La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y su homólogo italiano, Andrea Orlando, se han reunido hoy en Roma para analizar la situación de los trabajadores de plataformas digitales, la igualdad salarial, el Mecanismo de Alerta Social, la situación del tercer sector y la economía social, así como el futuro del mecanismo SURE.

La pandemia y la digitalización han cambiado radicalmente la organización laboral, en particular el trabajo a través de plataformas. El reto del futuro del trabajo es comprender cómo los nuevos modelos de organización impulsados por plataformas, el uso de los algoritmos y la inteligencia artificial pueden crear distorsiones y debilitar los mecanismos de protección.

Para Díaz y Orlando es necesario garantizar el acceso a los instrumentos de protección laboral y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras también en la economía digital, oponiéndose a la pérdida de derechos amparándose en la transformación digital.

La tecnología y la transición digital deben llevarse a cabo de conformidad con los principios del derecho laboral y los valores solidarios que sitúan a las personas en el centro para fomentar la creación de nuevos derechos digitales colectivos, que tengan en cuenta la perspectiva de género, como el derecho a la desconexión.

Para ello, debe reforzarse el papel de los interlocutores sociales y la negociación colectiva, garantizando la transparencia, fiabilidad y rendición de cuentas de la incidencia de los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, en la línea de lo planteado por la innovadora legislación que el Ministerio español ha llevado a cabo.

En este contexto, ambos países otorgan especial relevancia a la propuesta de la Comisión Europea sobre una Directiva centrada en el trabajo en plataformas, prevista para el mes de diciembre.

Los dos gobiernos están igualmente en sintonía acerca de la importancia de la propuesta de Directiva sobre la transparencia e igualdad retributiva. La pandemia ha puesto de relieve, con mayor hincapié si cabe, el largo camino a seguir para lograr una verdadera igualdad de género en el mercado laboral. El derecho a la igualdad real y efectiva de retribución entre mujeres y hombres es un objetivo común, que deberá reforzarse en la nueva Directiva, debatida actualmente en el seno de la Unión Europea.

A pesar de que ambos ministros son conscientes de la necesidad de garantizar el dinamismo a las pequeñas y medianas empresas y de no sobrecargar en exceso el componente administrativo exigido por las normas de transparencia, España e Italia están a favor de promover medidas ambiciosas de transparencia, también para las empresas con menos de 250 empleados.

Asimismo, Díaz y Orlando han expresado la idea conjunta de que, en Europa, la sostenibilidad social no puede subordinarse a la sostenibilidad financiera. No puede haber un equilibrio fiscal duradero que no tenga en cuenta la justicia social, la inclusividad y la protección de los más vulnerables. Recalcaron que se trata de un factor a tener en cuenta en el nuevo esquema de la gobernanza europea.

Ambos países han mostrado sintonía, además, con el futuro del mecanismo SURE, que ha constituido un hito en la respuesta de la Unión Europea a la crisis socioeconómica que todavía estamos viviendo como consecuencia de la pandemia.

Italia y España han sido los principales beneficiarios que ha redundado en una protección más efectiva de las personas trabajadoras, permitiendo al mismo tiempo a las empresas resistir, manteniendo el tejido productivo y el empleo.

Aunque, gracias a la vacunación, los efectos de la pandemia se han visto considerablemente reducido, el mecanismo SURE todavía representa un importante apoyo en la actualidad y también de cara al futuro, por lo que ambos gobiernos coinciden en abogar por convertir en permanente este mecanismo de protección.

España e Italia comparten la misma versión de Europa y, en particular, el profundo deseo de fortalecer la Europa social para responder a los desafíos que plantea la crisis, haciendo realidad los principios incluidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Considerando que el trabajo decente y la protección social deben estar en el corazón de una recuperación justa, España y Bélgica han propuesto en el Consejo EPSCO, con el apoyo de Italia, un nuevo Mecanismo de Alerta Social que, mediante una serie de indicadores, detecte desequilibrios y desajustes sociales de los Estados miembros en materia empleo, igualdad o educación, y que permitirá articular respuestas rápidas para abordar, de forma eficaz, los desequilibrios sociales.

Esta iniciativa parte de la convicción, compartida con Italia de que los indicadores sociales deben tener la misma importancia que las mediciones macroeconómicas, del mismo modo que el Consejo EPSCO ha de tener el mismo peso que el ECOFIN.

Por último, el ministro Orlando ha recordado que en 2022 su cartera asumirá el liderazgo del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo en materia de economía social, a la par que en Italia se está llevando a cabo la reforma del tercer sector. Así, después de España en 2020 y Portugal en 2021, otro país del sur de Europa, Italia, llevará a cabo este ejercicio de transformación.

Italia está desarrollando su programa, empezando por empujar la participación de los seis países de la UE que no han firmado aún la Declaración de Luxemburgo ni las posteriores declaraciones. La atención se centrará en la consolidación de un marco regulador europeo para los agentes de la economía social, la mejora del voluntariado, el desarrollo de nuevas relaciones entre las administraciones públicas y los agentes de la economía social y la medición del impacto social de las actividades económicas. 

La vicepresidenta Díaz ha expresado su reconocimiento por este enfoque, ha ofrecido la plena cooperación de su país y la voluntad de desarrollar, conjuntamente con Italia, el Plan de Acción de la Economía Social que será aprobado por la Comisión Europea antes de que acabe este año.