El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha visitado hoy Valladolid donde, junto al alcalde de esta ciudad, Óscar Puente, ha anunciado el inicio de los trámites para abordar las obras del futuro campus de la Justicia de la capital castellanoleonesa.
Puente ha informado de que el Ayuntamiento de Valladolid adquirirá, antes de junio, el edificio del antiguo colegio de El Salvador, por un importe de 6,8 millones, que cederá, junto a una parcela más sobre la que ahora se asienta un aparcamiento de la Seguridad Social, al Ministerio de Justicia para ubicar la futura ciudad de la Justicia.
Campo ha señalado que, con esta actuación "Valladolid ha dado un paso de gigante para alcanzar la Justicia moderna que merecen sus ciudadanos, que todos merecemos", y ha puesto en valor el hecho de que con ella se evite la dispersión de las sedes judiciales.
Según el ministro, Valladolid será, además, la primera ciudad que recoja en el diseño arquitectónico de su campus las figuras que se contemplan en las leyes que su departamento, a través del plan Justicia 2030, está poniendo en marcha.
Es el caso del anteproyecto de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, aprobado en noviembre pasado, que rediseña todo el proceso penal, pero que también contempla cambios en cuanto a las estructuras físicas que van a dar soporte al mismo. O la ley de eficiencia organizativa, que según Campo llevará en dos semanas a Consejo de Ministros, en la que se habla de Tribunales de Instancia y de la nueva Oficina Judicial.
El nuevo campus "es especialmente ilusionante porque Justicia 2030, el plan en el que se condensa el proyecto del departamento de Justicia, con esa idea de la cogobernanza, que arrancó hace un año y tres meses, puede ver como primera realidad esta ciudad de la Justicia de Valladolid", ha matizado el ministro.
"Estamos diseñando entre todos -entre las distintas administraciones y sectores de la Justicia implicados, y la ciudadanía-, una nueva forma de visualizar la Justicia. Se trata de una Justicia moderna que tiene que dar al ciudadano lo que legítimamente reclama, y eso significa acabar con la dispersión de las sedes y contar con estructuras digitales, sostenibles y ecológicas", ha concluido Campo.
