El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto Consulta Pública a la elaboración de un proyecto de Ley por la cual se regule y establezcan las normas básicas para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en España, cuyo plazo terminaba el 5 de Julio.

La Fundación Savia ha aplaudido la iniciativa y ha remarcado que “el sector agroalimentario español es pieza angular de nuestro tejido económico y social, además de ser una seña de identidad en todo el mundo” y afirman que “las condiciones de clima y suelo de nuestro país permiten que pocos lugares del mundo reúnan condiciones tan propicias para una excelente calidad de vida y progreso”.

La entidad ha realizado una serie de aportaciones y propuestas a la Consulta Pública para mejorar nuestra cadena de valor agroalimentaria entre las cuales se encuentra “la optimización y mejora del funcionamiento de nuestra cadena de valor agroalimentaria” para fortalecer, según afirman, nuestra gobernanza, garantizar el relevo generacional del sector primario, gestionar el territorio y la sostenibilidad de los recursos naturales y garantizar el acceso a alimentos de calidad, cercanía, temporada y ecológicos. Las propuestas presentadas siguen una línea secuencial de la cadena de valor.

Empezando por el sector primario piden “garantizar la viabilidad de las pequeñas explotaciones familiares” reduciendo las cargas burocráticas, garantizando unas rentas dignas y estableciendo unos incentivos y políticas fiscales, económicas y de formación específicas, considerando las singularidades y características de las pequeñas explotaciones, “actuando de manera transversal en las políticas de lucha contra el despoblamiento rural y de interior y la mitigación del cambio climático”.

De manera similar ocurre con la industria de transformación agroalimentaria, por lo que piden la diferenciación de la pequeña industria con respecto de la grande, así como la regulación y puesta en marcha de mataderos móviles, salas de despiece, extracción y envasado de la miel, etc.

En lo referente a la intermediación y comercialización de alimentos piden “establecer medidas que reequilibren el peso específico del sector de la distribución alimentaria para evitar abusos derivados de situaciones de monopolio encubierto” de las grandes cadenas de distribución, para “recuperar y potenciar los mercados tradicionales y las tiendas de barrio y de pueblo que generan empleo y riqueza asociado al territorio” para que los productores puedan “obtener mejores rentas” y los consumidores “mejores precios”. Proponen que la administración pública sea ejemplarizante y realice sus compras de alimentos para centros públicos con criterios de proximidad y sostenibilidad.

El último gran eslabón de la cadena agroalimentaria son los consumidores. La organización muestra su preocupación por los datos últimos datos conocidos de las colas de hambre y la obesidad infantil. Piden realizar campañas de difusión, promoción y fomento del consumo de cercanía, temporada, ecológica, “a la compra de productos saludables ligándolo a un cambio de mentalidad e inculcando nuevos valores sociales a través de la educación”.

La Fundación Savia considera que “el sector primario, además de proveernos de alimentos, permite la generación de toda una serie de bienes comunes que tienen difícil cuantificación en el PIB pero que resultan imprescindibles para la calidad de vida de las ciudades y la costa”.

Son preocupantes los datos que ofrecen en sus aportaciones donde se ha estimado que el 28% de la superficie agrícola mundial se usa para producir alimentos que se pierden o desperdician, con la utilización de 250 Km3 de agua y la generación de 3.300 millones de toneladas de CO2 de gases de efecto invernadero. Entre el 30-50% de los alimentos aptos para el consumo son desechados por no cumplir con las exigencias de las grandes cadenas distribuidoras. Se estima que el desperdicio de recursos supone una disminución en términos económicos equivalente a más de 728 billones de euros al año en el mundo.

Abogan por aplicar criterios de economía circular “dotando de valor a productos, materiales y recursos para mantenerlos económicamente productivos durante el mayor tiempo posible y generando la mínima cantidad de residuos”.

Savia finaliza sus aportaciones animando a actuar con celeridad, diligencia y responsabilidad para que la crisis social y económica derivada de la sanitaria se vea agravada y aparezcan nuevos problemas y, para ello, ponen en valor la esencialidad del sistema y de la cadena de valor agroalimentaria, garantizando la alimentación, la gestión del territorio y la viabilidad de millones de españoles.

Propuestas realizadas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Hemos tenido conocimiento de la consulta previa a la elaboración de un proyecto de Ley por la cual se regule y establezcan las normas básicas para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en España, cuestión que aplaudimos pues España es una referencia en Europa en el sector agroalimentario. Su ubicación geográfica, el clima, la fertilidad del suelo, la diversidad de su orografía, la cultura y el saber de incontables generaciones han logrado que hayamos sido, que sigamos siendo un gran abastecedor de productos agroalimentarios de primera calidad. Como bien sabe, el sector agroalimentario español es pieza angular de nuestro tejido económico y social, además de ser nuestra seña de identidad en todo el mundo.

