El Ministerio de Hacienda ha publicado una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que recogen el impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas para combatir la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la misma.

Los datos de abril muestran un cambio de tendencia y por primera vez desde el inicio de la pandemia se registra un descenso del déficit del Estado comparado con el mismo periodo del año anterior. Un comportamiento derivado de la recuperación de la actividad económica producto del avance de la campaña de vacunación en contraste con el confinamiento existente en abril de 2020.

En concreto, los datos de déficit del Estado hasta el cuarto mes del año muestran una reducción del 15,1% respecto a los datos registrados hasta abril del pasado ejercicio.

También hoy se han difundido en la web del Ministerio los datos de déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de marzo en términos de contabilidad nacional.

Déficit del Estado (abril)

Hasta abril, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 1,40% del PIB, frente al 1,77% registrado en el primer cuatrimestre de 2020. Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 6,7%, frente al aumento más moderado de los gastos un 1,1%.

A la hora de comparar entre ambos años la evolución entre los recursos y los empleos, hay que recordar que en marzo de 2020 se produjo la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4 sin incidencia en el déficit, pero sí con impacto en los recursos y empleos del Estado, por un valor estimado de 1.745 millones, operación sin correspondencia en 2021.

Adicionalmente, la situación de pandemia mundial y la consecuente emergencia sanitaria que empezó en el primer trimestre de 2020 tendrán previsiblemente un impacto en las cuentas públicas de las Administraciones Públicas también durante 2021. Un efecto provocado, no solo por la crisis sanitaria, sino por las medidas adoptadas para proteger las rentas y el tejido productivo.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros, que ascienden a 61.314 millones, han aumentado un 6,7% respecto al mismo periodo de 2020. Los impuestos crecen un 12% respecto a abril de 2020 y se sitúan en 52.428 millones.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 3,9%, de los cuales los ingresos por IVA crecen un 7%.

Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio mejoran un 29,1% debido al IRPF que crece un 22% y al incremento del primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, que se eleva un 55,4%. Por su parte, los impuestos sobre el capital crecen un 112,5%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de las cotizaciones sociales descienden ligeramente un 0,2%, manteniendo prácticamente los niveles del año anterior.

Las rentas de la propiedad disminuyen un 11,4% respecto a 2020, como consecuencia del menor ingreso a cuenta de los dividendos del Banco de España y del descenso del 10% de los ingresos por intereses.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios crecen un 23,8% hasta los 577 millones.

Los otros recursos no financieros, aumentan un 1,8% descontada en 2020 la reversión mencionada.

Empleos no financieros del Estado

Hasta abril, los empleos no financieros del Estado se han situado en 78.205 millones, cifra superior en un 1,1% a la registrada en 2020.

Este aumento se debe fundamentalmente a las transferencias corrientes entre administraciones públicas, que ascienden a finales de abril a 47.528 millones, un 4,7% más que en 2020 y, principalmente, a las destinadas a los Fondos de la Seguridad Social, que han pasado de 7.353 millones en 2020 a 10.033 millones a finales de abril de 2021.

El importe de los gastos del Estado relacionados con la pandemia ha sido de 2.404 millones, un 43,3% superiores a los de abril de 2020, de los cuales 2.214 millones son transferencias a las Comunidades Autónomas y 188 millones es el gasto en los consumos intermedios, parte del cual corresponde a las vacunas.

En segundo lugar, entre las partidas de gasto que aumentan destaca el aumento de la rúbrica recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB del 14,5% (637 millones), hasta situarse en 5.032 millones.

En cuanto al resto de las rúbricas, los intereses devengados crecen un 3,2% con un volumen de 7.294 millones.

La remuneración de asalariados aumenta un 2,7%. Esta rúbrica que asciende a 5.796 millones incorpora la subida salarial para este ejercicio del 0,9% frente a un incremento salarial del 2% en 2020.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 3,3%, con un porcentaje de revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para el ejercicio 2021 del 0,9% con carácter general, el mismo que en el año anterior. Por su parte, las transferencias sociales en especie caen un 25,3%.

Por último, destaca la formación bruta de capital fija, que desciende un 61,8% por la operación de reversión de la AP4 y AP7 en 2020 antedicha sin correspondencia este año.

