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Campo: "Estamos haciendo la política que interesa a la ciudadanía, la que forja acuerdos amplios para resolver problemas reales y mejorar la Justicia"

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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha comparecido, a petición propia, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar el proyecto Justicia 2030.

En su intervención, Campo ha destacado que "estamos haciendo la política que interesa a la ciudadanía, la que forja acuerdos amplios para resolver problemas reales y mejorar la Justicia". Y ha añadido: "Tenemos los recursos, la hoja de ruta y la capacidad de llegar a acuerdos. Hagámoslo"

Según Campo, la hoja de ruta de Justicia 2030 implica la transformación del modelo de Justicia de España, con el objetivo de impulsar el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia, como palancas de la transformación del país.

El ministro ha hecho hincapié en que su objetivo es que todos los grupos de la Cámara se sumen al proyecto, ya que "nos merecemos un gran acuerdo de Estado sobre las políticas públicas de Justicia para los próximos 10 años".

El nuevo modelo de Justicia se basa en la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad, ha indicado Campo. El proyecto está organizado en nueve grandes programas, con 27 proyectos y 47 subproyectos. "Todos ellos con un impacto real, seguimiento y memoria económica".

Accesibilidad

El primer objetivo, ha indicado el ministro, es "hacer accesible la Justicia, es decir, conectar con la sociedad y la ciudadanía". Para ello, Campo ha hecho hincapié en el sistema de Justicia gratuita, como "baluarte de la universalización de la tutela judicial efectiva".

El titular del Justicia también ha destacado la Ley del Derecho de Defensa, un texto legal en el que se está trabajando y que recoge todos los aspectos que este derecho contempla y que afectan al desempeño profesional de los operadores jurídicos, a la tramitación de los procedimientos y al acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Además, este año se dispone de 44 millones de euros, más lo que destine cada Comunidad Autónoma, para garantizar que todo el mundo puede acceder a una defensa de calidad, ha destacado el ministro.

Por otro lado, Campo ha señalado que para hacer accesible la Justicia, "también tenemos que contar con sus profesionales". Para ello, ha destacado la Oferta de Empleo Público de 2020 en la que se ha aprobado la creación de 1.452 plazas de nuevo personal funcionario al Servicio de la Administración de Justicia para los sistemas general de acceso libre y de promoción interna. De este modo, ha indicado el titular de Justicia, "se cubre al 100% la tasa de reposición de las bajas producidas en 2019".

El ministro se ha referido a la convocatoria de las 540 nuevas plazas para jueces y fiscales convocadas en apenas un año. De ellas, 300 pertenecen a los presupuestos prorrogados de 2018, y las otras 240, a los nuevos PGE 2021. En cuanto a los juzgados, se han creado en 2020 un total de 33 y en 2021 se van a crear 60 nuevas unidades judiciales, en el contexto de los planes de choque, ha indicado.

El ministro también ha hecho referencia a la iniciativa denominada Diálogos institucionales, "un foro que nos permite hablar de Justicia con todos sus protagonistas en los territorios, en la casa de las abogadas y abogados, porque son el nexo más importante entre la Justicia y la ciudadanía".

Asimismo, Campo ha señalado que el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa y el nuevo Estatuto de la Abogacía recogen importantes medidas en el ámbito de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y de la conciliación laboral y familiar. Y ha destacado que el anteproyecto contempla la aprobación de días inhábiles del 24 al 31 de diciembre.

El ministro también ha destacado la importancia de la accesibilidad a la Justicia de los colectivos más vulnerables. Para ello se han reforzado las unidades de valoración forense integral, con un nuevo protocolo para VIOGEN aprobado y con cinco nuevas unidades, pasando de las 24 Unidades de Valoración Forense a 29. También se ha dotado, según Campo, de más recursos a las oficinas de atención a las víctimas del delito, con 35 nuevas plazas para profesionales.

En cuanto a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), en 2020 se han dedicado más de 600.000 euros a programas de atención a víctimas del delito y lucha contra la criminalidad, ha destacado el ministro.

Eficiencia

El segundo objetivo, el de eficiencia, se centra en tres grandes leyes, ha señalado Campo: la ley de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal y la de eficiencia digital.

La ley de eficiencia organizativa se basa en tres pilares: los Tribunales de Instancia, las Oficinas Judiciales y las Oficinas de Justicia en el municipio.

En cuanto a los Tribunales de Instancia, Campo ha especificado que se pasa de tener más de 3.500 tribunales, a tener 431, uno por partido judicial, con lo cual se mejora "la accesibilidad de la ciudadanía que ya tiene una puerta única a la que acudir".