Así lo reconocen los mercados más exigentes, las incontables distinciones y el reconocimiento y respeto social internacional de los productos españoles y la excelencia de su gastronomía y estilo de vida. Las condiciones de clima y suelo permiten que pocos lugares del mundo reúnan condiciones tan propicias para una excelente calidad de vida y progreso como en España.

En los últimos años se ha realizado un encomiable esfuerzo de mejora y modernización de los sistemas de producción, transformación y comercialización de productos agrarios. La incorporación de la tecnología ha permitido la optimización de los recursos y las técnicas más novedosas y respetuosas con el suelo y el entorno, la producción ecológica nos sitúa como referencia global en este ámbito. España y sus agricultores y ganaderos son vanguardia en la producción y distribución de alimentos de calidad, sabrosos, saludables y respetuosos con los equilibrios y recursos naturales.

Aun así, existen importantes deficiencias y áreas de mejora en nuestra cadena de valor agroalimentaria que requieren ser abordadas en nuestra opinión desde este proyecto de Ley, con una clara vocación de conseguir que en las próximas décadas sigamos siendo el territorio de referencia agroalimentario que a todos nos gustaría. Por ello consideramos importante, y les rogamos que lo valoren como una propuesta, de incluir en esta Ley la optimización y mejora del funcionamiento de nuestra cadena de valor agroalimentario, que fortalezca nuestra gobernanza, que garantice el relevo generacional en el sector primario, la gestión del territorio, la sostenibilidad de los recursos naturales, a la vez que todos los españoles y españolas tengan acceso en condiciones adecuadas a alimentos

de calidad, de cercanía, de temporada, ecológicos. Creemos que esta norma debe abordar la mejora de uno de los sectores más estratégicos para las condiciones de vida, el agroalimentario, que nos permita sentirnos orgullosos del legado que dejaremos a las próximas generaciones.

Siguiendo una línea secuencial en la cadena de valor, la primera área de mejora lo encontramos en el sector primario, donde resulta fundamental garantizar la viabilidad de las pequeñas explotaciones familiares, a las que es necesario reducir las cargas burocráticas a la vez que conseguir que reciban unas rentas dignas por sus productos. En demasiadas ocasiones el claro desequilibrio negociador con los intermediarios les impone unas condiciones contractuales no negociables que hacen que apenas puedan cubrir los costes de producción en la mayor parte de los casos. Además, las condiciones de tipificación de productos hacen que se queden sin recoger o vayan a la basura toneladas de productos por no cumplir patrones de vistosidad, calibre o peso.

Considerar jurídicamente las singularidades y características de las pequeñas explotaciones familiares se hace necesario para ofrecer cobertura legal al que todavía hoy es el medio de vida de miles de familias en nuestro territorio. Para ello resultan necesarios incentivos y políticas fiscales, económicas y de formación específicas. Impulsar la viabilidad y competitividad de proyectos empresariales alejados geográficamente de los nudos industriales y de las grandes ciudades, que resulte atractivo emprender en el medio rural y en las sierras. Tal y como se expone en la consulta previa del proyecto de Ley, "el desperdicio de recursos supone una disminución en términos económicos equivalente a más de 728 billones de euros al año" en el mundo.

Utilizar el sector de producción y transformación agroalimentario para permitir el relevo generacional en el medio rural, favoreciendo la generación de empleo y riqueza, actuando de manera transversal en las políticas de lucha contra el despoblamiento rural y de interior. Logrando un territorio vivo y resiliente que ayude en la mitigación del cambio climático.

Similar situación ocurre, vinculado a esto, en el sector transformador, esto, la industria de transformación agroalimentaria, el segundo gran eslabón de la cadena, en el que se debe trabajar para que se tenga en consideración sus características diferenciadas respecto a la gran industria. En estos momentos, en muchos territorios, se tienen que cumplir los mismos requisitos, licencias, documentación, permisos, una gran quesería industrial que una pequeña empresa familiar que apenas elabore un puñado de piezas al día. Las cargas y requisitos burocráticos se convierten en el muro insalvable para muchos de estos proyectos.

