulso del crecimiento y la productividad, la transición ecológica y la transformación digital. Finalmente, el Ministerio ha impulsado siete anteproyectos de ley, 50 reales decretos, 95 acuerdos y 112 proyectos normativos en las áreas de su competencia, particularmente en el ámbito de la regulación financiera, de telecomunicaciones y audiovisual.
Respuesta a la pandemia
Los once Reales Decretos-Ley aprobados para dar una respuesta económica y social a la pandemia, siete de ellos liderados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, fueron convalidados por el Congreso de los Diputados con amplias mayorías. Además, la Vicepresidencia Tercera del Gobierno lideró la Mesa del Diálogo Social constituida específicamente para contar con la participación de sindicatos y empresarios en este ámbito, que celebró ocho reuniones con participación de todos los ministerios del área económica del gobierno.
Estas normas han permitido desplegar medidas para movilizar más del 20% del PIB entre ayudas directas a empresas y trabajadores con impacto presupuestario y medidas de apoyo a la liquidez.
Es el caso de las Líneas de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar la liquidez de autónomos, pymes y empresas; de la flexibilización y apoyo público a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de la nueva prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos.
Las Líneas de Avales del ICO han permitido la concesión de 940.130 operaciones que han canalizado financiación por 114.191 millones de euros al tejido productivo. Los ERTE llegaron a tener cubiertos a unos 3,4 millones de trabajadores y la prestación de autónomos llegó a beneficiar a 1,5 millones de personas.
Dichos Reales Decretos-Ley incluyeron, además, medidas específicas para los colectivos más vulnerables, como la prohibición de los desahucios, ayudas a la vivienda o al alquiler, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, gas, agua o telecomunicaciones) y otras destinadas a facilitar el acceso a la prestación por desempleo a colectivos que no tenían hasta ese momento derecho a la misma.
También incluían medidas para apoyar al tejido empresarial, como las destinadas a promover acuerdos de renegociación de alquileres de locales, facilitar la flexibilización en el pago de préstamos vinculados a los mismos, iniciativas para evitar concursos de acreedores o las destinadas a proteger las exportaciones a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
Muchas de estas medidas se han ido extendiendo y modificando a lo largo de los meses para adaptarse a la evolución de la pandemia, reforzar la solvencia empresarial y apoyar a los sectores que más se estaban viendo afectados, caso del turismo, la hostelería, el comercio, la automoción o la cultura.
Para financiar todas estas medidas y los efectos de la pandemia, el Tesoro español ha tenido que hacer una emisión de deuda neta por importe de 109.922 millones de euros, en un año en el que se ha conseguido reducir el coste medio de financiación a un mínimo histórico del 1,86% y elevar el vencimiento medio de la deuda por encima de los 7,7 años.
Esta respuesta española se ha producido de la mano de una respuesta europea. Desde el Gobierno español se impulsó la creación de un primer paquete de 540.000 millones de euros para financiar medidas de apoyo a trabajadores, empresas y países a través del nuevo mecanismo SURE de apoyo financiero a los Estados para los expedientes de regulación temporal del empleo, de los avales y créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o con la nueva línea precautoria del MEDE. Esta iniciativa se vio después completada por la creación del nuevo Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia para financiar mediante transferencias y créditos los planes de recuperación del conjunto de países de la UE.
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se han desarrollado también herramientas digitales que han contribuido a luchar contra el Covid-19, como la aplicación RadarCovid o un chatbot para la resolución de dudas sobre la enfermedad.
Modernización de la economía
Junto a la respuesta a la pandemia, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ha coordinado la política económica del gobierno, siguiendo la hoja de ruta de reformas estructurales para un crecimiento más sostenible e inclusivo mediante la modernización de la economía y la sociedad españolas, el impulso de la transición ecológica y la transformación digital. Durante 2020, se ha avanzado de forma significativa en el despliegue del Plan nacional de Energía y Clima para lograr los objetivos y compromisos de descarbonización, así como en el resto de prioridades políticas enmarcadas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, en los ámbitos de la ciencia y la educación.
En cuanto a la transformación digital, el pasado mes de julio se aprobó la agenda España Digital 2025, que recoge los diez ejes de actuación para impulsar una digitalización de la economía y la sociedad centrada en los ciudadanos. En desarrollo de la misma, se han aprobado ya tres Planes concretos: la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial; la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G, una vez finalizado el proceso de Segundo Dividendo Digital; y el Plan para la Conectividad y para las Infraestructuras Digitales, que sucederá a los planes de extensión de banda ancha para continuar reduciendo la brecha digital y afrontando el reto demográfico. También se ha puesto en marcha el programa Educa en Digital.
Además, se ha aprobado la Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero, que establece la creación de un espacio de pruebas seguro para el desarrollo de nuevos productos y servicios (sandbox), del que ya se ha anunciado su primera convocatoria; y se han adoptado numerosas medidas para proteger a los usuarios de servicios financieros, como las relativas a las cuentas de pago básicas y el refuerzo de la protección de los ciudadanos con tarjetas de crédito revolving.
Se ha avanzado en la tramitación diferentes anteproyectos de ley relacionados con la agenda España Digital 2025, como los de Comunicación Audiovisual, Telecomunicaciones o Ciberseguridad 5G. En este ámbito, a principios de 2021 está previsto aprobar tres nuevos planes de Transformación Digital de las Pymes, Digitalización de la Administración y de Competencias Digitales. También está en proceso de consulta pública la Carta de Derechos Digitales, una iniciativa pionera que sitúa a España a la vanguardia mundial en el tratamiento de un asunto estratégico de cara al futuro.
En el ámbito de la regulación financiera, se está avanzando en la nueva normativa de sociedades de capital y en el denominado 'paquete bancario', con el fin de incrementar la solvencia del sector y la mejora de servicios a clientes, ámbito en el que se incluye el anteproyecto de ley de sistemas de pago y liquidación de valores.
Está también en proceso la transposición de la directiva que refuerza la protección de los clientes y la mejora de la transparencia en la comercialización de productos en el sector asegurador y se han publicado las nuevas tablas biométricas, claves en este ámbito.
Gobernanza económica
Finalmente, durante este ejercicio el refuerzo del marco institucional de gobernanza económica ha sido otra de las prioridades. En este sentido cabe señalar la apuesta por el diálogo social como instrumento de vertebración social. Además de las mesas específicas de diálogo ya existentes, durante 2020 se han celebrado 8 reuniones de la mesa constituida para articular la participación de los agentes sociales, representantes empresariales y de los trabajadores, en la respuesta a la pandemia. En esta misma línea, se ha constituido ya la Mesa para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, se han celebrado numerosas reuniones con otros representantes de la sociedad civil, tanto asociaciones empresariales como de trabajadores autónomos y del tercer sector.
También en aras del refuerzo de la arquitectura institucional del Estado, se ha procedido a la renovación de los organismos de supervisión tras el vencimiento de los mandatos de sus anteriores responsables, nombrando en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el FROB y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores a personas de reconocido prestigio.
Del mismo modo, se han constituido a lo largo del año los consejos asesores de Economía, Inteligencia Artificial y Transformación Digital, además del grupo de expertos para la elaboración de la Carta de Derechos Digitales, con el fin de contar con el conocimiento, la experiencia y las iniciativas de una amplia representación de expertos, académicos, agentes económicos y sociales para articular y desplegar la política económica del gobierno y la agenda de transformación digital.