Campo ha destacado que con la ley de eficiencia organizativa se incrementa la seguridad jurídica y, por tanto, la "previsibilidad", al facilitar el establecimiento de criterios comunes entre los miembros de un tribunal, a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales, y requerir motivación en el caso de apartarse del criterio común.

Respecto a la Oficina Judicial, se flexibiliza y se adecúa el modelo, acabando con una estructura rígida y muy dependiente de la adecuación de espacios. Según Campo, el desarrollo y la implantación tecnológica reducen esa dependencia y permite, por ejemplo, el trabajo deslocalizado.

El tercer pilar en el que se basa la ley de eficiencia organizativa son las Oficinas de Justicia en los municipios. Campo ha puesto de relevancia que "son la evolución de los juzgados de paz y tienen como objetivo llevar más y mejores servicios a todos los rincones del país, sobre todo, a ese tercio de la población que vive en áreas rurales".

El ministro ha señalado que las 7.700 Oficinas de Justicia serán atendidas por personal de la Administración de Justicia. En concreto, 3.050 personas que de forma presencial van a resolver los problemas de la ciudadanía, en especial de las personas mayores del mundo rural. En algunos lugares de forma permanente, en otros con periodicidad semanal. "En cada pueblo habrá una persona detrás de un ordenador para ayudar a tramitar, declarar o gestionar. La justicia a mano", ha zanjado Campo.

En relación a la ley de eficiencia digital, que ya está en consulta pública previa, se trata de generar un marco normativo para la digitalización de la Justicia y permitir el desarrollo de las herramientas que conecten con la eficiencia organizativa y procesal: "La Justicia que usa los algoritmos y las matemáticas".

En esa línea, Campo ha dicho que "hoy los usuarios tienen a su disposición más y mejores herramientas de comunicación que permiten la celebración de reuniones virtuales, evitando desplazamientos innecesarios". Desde el inicio de la pandemia, ha indicado Campo, se han creado 6.560 salas de videoconferencia móvil, para facilitar más de 310.000 horas de videoconferencia.

Además, según Campo, se ha dotado a esta nueva realidad de soporte normativo, seguridad y tecnología, "de tal modo que hasta el momento se han realizado más de 300.000 comparecencias virtuales: un ahorro de tiempo y de recursos extraordinario", ha zanjado.

Sostenibilidad

Finalmente, Campo ha hecho hincapié en que los objetivos de Justicia 2030 son contribuir al proyecto país, a la transición económica, social y ambiental. "Sí, la Justicia puede y debe contribuir a la recuperación económica", ha indicado.

En este sentido, Campo se ha referido a la trasposición de la Directiva de la Unión Europea 2019/1023, que incorpora novedades en materia de insolvencia, reestructuración y segunda oportunidad, que "va a suponer una profunda reforma de nuestro sistema de Derecho concursal".

El ministro ha señalado que la emergencia climática "nos obliga" a cambiar la mirada sobre la economía y sobre la sociedad. Y ha añadido que "la sostenibilidad también es económica y social, sostenible es el teletrabajo".

Campo ha aprovechado para agradecer a las Comunidades Autónomas (CCAA) su apoyo unánime al acuerdo del teletrabajo, adoptado en la última Conferencia Sectorial; así como a los sindicatos, CCOO y STAJ, por llegar a acuerdos por el mismo motivo.

Asimismo, el ministro ha puesto de relevancia la cogobernanza como eje transversal del proyecto Justicia 2030. Y ha recordado a la Comisión que su Ministerio cuenta con 410 millones hasta 2023 provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de transformar la Administración de Justicia.

Según Campo, de los 48,44 millones de euros designados para este año, 20,7 se han distribuido a las CCAA con competencias transferidas, con un sistema de distribución de fondos aprobado en el Consejo de Ministros, y por unanimidad, en la última conferencia sectorial.

Por otro lado, "nos han concedido 20 millones de euros más que estamos destinando a la modernización de las infraestructuras, compra de portátiles para las autonomías territorio Ministerio, para el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial de España, así como para otros proyectos de la Dirección General de Transformación Digital del Servicio Público de Justicia", ha explicado el ministro.

Campo, además, ha anunciado que "en las próximas semanas vamos a firmar los acuerdos para los primeros 60 millones de euros, y estamos trabajando para duplicar esa cantidad", con el objeto de ajustar las líneas de financiación de la rehabilitación sostenible que se van a aplicar en las sedes judiciales.

Finalmente, el ministro ha señalado que "Justicia 2030 tiene un rumbo que hemos sido capaces de orientar conjuntamente. Es precisamente este esfuerzo colectivo el que nos permite pensar más allá de una legislatura. Pensar a 10 años, que es lo que nuestra sociedad y la Administración de Justicia necesitan".

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