El Anteproyecto de Ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia y el Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal dan respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia, uno de los hitos marcados por el Gobierno para este sector.

El Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, ha cumplido con los objetivos marcados y los compromisos adquiridos en su área de trabajo por el Gobierno de España para este periodo.

El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, aprobado el 20 de abril en el Consejo de Ministros, contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.

Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, otro de los objetivos del Ejecutivo, acercando a la ciudanía los servicios públicos independientemente del lugar en el que se habite, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal, también en tramitación, potencia los medios adecuados de solución de controversias (MASC), para aumentar la sostenibilidad, reducir la litigiosidad existente en los tribunales y promover la cohesión social. De esta manera se potencia el papel de la Justicia como motor de desarrollo económico.

Lla Ley de eficiencia digital, prevista para antes de finales de año, culminará el impulso que el Ministerio quiere dar a la Justicia. Propone un sistema orientado al dato, sin mermas de las garantías procesales, y traslada a la Justicia el efecto tractor que está teniendo la tecnología en todos los ámbitos de nuestra sociedad, posicionando a España en un lugar estratégico a nivel internacional.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado ya el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone la transformación integral del proceso penal y se basa en los principios de coherencia institucional y en la armonización con el derecho de la Unión Europea.

Avance del Plan Justicia 2030

Estos proyectos legislativos forman parte del plan Justicia 2030, en el que el Ministerio avanza y cuyos objetivos son consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.

Tras la Conferencia sectorial celebrada en el pasado mes de junio en Tenerife, Justicia 2030 ha dado un paso en la dirección de la cogobernanza. Entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades de Autónomas se han fijado quince proyectos prioritarios de carácter común, que abarcan desde la interoperabilidad digital al diseño de un marco común para los planes de igualdad, situando la transversalidad de género en todas las acciones del Ministerio. La financiación de los proyectos se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como ejes principales la transición ecológica, la digitalización, la igualdad de género y el reto demográfico.

Otros desarrollos legislativos

Además del desarrollo de las tres leyes de eficiencia que constituyen la placa base del plan Justicia 2030 y la LECrim, el Ministerio también ha participado en la elaboración de otros proyectos normativos situados como objetivos dentro del plan del Gobierno.

Así, a propuesta de los ministerios de Igualdad y Justicia, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que tiene como objetivo la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales.

El Anteproyecto contempla la adopción y puesta en marcha de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas competentes, que garanticen la prevención y la sanción de las violencias sexuales, así como el establecimiento de una respuesta integral especializada para mujeres, niñas y niños, como víctimas principales de todas las formas de violencia sexual.

También, a propuesta de los ministerios de Igualdad y Justicia, se ha aprobado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El objetivo de esta ley es desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), erradicando las situaciones de discriminación para asegurar que en España se puede vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad.

Por último, se ha culminado la reforma de las normas civiles y procesales para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, un texto que amplía derechos y da un gran salto hacia una sociedad más justa e igualitaria; y se ha aprobado la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.