El 97 por ciento de los compromisos de legislatura del Ministerio del Interior están cumplidos o en proceso de cumplimiento

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El 97 por ciento de los compromisos de legislatura del Ministerio del Interior están cumplidos o en proceso de cumplimiento

La consolidación del mecanismo europeo de cooperación policial o el desarrollo del Sistema Nacional de Protección Civil son algunos de los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior que han experimentado importantes avances o se han visto cumplidos durante el primer semestre de 2021.

El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska lidera 65 de los objetivos de Gobierno para esta legislatura sobre los que este jueves hizo balance su presidente, Pedro Sánchez. De esos 65 compromisos, 36 ya están cumplidos y otros 27 se encuentran en proceso de cumplimiento.

En el primer semestre de este año, Interior tramitó y consiguió la aprobación parlamentaria de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Esta ley orgánica transpone dos directivas comunitarias sobre la materia y es norma básica para consolidar la posición española en el sistema europeo de cooperación policial, imprescindible para asegurar una eficaz respuesta institucional a las crecientes amenazas para la seguridad que representan fenómenos como el terrorismo o el crimen organizado que, en numerosos casos, tienen un fuerte componente transfronterizo.

Por lo que respecta a las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y tras culminar en 2020 el proceso de equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil, cuyos miembros han visto incrementadas sus nóminas en una media de un 20 por ciento, Interior ha mantenido el proceso de recuperación de las plantillas, mermadas en anteriores legislaturas.

La última oferta de empleo público, aprobada el pasado mes de mayo, convocó 4.419 nuevas plazas para Policía Nacional y Guardia Civil, que se suman a las más de 9.400 ofertadas desde 2019.

Entorno seguro

También este semestre ha vivido un fuerte impulso el proceso de consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil. Tras la aprobación del Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM) en diciembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de mayo el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, el primero de estas características en España.

Aprobada esa estrategia, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ya ha puesto en marcha el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) ante el riesgo de maremotos, así como la Comisión Técnica encargada de trasladar las directrices del plan estatal a la normativa autonómica y local.

Además, Interior y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han firmado ya el acuerdo necesario para crear un sistema de alertas públicas (Public Warning System, PWS) que permita enviar, a través de las redes de telefonía móvil, avisos masivos e inmediatos a la población en caso de grandes catástrofes y emergencias inminentes o en curso en todo el territorio español.

Este sistema formará parte de la Red de Alerta Nacional (RAN) de Protección Civil. Así, el Sistema Nacional de Protección Civil contará con una nueva herramienta para la distribución de avisos a la población, que se añade a otros sistemas ya existentes pero que tienen un alcance exclusivamente local.

En esta área, el semestre arrancó con una demostración de fortaleza del Sistema Nacional de Protección Civil, que logró desplegar de manera coordinada y eficiente hasta 48.000 efectivos para paliar los efectos de la borrasca Filomena y la posterior ola de frío que afectó al país el pasado mes de enero.

En materia de seguridad vial, el 11 de mayo entró en vigor la reducción de la velocidad de 30 kilómetros/hora en vías urbanas de un único carril, una norma pionera dentro de la Unión Europea que persigue reducir la siniestralidad en las ciudades y hacerlas más humanas y más sostenibles.

Se culminó así un exhaustivo trabajo normativo liderado durante todo el 2020, por la Dirección General de Tráfico, que en el segundo semestre del año encara el diseño y aprobación de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030.

Este plan estratégico buscará la reducción del número de fallecidos y heridos graves en un 50 por ciento durante la década de vigencia, en consonancia con los objetivos acordados por Naciones Unidas y la Unión Europea.

Ejes estratégicos

Entre los compromisos de Gobierno cuya consecución lidera el Ministerio del Interior, en este primer semestre del año ha experimentado un fuerte avance el trabajo iniciado muchos meses antes para lograr un mayor nivel de cooperación con los países de origen o tránsito de los flujos migratorios.

En este sentido España, a través del Ministerio del Interior, lidera el grupo de países mediterráneos que reclama a la Unión Europea el despliegue de la dimensión exterior de su política migratoria, en especial con los países africanos, para prevenir la inmigración irregular.

En el ámbito penitenciario, el ministerio ha potenciado el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción y la reeducación incluido en el artículo 25.2 de la Constitución con dos programas pioneros a nivel mundial: el programa contra los delitos de odio y el PIDECO para los penados por delitos económicos, que son además una herramienta de prevención de la comisión de nuevos delitos.

Además, y en cumplimiento del Estatuto de la Víctima, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha hecho en este semestre una apuesta decidida por la Justicia restaurativa o reparadora, complemento de la Justicia ordinaria, para la escucha activa de las personas que padecieron el delito. Un proceso que contribuye, además, a la asunción de la responsabilidad por parte de los condenados.

Ejes transversales

Uno de los ejes transversales de la política del Ministerio del Interior es el impulso a las medidas que aseguran la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Uno de los hitos del semestre ha sido la adopción de un paquete de medidas de refuerzo del Sistema Viogén, el mecanismo de protección de las mujeres víctimas de violencia de género, incluidas en el catálogo urgente aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes 26 de julio.

Entre esas medidas destacan el impulso a la entrada en el sistema de los servicios sociales de base y de atención especializada autonómicos y municipales, y la implantación del Protocolo Cero, herramienta dirigida a valorar los testimonios de familiares e integrantes del entorno social de una víctima de maltrato para generar mecanismos policiales de protección adecuados no condicionados a la interposición de denuncia previa.

Junto a la lucha contra la violencia de género, el ministerio ha seguido impulsando la adopción de mecanismos internos de aseguramiento de la igualdad de género. En este sentido destaca la creación en abril de un Departamento de Igualdad en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que vela por el acceso igualitario de reclusas y reclusos a las actividades tratamentales y penitenciarias, y promueve la igualdad efectiva de trato y oportunidades entre el personal penitenciario.

La secretaría general ha promulgado además la primera instrucción contra el acoso sexual, un compromiso de la administración penitenciaria con las políticas de tolerancia cero ante el acoso sexual y ante actitudes ofensivas, discriminatorias o abusivas por razón de género.

Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil creó el pasado mes de marzo la Comisión Permanente de Igualdad y Diversidad, que asume las funciones del anterior Comité para la Igualdad Efectiva de Mujeres y de Hombres del cuerpo e inicia una nueva etapa en la que las cuestiones sobre igualdad y diversidad pasarán a ser objeto de decisión del Consejo de la Guardia Civil.

Entre los 36 compromisos de legislatura ya cumplidos y los 27 que se encuentran en proceso, Interior alcanza una tasa del 97 por ciento de cumplimiento de los que lidera el ministerio.

De esos compromisos, la reforma de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, está a la espera de la futura aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que marcará las líneas fundamentales de la política de la Unión Europea en la materia.

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