Por ello debe considerarse legalmente, y salvaguardando las imprescindibles medidas sanitarias y de prevención necesarias, las características de las pequeñas industrias transformadoras: queserías, obradores, envasadoras de miel, etc. En el sector

ganadero, supondría un avance importante, la regulación y puesta en funcionamiento de mataderos móviles, salas de despiece, extracción y envasado de miel, etc.

En el sector de la intermediación y comercialización de alimentos, estamos asistiendo a una polarización de la situación que debe hacernos reflexionar. Según datos del propio Ministerio de Consumo, más del 80% de la compra en alimentación de las familias se realiza en las grandes cadenas de distribución (hipermercados, supermercados y discount), porcentaje que sigue creciendo en detrimento de los mercados tradicionales y las tiendas de barrio. En la práctica, el sector del retail alimentario el que está consiguiendo un poder desproporcionado. Un sector que, en la mayor parte de los casos no está asociado al territorio y cuyo objetivo primordial es la rentabilidad económica a corto plazo.

Establecer medidas que reequilibren el peso específico del sector de la distribución alimentaria para evitar abusos propios derivados de situaciones de monopolio encubierto se hacen urgentes, sería el tercer gran eslabón de la cadena agroalimentaria. Son conocidos y notorios los sucesivos casos de dumpin, uso de productos reclamo y competencia en precios, dejando en condiciones de indefensión a los productores, los pequeños industriales y consumidores.

Recuperar y potenciar los mercados tradicionales y las tiendas de barrio y de pueblo que generan empleo y riqueza asociado al territorio, es la mejor manera de poner en práctica la teoría de la velocidad del dinero. Impulsar la venta directa, los mercados periódicos en las plazas, las cooperativas y los grupos de consumo. Los canales cortos de comercialización permiten conectar al consumidor con el territorio, permitiendo a los productores obtener mejores rentas y a los consumidores mejores precios, consumir productos de calidad, de cercanía, de temporada.

La fórmula más eficaz de poner esta idea en práctica es mediante el ejemplo. La administración pública debe realizar sus compras de alimentos para los diversos centros de servicio público (comedores escolares, universidades, hospitales, centros administrativos, residencias, etc.) con criterios de proximidad y sostenibilidad.

Si nos fijamos en la situación de los consumidores, el último gran eslabón de la cadena agroalimentaria, existen importantes motivos para la preocupación. De un lado, una población cada vez peor alimentada y, también, la precaria situación de cada vez más familias que cuentan con escasos ingresos y a los que les cuesta acceder a una alimentación adecuada y equilibrada, situación que sigue agravándose por la crisis económica motivada por el COVID19.

Los alarmantes datos de la exposición del texto de consulta pública revelan que en 2020 el desperdicio total de los hogares españoles se sitúa en alrededor de 25 millones de kg a la semana, que corresponden a casi 1,4 kg por hogar, lo que se traduce en 1.300 millones de kg anuales, cuestión que debe ser atajada a través de

planes de actuación contundentes y medidas que mitiguen estas preocupantes cifras. A estas hay que sumar el consumo extradoméstico que se sitúa en 30,9 millones de kg de desperdicio anual fuera del núcleo doméstico.

La cadena de valor agroalimentaria en sentido amplio puede y debe ser mejorada, el sector primario, además de proveernos de alimentos, permite la generación de toda una serie de bienes comunes que tienen difícil cuantificación en el PIB pero que resultan imprescindibles para la calidad de la vida en las ciudades y la costa. En el último año, se ha evidenciado que resulta crucial contar con un sistema de producción y distribución de alimentos sólido, de cercanía. Mejorar sus procesos, fortalecer y nuestra soberanía alimentaria es sin duda un importante reto.

Debemos, a su vez, dar difusión, establecer campañas de promoción que fomenten el consumo de cercanía, de temporada, de alimentos ecológicos, a la compra de productos saludables ligándolo a un cambio de mentalidad e inculcando nuevos valores sociales a través de la educación.

Hemos comprobado como durante el periodo de crisis sanitaria, el cierre del canal HORECA dejó sin clientes a multitud de productores que han tenido que acelerar su proceso de digitalización y venta online. Tenemos que seguir mejorando en la conexión directa, rápida, cercana, económica entre los pequeños productores y los consumidores.

Los informes y datos disponibles evidencian todas estas circunstancias. La Comisión Europea ha estimado que el 28% de la superficie agrícola mundial (1.400 millones de hectáreas) se usan habitualmente para producir alimentos que se pierden o desperdician, con un volumen total de agua utilizada para este fin de 250 Km3 y una huella de carbono de 3.300 millones de toneladas de equivalente a CO2 de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera al año.