Déficit conjunto de la Administración central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (marzo)

Hasta marzo de 2021, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 15.527 millones equivalente al 1,28% del PIB.

Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit asciende al 1,29 % del PIB.

Administración Central

El déficit de la Administración Central se sitúa en 10.778 millones a finales de marzo de 2021, el 0,89% del PIB. - El déficit del Estado en marzo, en términos de PIB, equivale al 0,87%, alcanzando la cifra de 10.496 millones.

Los Organismos de la Administración Central registran a finales del mes de marzo un déficit de 282 millones, frente al déficit de 448 millones de marzo de 2020, lo que supone un descenso del 37,1% interanual.

Comunidades Autónomas

La Administración regional registra un déficit en marzo de 3.486 millones de euros, lo que equivale al 0,29% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 4% frente a un aumento de los ingresos del 2,3%.

Entre los ingresos destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que crecen un 3% alcanzando la cifra de 3.464 millones. También aumentan los ingresos por impuestos sobre el capital en un 67,7% hasta alcanzar los 768 millones. Por otra parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio caen un 1,5% hasta los 11.964 millones.

Las transferencias entre AAPP crecen un 3,8% hasta los 24.122 millones, provocado por las mayores transferencias recibidas por el Estado, que representan el 48,3% de los recursos del sector.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 8% (1.515 millones) debido, entre otras razones, al mayor del número de efectivos, en educación y sanidad. Los consumos intermedios crecen un 0,6% hasta los 8.044 millones, de los cuales 5.155 corresponden al ámbito sanitario.

Las subvenciones crecen un 19,8% hasta los 677 millones por el incremento de las ayudas al transporte, lo que se compensa con el descenso de los intereses, que caen un 16,1%.

Las transferencias sociales en especie retroceden un 0,3% hasta los 7.175 millones por el descenso del gasto en farmacia y del gasto en conciertos sanitarios y educativos. Por último, la inversión crece un 8,1% respecto a 2020, alcanzando los 3.175 millones.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 1.889 millones corresponden hasta marzo a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social hasta marzo de 2021 registran un déficit de 1.263 millones, lo que supone un 0,10% en términos de PIB. Se trata de un descenso del 40,8% respecto al mismo periodo de 2020. Este mejor comportamiento es consecuencia de un incremento de los ingresos del 11% (destacando el buen comportamiento de las cotizaciones) frente al crecimiento de los gastos un 8,5%.

Las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social siguen afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia del COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos.

Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020 y se encuentran actualmente vigentes, afectando a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la reducción de su facturación, y a los trabajadores por cuenta ajena, a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo; en ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales, (cuotas mensuales de autónomos, aportación empresarial en el caso de empresas y cuotas por conceptos de recaudación conjunta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena).

Estas medidas se han ido complementando con nuevas ayudas como las que posibilitan el cobro de la prestación por cese de actividad junto con el desempeño del trabajo por cuenta propia, la prestación especial para los trabajadores de temporada o la prestación extraordinaria por paralización o suspensión temporal obligatoria de la actividad. Asimismo, han ido apareciendo distintas modalidades de ERTES, de modo que el RD 30/2020, de 1 de octubre, incorpora el ERTE de impedimento, el de limitación o los que afectan a sectores ultraprotegidos y su cadena de valor.

El Sistema de Seguridad Social registra hasta marzo de 2021 un déficit de 1.024 millones, el 0,08% del PIB. Los gastos derivados de la pandemia, el incremento del gasto en pensiones y las mayores prestaciones relacionadas con los autónomos, antes mencionadas, han motivado el alza de los empleos totales hasta el 8,0%. Los recursos han aumentado un 7,6%, principalmente por las transferencias recibidas del Estado y en menor medida por el aumento de los ingresos por cotizaciones.

Destacan especialmente este mes, los datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que ha obtenido un déficit de 245 millones, inferior en un 81,6% al del año anterior. Esta evolución se debe, sobre todo, al aumento del 30,6% de los ingresos. Los gastos han sido superiores en un 10,8% a los del año anterior, debido al incremento del 12,1% de las prestaciones por desempleo.

El FOGASA presenta un déficit de 6 millones, un 40% inferior al registrado en 2020.