Foto: Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

La firma de un convenio con el Ministerio de Cultura para la digitalización de archivos relacionados con la Memoria Democrática facilitará a la ciudadanía el acceso a fondos documentales relacionados con la represión que sufrieron los presos políticos encarcelados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y que se custodian en los archivos estatales.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha afirmado que conocer la verdad es un "asunto ético y necesario" para "construir un futuro de convivencia, paz y restitución de las víctimas".

La vicepresidenta ha hecho esta afirmación durante la firma de un Convenio con el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes -al que también ha asistido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez-, para digitalizar fondos documentales de interés para la Memoria Democrática, relacionados con la represión que sufrieron los presos políticos encarcelados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Se trata de un Convenio "muy importante para seguir desarrollando las líneas de trabajo de la política de Memoria Democrática de nuestro país", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que para recuperar la memoria se necesita conocer la verdad y "ésta se encuentra en los archivos".

"Los ciudadanos tienen derecho a acceder de manera directa a una información que tiene que ver con un pasado muy doloroso, ha señalado la vicepresidenta, que ha explicado que gracias a la firma del Convenio se digitalizarán miles de archivos con datos de los presos que cumplieron condena entre los años 1938 y 1968 . "Este no es un asunto sin más, es un gran tarea, por cuanto a ellos les debemos la energía y el impulso de la llama que supieron mantener viva para que este país volviera a tener una democracia y se dotara de una Constitución", ha reiterado. En este sentido ha señalado que es obligado que "nuestra generación haga un esfuerzo" para entregar a los jóvenes "un relevo limpio, ordenado y digno" de una memoria "que es suya".

Carmen Calvo ha recordado que este era uno de los asuntos pendientes desde la Ley de 2007 "que ahora vamos a resolver" y ha explicado que la futura Ley de Memoria Democrática "encara de manera certera y definitiva el punto de apoyo de la verdad y la memoria de las víctimas para su reparación, para sus familiares y para el conjunto del país". En este sentido ha señalado que la verdad "requiere los archivos, los documentos, y la certificación que nos permita saber qué ocurrió y como ocurrió". "Esta verdad estará enganchada a una parte de la futura Ley y por eso es importante no perder tiempo", ha zanjado.

La vicepresidenta primera ha querido agradecer al ministro de Cultura y Deporte que "haya entendido que hay que seguir hacia adelante en la gran tarea" de la Memoria Democrática . "Hoy damos un paso al frente desde el Gobierno para poder seguir avanzando y dar respuesta a muchas familias y a muchos especialistas que quieren saber lo que ocurrió", ha concluido.

Detalle de las series documentales

Las series documentales que quedan incluidas en este acuerdo son:

300.000 fichas del Registro-Índice de la Población Reclusa. En ellas se recoge el historial carcelario de cada preso. Se encuentran guardadas en el Archivo General de la Administración.

400.00 fichas de propuestas de libertad condicional de la Sección de Libertad Condicional y Redención de Penas por el Trabajo. Pertenecen al período comprendido entre los años 1940 y 1965 y se encuentran custodiadas en el Archivo General de la Administración.

46.290 expedientes de propuestas de libertad condicional pertenecientes a los años comprendidos entre 1940 y 1967. Se encuentran custodiados por el Archivo General de la Administración.

37.147 fichas de presos condenados a muerte y a penas de reclusión mayor, entre los años 1939 y 1950. Actualmente están archivadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

1.400 fichas de libertad vigilada y 2.838 expedientes de libertad vigilada de la Junta Provincial de Libertad Vigilada de Valladolid (1943-1968). Procedentes de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se encuentran actualmente en el Archivo de la Real Cancillería de Valladolid.

Una vez tratadas, estas fichas podrán ser consultadas por la ciudadanía en las plataformas institucionales del Ministerio de Cultura y Deporte, especialmente la plataforma PARES y el Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica. También se fomentarán los enlaces de dichas plataformas con el portal y los recursos web con los que cuente el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Datos pormenorizados de los presos y detalles del funcionamiento de las prisiones

De esta manera, muchos investigadores accederán de primera mano a los expedientes y fichas de personas que sufrieron represión, lo que permitirá obtener una aproximación cuantitativa del volumen de represión franquista alcanzado en las prisiones durante ese periodo histórico y su impacto en determinadas zonas geográficas, gracias a datos significativos como el nombre y apellidos de cada preso; los nombres de sus progenitores; la prisión o prisiones dónde cumplió condena; las redenciones extraordinarias conseguidas; la Audiencia, Juzgado, número de sumario y año en que fue juzgado; el tipo de delito que cometió; la condena con expresión del año, mes y día; la fecha de sentencia en firme; su afiliación política o sindical; su edad; su profesión; el tipo de condena; la narración de sus vicisitudes penales y penitenciarias; o la conmutación de la pena/propuesta para conmutación.

Asimismo, servirá para analizar el funcionamiento diario de las prisiones desde 1938 hasta 1968; o dar a conocer aspectos tales como el nivel de capacitación o formación de los reclusos; los beneficios económicos obtenidos por su trabajo en el interior y exterior de las cárceles; el análisis de su procedencia social; la sanidad en el interior de las prisiones o la variada tipología de centros de reclusión penitenciaria existente.