Entre el 30% y el 50% de los alimentos aptos para el consumo humano, son desechados por no cumplir con las exigencias de los contratos de las grandes cadenas distribuidoras, donde el requisito estético, el calibre y los criterios comerciales son prioritarios. Esto se traduce en millones de toneladas de productos que se quedan sin recoger, sin cosechar, sin distribuir, lo que supone un enorme desperdicio y una merma en las rentas de los productores.

Y, también, muchos de los alimentos producidos acaban en la basura. El canal de retail retira de los lineales productos cercanos a su límite de caducidad o consumo preferente. En el ámbito doméstico, después de comprarlo son muchos los alimentos que no llegan al plato debido a la falta de conciencia, planificación de las compras, la falta de conocimiento sobre las técnicas de almacenamiento, la confusión sobre las fechas de caducidad y de consumo preferente, y los formatos de las raciones que pueden adquirirse en los supermercados.

Gran parte de este desaprovechamiento tendría solución aplicando los criterios de economía circular dotando de valor a productos, materiales y recursos para mantenerlos económicamente productivos durante el mayor tiempo posible y generando la mínima cantidad de residuos. La normativa tiene que revisarse y distinguir claramente los subproductos de los residuos.

Apostar por el consumo de productos de temporada y cercanía, con la labor ejemplarizante de la administración pública, creando vínculos y canales, mejorarían la competitividad de los productores y la viabilidad de sus negocios, permitiría que más familias accediesen a este tipo de productos, y la eliminación de intermediarios y procesos logísticos permitiría abaratar los precios finales de consumo y mejorar la renta del sector primario.

De forma paralela, existe una importante y creciente bolsa de personas necesitadas en España, en situación de vulnerabilidad económica, pero sin posibilidad de acceso a una cesta de la compra adecuada.

Las colas en los comedores sociales, de reparto de alimentos, no paran de crecer. Debemos ser capaces de establecer medidas, acciones que permitan que alimentos aptos para el consumo, aunque no sean admitidos por los canales principales de distribución, lleguen a los hogares que más lo necesitan.

España debe mejorar el sector socioeconómico de los alimentos para que: Se garantice la viabilidad y relevo generacional en el sector primario, la conservación del suelo fértil, que se arraigue la gente en el territorio, que se frene el cambio climático, que se fortalezca la gobernanza alimentaria, que los agricultores y ganaderos reciban rentas dignas y justas, que se genere un tejido empresarial de transformación agroalimentaria que genere empleo y riqueza, que todos los españoles tengan acceso a una alimentación de calidad, de cercanía, de temporada, ecológica.

Existen experiencias que demuestran que es posible la puesta en práctica de estas ideas. Existen entidades que, de manera altruista y voluntaria, y con la colaboración de diversas entidades públicas y privadas, recogen productos en el campo que no iban a ser cosechados, después los distribuyen y donan a entidades sociales, disminuyendo el despilfarro de alimentos, las emisiones de C02 y ahorrando millones de litros de agua, además de repartir millones de raciones de comida a familias en situación de necesidad.

La Generalitat Catalana aprobó el pasado año la Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentario, con el afán de resolver estos problemas de "seguridad y soberanía alimentaria". El propio preámbulo de la Ley catalana afirma "El sistema alimentario actual a menudo no considera los alimentos como bienes básicos, sino como mercancías en contextos de relaciones desiguales entre los agentes alimentarios que conducen a una sobreproducción y a la ineficiencia en la asignación de recursos y la fijación de precios. En este contexto, las prácticas

comerciales desleales entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria se han identificado como una de las principales causas de generación de pérdidas y despilfarro alimentarios". Y añade que el despilfarro puede favorecer a la reducción de tierras fértiles disponibles, la pérdida de la diversidad biológica, el exceso de uso de agua potable y energía y el incremento de la generación de residuos, que son una de las causas del cambio climático.

Empezamos a conocer el alcance real de la crisis social y económica derivada del COVID19. Debemos de actuar con celeridad y diligencia, con responsabilidad para evitar que los problemas se agraven y aparezcan otros nuevos. El sistema alimentario es un apartado esencial en España, para garantizar la alimentación, para la gestión del territorio, para la propia viabilidad de millones de españoles.

Por todo ello, y con el ánimo de ser proactivos, solicitamos que estudien estas propuestas, estamos convencidos que son beneficiosas para todos. Quedamos a su disposición para mantener una reunión con su equipo y ayudar en todo lo que esté en nuestra mano.